En paralelo a Diputados, un plenario de comisiones de la Cámara alta escuchó este miércoles a once especialistas en medioambiente en el marco del debate por la ley que establece presupuestos mínimos para la protección de humedales.

La reunión informativa se realizó en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por Gladys González (Pro), y de Agricultura, Ganadería y Pesca, conducida por Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos).

La primera oradora fue la coordinadora del Área Humedales del Taller Ecologista de Rosario, Laura Prol, quien instó que la normativa “contenga una visión ecocéntrica y consagre los principios de prevención precautorio y de no regresión, los principios in dubio pro natura, in dubio pro aqua, y de interculturalidad”.

“Una ley con enfoque de derechos, operativa, que incluya la diversidad de humedales del país con una moratoria que pueda ser efectivamente implementada y que prohíba actividades contaminantes y destructivas en los humedales y con partidas presupuestarias a la altura del desafío”, pidió.

También solicitó que la futura ley “permita avanzar con el desarrollo de un inventario nacional de humedales y que establezca que a partir de su sanción y promulgación las provincias incorporen los humedales a su ordenamiento territorial”.

Acto seguido, el diputado por Corrientes y exministro de Producción de esa provincia Jorge Vara (UCR) destacó la importancia de la definición de humedales, además de resaltar la importancia de la realización tanto de un inventario como de un ordenamiento territorial.

Por su parte, el exdirector nacional de Gestión del Agua y Ecosistemas Acuáticos Javier García Espil recordó que “estamos hablando de ambientes que sostienen producciones como arroceras, otras agropecuarias, pesca continental y también en algunos casos son importantes sostenes de economías regionales” y que “están sometidos a una enorme presión”.

García Espil consideró “clave” la definición “porque es lo que determina el alcance de la ley” y, en relación a los instrumentos de ordenamiento y evaluación de actividades, dijo que “es importante contar con criterios específicos para los humedales y que habiliten proceso de participación ciudadana”.

En cuanto al financiamiento, sostuvo que “es importante que haya recursos para estas actividades y que los fondos lleguen al destinatario final”.

A continuación, Marco Vermaasen, de la Fundación Humedales, consideró que “tiene que ser una ley que promueva la conservación, en un sentido amplio, de humedales” y que “hay que promover y planificar el desarrollo sostenible asumiendo que la naturaleza tiene ciertos límites”.

“Proponemos que se utilice en los textos de ley la definición adoptada a nivel nacional por las instituciones a través del Ministerio de Ambiente de la Nación que permite diferenciar a los humedales de otros ambientes que no lo son”, añadió, y también pidió “un esquema de gobernanza amplio y equilibrado entre la Nación, las provincias y las comunidades”.

Vermaasen opinó que “es indispensable que exista un consejo participativo como un ámbito consultivo”, así como la realización de estudios de impacto ambiental y el avance del inventario nacional de humedales.

En tanto, el coordinador de Recursos Naturales del INTA, José Volante, apuntó que “los 12 proyectos de ley están enfocados en aproximaciones de ecosistema” y que “ese abordaje es distinto al que INTA viene desarrollando”, que tiene que ver con el “socio-ecosistema” ya que “introduce a los actores sociales en el espacio geográfico y en el territorio”.

“Deberíamos ir a una normativa de ordenamiento integral del territorio donde el enfoque sistémico del socio-ecosistema se aborde para el desarrollo sustentable teniendo en cuenta aspectos de la calidad ambiental, de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, pero también de la salud, de la producción, de la equidad social”, consideró Volante.

A su turno, el miembro de la Comisión Asesora de Innovación Institucional dependiente de la Dirección Nacional de INTA Gerardo Mujica señaló que la ley “va a abordar más de 30 millones de hectáreas del territorio nacional, dependiendo mucho de la definición que se adopte”.

Mujica advirtió que “van a quedar involucradas por la ley siete cadenas agroalimentarias e industriales nacionales y más de una docena de economías regionales, decenas de sistemas productivos agropecuarios basados en la productividad primaria de los humedales y el manejo de agua de riego y de drenaje, de almacenaje y de protección contra inundaciones”.

También recordó que “muchas de estas actividades agropecuarias son sujeto de programas y leyes provinciales y nacionales de fomento agropecuario”, y finalmente afirmó que “el proyecto debería contemplar actividades productivas tradicionales e innovadoras y promover el uso de buenas prácticas”.

“Proponemos incluir planes de asistencia técnica y financiera para los pequeños productores y también que el Fondo de Humedales incluya como destinatario el desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarias para el uso sustentable de humedales”, prosiguió Mujica.

Por último, recomendó “incluir compensaciones y pagos por servicios ambientales para los propietarios de los predios alcanzados por las áreas de preservación”.

El presidente de la Cooperativa Agrícola de Villa Paranacito, José Jacobsen, alertó que “el proyecto, de llevar al rumbo que lleva, nos dejaría marginados, ya que no se tienen en cuenta nuestras actividades productivas, o de hacerlo, sería con tantas limitaciones y burocracia que nos desalentaría a todos, principalmente a los pequeños productores, que seríamos los más afectados”.

En la reunión también expusieron Luis Traba (docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral), Betina Laurenzano (coordinadora de las comisiones de Legislación y de Aguas Subterráneas del COHIFE), Soledad Ferrería y María Paila Ruiz (representantes de la ONG Taller Flotante).