Diputados nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio le exigieron este viernes  a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que suspenda la aplicación del protocolo de ciberpatrullaje en el país, en línea con la recomendación emitida por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en su carácter de autoridad de control de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

“Presentamos un proyecto para exigirle a Frederic que deje de hacer caso omiso a la recomendación de la máxima autoridad de control en materia de protección de datos personales en el país”, afirmó la diputada nacional Karina Banfi, impulsora de la iniciativa, y agregó que “tiene que suspender el protocolo de ciberpatrullaje hasta tanto sea revisado y se adecúe a la normativa vigente”.

El propósito del proyecto de los diputados de la oposición es que el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del protocolo, ajustándose de esta manera a la recomendación efectuada el 23 de julio pasado por la AAIP, luego de que representantes de la autoridad de control participaran de una mesa consultiva para evaluar el protocolo en cuestión.

“El Ministerio de Seguridad a cargo de Frederic ignoró las recomendaciones de distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, sobre los problemas que tiene el protocolo de ciberpatrullaje en lo que respecta a la protección de datos personales”, afirmó la diputada opositora.

Banfi recordó que en abril de este año la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) emitió un comunicado donde “expresó su preocupación por las medidas de ciberpatrullaje digital en Argentina y en Colombia, y señaló que su aplicación podría afectar las libertades fundamentales de las personas”.

Las implicancias negativas del protocolo de “ciberpatrullaje” sobre el derecho a la libertad de expresión fueron advertidas desde un comienzo por expertos en materia de protección de datos personales. Y quedaron en evidencia a partir de numerosos hechos que resultaron en la detención de personas que habían manifestado sus pensamientos y habían ejercido su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales.

A principios de abril, luego de decretado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la ministra de Seguridad asistió a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados y afirmó  que las fuerzas de seguridad realizaban “ciberpatrullaje” en las redes sociales para “detectar el humor social”. A finales del mes de mayo, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 144/20, el “Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas”.