El Senado dio media sanción este jueves, por unanimidad, al proyecto de “ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los integrantes de los tres poderes del Estado, de manera similar a la “ley Micaela” sobre violencia de género.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en Diputados, recibe el nombre de Yolanda Ortiz en homenaje a quien fue la primera mujer en Argentina y en América Latina en ocupar un cargo relacionado con la temática.

Ortiz, quien falleció el año pasado, asumió como secretaria de Ambiente en 1973, en la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. “Es muy valioso darle un reconocimiento a su lucha”, expresó Eugenia Catalfamo (Frente de Todos), autora de uno de los proyectos consensuados.

El proyecto prevé la “capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

Catalfamo mencionó hechos como “la industrialización, la deforestación, la agricultura a gran escala, situaciones que no están alejadas de nuestro país, fenómenos extremos como las sequías, las lluvias persistentes, la contaminación de las aguas o los incendios forestales”.

“Es fundamental promover una verdadera conciencia ambiental, sobre todo en los funcionarios que deben definir las políticas públicas”, subrayó la puntana, y aseguró que esta ley “va a tender un puente entre los tres poderes del Estado y la comunidad científica para fomentar el trabajo en equipo”.

Gladys González (Pro), quien también trabajó en el tema, opinó que “nos debemos un cambio cultural en la agenda ambiental” al igual que en la agenda de género. “Luchamos por los mismos valores: la igualdad, la equidad, la justicia y los derechos humanos, con la misma mirada transversal que debe existir en cualquier lugar del Estado”.

“La ‘ley Yolanda’ no es el punto de llegada, sino el punto de partida, de base, sobre la educación ambiental. Necesitamos conocimiento para garantizar la calidad de nuestras políticas públicas”, manifestó.

Detalles del proyecto

De acuerdo al texto, en los 90 días posteriores a la sanción de la ley, la autoridad de aplicación deberá establecer “los lineamientos generales destinados a las capacitaciones”, para cuya confección deberá convocarse a “instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones”.

Se deberá contemplar, “como mínimo, información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”.

Las máximas autoridades de los organismos serán responsables de garantizar las capacitaciones, mientras que para las máximas autoridades de los tres poderes, la capacitación estará a cargo directamente de la autoridad de aplicación.

“La información comprendida deberá ser clara, precisa y de base científica, y deberá ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde. El material desarrollado por la autoridad de aplicación será de libre disponibilidad, contemplando su difusión y circulación para actividades de capacitación que quisieran replicarse en jurisdicciones públicas provinciales o municipales, así como en otros ámbitos privados de la República Argentina”, indica el proyecto, que invita a las provincias a adherir a la norma.

También dispone que las personas que se nieguen “sin justa causa” a realizar las capacitaciones “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación”, y el incumplimiento de esa intimación “será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”.

Como sanción adicional, la autoridad de aplicación podrá hacer pública la negativa a participar en la capacitación en su página web.