Fue en el marco del inicio del debate en esa Cámara sobre el recorte de fondos coparticipables de CABA. El oficialismo coqueteó con la idea de que la Ciudad restituya a las provincias “lo que percibió de más”.
Con la presencia de la secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, se inició formalmente este lunes en el Senado el debate en torno al proyecto por el cual se establecerá un monto fijo para ser transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para financiar los gastos que demande la Policía Federal, llevando a su vez al 1,4% el coeficiente de coparticipación para el distrito.
El proyecto establece reducir al 1,4% la coparticipación de CABA, más un monto fijo para la policía que se actualizará anualmente. Dicho monto surgirá de una fórmula que establece el 80% del índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y un 20% por el índice de precios al consumidor. Inicialmente ese monto ha sido calculado en 24.500 millones de pesos.
El debate se desarrolló en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda y fue dirigido por la santafesina María de los Angeles Sacnun, quien al inicio del encuentro contó que habían solicitado por nota a Frente de Todos y Cambiemos (SIC) de manera tal que puedan elevar sendos listados de expositores. “Aún no hemos recepcionado la propuesta”, aclaró la titular de Asuntos Constitucionales, aunque sobre el final del encuentro la cordobesa Laura Rodríguez Machado anunció que ya habían enviado una lista de 14 expositores propuestos por Juntos por el Cambio.
El titular del bloque oficialista, José Mayans, dejó claro al cerrar el debate que la discusión en comisión y el posterior debate en el recinto será un mero trámite, pues el oficialismo volverá a imponer su mayoría. “Nosotros ya estaríamos emitiendo hoy despacho… Esta es una pequeña discusión que es más mediática que importante para el país. Hay cosas que son mucho más importantes. Yo le digo a la presidenta de la comisión que nuestro bloque está en condiciones de acompañar sin ningún retaceo. Si hoy tuviéramos que firmar el despacho, ya estábamos firmando el despacho, porque es muy sencillo el tema”. Y luego confesó que le hubiese gustado que el presidente Alberto Fernández lo llamara para consultarlo su opinión y le hubiera dicho lo mismo sin ninguna duda.
La secretaria Silvina Batakis realizó en el inicio de la reunión una presentación sobre los detalles del proyecto, en cuyo transcurso defendió la medida al calificar de “excesivos” los fondos transferidos a la Ciudad de Buenos Aires a partir del decreto de 2016 firmado por el entonces presidente Mauricio Macri. En ese marco, desde el oficialismo reclamaron un detalle para saber “si se ha pagado de más”.
“Queremos saber las provincias cuánto les correspondería recuperar de esos fondos”, apuntó la senadora Anabel Fernández Sagasti.
En su exposición, Batakis contó que se estaba poniendo a consideración el proyecto de ley que propicia la aprobación de un Convenio de transferencia progresiva de facutladees y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho convenio fue celebrado entre el Estado nacional y CABA el 5 de enero de 2016. La funcionaria del Ministerio del Interior recordó que el convenio fue aprobado por la Legislatura porteña el 18 de enero de 2016, “y contrario a lo que se esperaba, la gestión nacional no envió al Congreso el convenio para la aprobación”, precisó Batakis en referencia a un detalle que varias veces se mencionó a lo largo del extenso debate.
Batakis recordó además que el artículo 75 de la Constitución dice que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, que tiene que estar aprobada por el Congreso y la provincia interesada”. Recordó asimismo que “fueron varios los legisladores que intentaron subsanar esa omisión y se presentaron diversos proyectos de ley”.
La Constitución no solamente exigió que haya una ley, sino que también exigía que hubiera un recurso monetario para poder contemplar esas mayores erogaciones, señaló la funcionaria, que agregó que “lo que la Constitución no establece es cuál es la vía para hacer esa transferencia de recursos. Lo deja para que lo regule el Gobierno nacional, o las partes”.
En el marco de su exposición, Batakis señaló que hasta 2016, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había recibido recursos de coparticipación de los recursos nacionales en el orden del 1,4%, hasta que Macri elevó ese número a 3,75% primero y luego a 3,50%. La diferencia debía ser destinada a la seguridad de la Ciudad, sin que quedara claro “porqué se establecieron esos guarismos. Lo que nosotros quisimos hacer es establecer cuánto es el monto que le corresponde recibir a la Ciudad por aquellos servicios transferidos por la policía”.
Una consulta recurrente que se le hizo a la funcionaria fue la de cómo se haría el traspaso de fondos y cómo sería su actualización. La primera en plantearlo fue la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferro, quien consideró que el presupuesto sobre el cual se había hecho el cálculo para la erogación de fondos para la policía estaba mal, pues era en base al informe preliminar del traspaso de 2016, cuando “hubiera sido mucho más lógico comparar la estructura del gasto y costos de 2015 vs. 2016”.
Martín Lousteau fue el senador opositor más activo durante la reunión, participando en tres rondas de preguntas. Hizo varias veces eje en la comparación con el caso de Tierra del Fuego, a la que casi se le duplicó la coparticipación primaria cuando pasó a ser provincia. “Fue convenio, si no recuerdo mal, nunca hubo ley. En este caso hubo ley, no entiendo porqué se hace un tratamiento distinto”.
Lousteau advirtió que en el proyecto de ley puesto a consideración no se hablaba de ningún automatismo para el traspaso de los fondos. “Este proyecto de ley va a contramano -señaló Lousteau en otro pasaje-. Cuando Tierra del Fuego se transforma en provincia, se le duplica el porcentaje que recibe, mientras que a la Ciudad de Buenos Aires, que percibía el 1,8%, desde 2002 pasó a 1,4%, así que cuando se transforma en una provincia más, baja”.
No vimos ni una sola fundamentación de donde salen los números. Nos gustaría discutir en base a números”, enfatizó el senador Lousteau.
Batakis aclaró que el tema venía siendo conversado entre Nación y CABA desde diciembre pasado, pero las reuniones se terminaron cuando empezó la pandemia. “Veníamos trabajando también en otros temas: un plan de desarrollo que ya habíamos hablado con Horacio Rodríguez Larreta, y la decisión final es informada por el ministro Wado De Pedro, pero veníamos teniendo diálogo, y seguimos teniéndolo”, aseguró Batakis.
La secretaria de Estado aclaró varias veces que “no estamos tratando acá la Ley de Coparticipación, sino se confunden las partes. Lo que estamos tratando no es un cambio en el régimen de Coparticipación Federal. Nuestra Constitución dice que esa transferencia de recursos se haga a través de u na ley y que se dictamine cuáles son los recursos”.
En cuanto a la fuente de financiamiento, Batakis dijo que la forma de actualizacón será trimestral, en base a la metodología de actualización que propuso el Poder Ejecutivo, “pero se puede proponer otra”. Será una asignación presupuestaria del Gobierno nacional, mensual, agregó.
“No estaban de acuerdo”, aclaró Lousteau en referencia a Nación y Ciudad, recordando que en marzo se cortó el diálogo, pero negó también que hubiera habido un trabajo conjunto, y negó también que existiera “un cálculo riguroso”.
Batakis insistió luego en que la participación de los recursos coparticipables “van a ser automáticos en forma diaria. Estábamos de acuerdo con el ministro Mura en que la coparticipación no era el vehículo para transferir los recursos”.
Esteban Bullrich habló de su provincia, Buenos Aires, que fue el disparador para desviar fondos de CABA hacia ese distrito, y lamentó entonces que “estemos apelando una vez más al parche. Ninguna de esas cosas soluciona el problema de la provincia de Buenos Aires. Se le sacan recursos a un distrito opositor, pero no se soluciona el problema de fondo”.
“No solamente se nos anuncia de la noche a la mañana que se nos va a transferir menos plata,, sino que además el mecanismo va a ser distinto que con las demás jurisdicciones, no va a ser automático. Será distinto al giro de otros recursos con las provincias argentinas”, se quejó en otra intervención Martín Lousteau.
Por el oficialismo habló luego Anabel Fernández Sagasti, que intentó darle al tema un contexto. Recordó la manera como Mauricio Macri le proporcionó a CABA fondos adicionales, razón por la cual “muchos senadores e incluso la mayoría de los gobernadores le hicieron un planteo al expresidente respecto de la injusticia que significaba esto. No que tenga que financiarse la policía, sino lo que significaba para el resto de las provincias ese dinero que yo considero que era excesivo y que ahora este proyecto de ley repara”.
La senadora mendocina recordó que “Alberto Fernández dijo en campaña que esto lo iba a solucionar, y lo estamos haciendo”.
A continuación, Fernández Sagasti le pidió a la Oficina de Presupuesto un informe para determinar “cuánto dinero de más le transfirió la Nación por esos 2,5 puntos que hace ya varios años está financiando la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Si se ha pagado de más, queremos saber las provincias cuánto les correspondería recuperar de esos fondos. De cuánta plata de más estamos hablando”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, se mostró dispuesto a pedirle a la Oficina de Presupuesto conocer cuánto le correspondería recibir de la Nación, como pedía la oposición, no sin cierto fastidio. “Estamos hablando de 24.500 millones y le está dando un índice que si bien no es automatico, se le va a dar todos los años. No sale del presupuesto de las provincias, sino de la coparticipación que le toca a la Nación”, dijo.
“No tengo problema en pedir nada. Tengo grandes dudas de si cuando Macri le dio esta masa totalmente desconsiderada de recursos le pidió a la Oficina de Presupuesto que le haga el cálculo”, disparó, para agregar a continuación que “en el último año, 2019, los recursos de origen nacional que percibió la Ciudad de Buenos Aires eran 3,50%. Fueron 84.270 millones; si a eso se le descuenta 1,4%, 33 mil millones, se quedó la Ciudad con 51 mil millones. Me parece un poco excedido para pagar el traspaso”.
“La realidad es que si hiciéramos todos las cuentas, la Ciudad de Buenos Aires tendría que empezar a devolverle al Estado nacional”, sugirió, para concluir: “Le vamos a pedir a la Oficina de Presupuesto, pero también le vamos a pedir cuánto debería devolver el dinero de más que se quedó”.
A su turno, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, señaló que “estamos tratando de resolver un conflicto, el de la provincia de Buenos Aires, generando una quita discrecional a la Ciudad de Buenos Aires, y esa es la diferencia con los momentos anteriores, porque por ejemplo hoy sí se cuestionan los 3,75, o 2 y pico extras que se coparticiparon a la Ciudad de Buenos Aires, pero los años anteriores no se ha dicho nada, porque en la Argentina avanzó en un federalismo de concertación con los pactos fiscales, y lo que vemos aquí es que se intenta avanzar ahora en un federalismo de confrontación. Y hay una gran diferencia entre concertar y confrontar con la propia Ciudad de Buenos Aires, donde no ha concertación, sino imposición”.
Y a propósito de la Oficina de Presupuesto, sugirió que informe “cuánto fue la ayuda discrecional de la Nación a cada una de las provincias argentinas. Yo recuerdo que en 2015 había provincias que no podían pagar sueldos, por ejemplo Santa Cruz. A partir de 2015 también la Nación se tuvo que hacer cargo de un fallo de la Corte Suprema que otorgó la devolución del 15% en concepto de coparticipación de los fondos de la ANSeS”.
La subsecretaria Laura Manin habló a su turno de la necesidad de “corregir un cálculo que para nosotros fue excesivo y fue infundado. Deben obrar los cálculos que se hacen y que fundamentan esos porcentajes. Esos cálculos no están en los expedientes y tampoco existen en el informe de Auditoría de la Ciudad. La inexistencia de un cálculo previo fue puesto de manifiesto por la Auditoría de la Ciudad y es lo que pretendemos corregir. No se pretende conculcar presupuestariamente a otras provincias, sino corregir una cuestión que para nosotros resultaba incorrecta”.
Tras ella, Batakis remarcó que la Ciudad recibió a partir de la determinación adoptada en 2016 “excesivos recursos. Ojalá todas las provincias pudiesen tener la policía de excelencia, la salud de excelencia y la educación de excelencia”, pero aclaró que eso no es posible por cuestiones presupuestarias.
Al cerrar el debate, José Mayans enfatizó que a la Ciudad “le aumentaron de un saque el 170% la coparticipación”, y lo que está haciendo ahora el Gobierno nacional es “recuperar la plenitud de sus recursos. Acá no se está tocando la coparticipación, la Nación dice lo que corresponde es lo que vamos a pagar”.
Esto sabemos que es un pago político: la Ciudad le hizo la campaña a Macri y le paga con la pobreza y la indigencia en muchas provincias”, aseguró Mayans.
“Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque para eso nos eligió la gente. Nosotros le dijimos a la gente que íbamos a tener una distribución más justa”, concluyó el jefe del bloque oficialista.
