Las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación de la Cámara de Diputados pasaron a un cuarto intermedio, luego que el oficialismo pidiera esperar el aval del ENACOM.
Con el objetivo de garantizar el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet para plataformas educativas y sitios web con finalidad pedagógica, diputados del oficialismo y la oposición consensuaron un proyecto que se debatió este martes en las comisiones de Comunicaciones e Informática y Educación de la Cámara de Diputados.
Si bien parecía acordado que se iba a firmar el dictamen, un pedido del ENACOM, que espera el guiño del Poder Ejecutivo, obligó a un cuarto intermedio a la espera de acordar detalles.
Juntos por el Cambio reclamó que ya se habían llevado a cabo reuniones informativas con representantes del organismo, pero el Frente de Todos insistió en aguardar la respuesta.
El titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro, reveló hacia el final, cuando se encaminaba a la votación, que durante la reunión había conversado con el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, quien le transmitió que “les gustaría antes de dictaminar poder revisar el proyecto”.
“Para que esto pueda avanzar necesitamos tener un acuerdo amplio. No tiene sentido que dictaminemos y luego el proyecto no avance”, agregó el diputado, que afirmó que la próxima reunión podría ser también con la otra comisión a la que tiene giro la iniciativa, la de Presupuesto y Hacienda.
Al comienzo del encuentro, el cordobés Pablo Carro (FdT) sostuvo que “garantizar la gratuidad del tráfico de información de estos sitios es un aspecto clave para poder garantizar el acceso al conocimiento y a todos derechos básicos que están establecidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales, como son los derechos a la educación y a la comunicación”.
En tanto, la entrerriana Blanca Osuna (FdT) señaló que la pandemia trajo aparejado un “impacto negativo” en varios alumnos, en relación a “las dificultades en materia de conectividad”.
En ese sentido, la oficialista aseguró que según “diferentes estudios y encuestas” el problema en el acceso a la conectividad traerá “consecuencias” en “las condiciones personales y futuras de los alumnos”.
Además, celebró que “se deje plasmada la prioridad educativa” a través de una ley.
Por su parte, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) remarcó que la iniciativa tiene “una mirada puesta en intentar eliminar la brecha educativa que quedó en evidencia en esta pandemia, respecto a los temas que tienen que ver con la conectividad y acceso a los dispositivos”.
La macrista destacó que en este debate “no importan las banderas partidarias” y repasó datos del Ministerio de Educación y UNICEF sobre esta realidad. “Hoy, menos de la mitad de los chicos cuenta con acceso fijo de buena calidad a una señal de Internet. Tres de cada diez hogares no tienen acceso fijo a Internet y más de la mitad no cuenta con una computadora liberada para uso educativo”, enumeró.
“Es una responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el acceso”, agregó Morales Gorleri, al tiempo que subrayó que “estas herramientas vinieron para quedarse”.
A su turno, la radical Karina Banfi resaltó la necesidad de abogar por que los programas estimados en el Presupuesto, relacionados a conectividad, “tengan foco en materia educativa”, ya que es una “responsabilidad que tiene que asumir el Estado”.
También exhortó al oficialismo a “pedirle al ENACOM que reglamente el DNU” que declaró a Internet como servicio esencial. “Están en un debate con las empresas, todavía estamos en veremos con esa situación”, apuntó y consideró que las empresas necesitan tener “seguridad jurídica” para poder “contar con ellas en este aporte”.
Durante el debate, el oficialista Itaí Hagman expresó que “la pandemia no hizo otra cosa que visibilizar y profundizar la desigualdad” educativa, por eso “el Estado tiene la obligación de intervenir”. “El acceso a Internet y educación a distancia requiere de políticas públicas”, añadió.
Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá reconoció la “preocupación común” por la problemática, pero manifestó: “Estamos discutiendo un tema tardíamente. Para respuesta estatal, un poquito demorada como mínimo”.
Además, la legisladora opinó que el acceso gratuito debería facilitar “la conexión entre las partes”, en referencia a docentes y alumnos, algo que “muchas veces no se puede dar a través de las plataformas” y, en su mayoría, durante la pandemia se realizó mediante Whatsapp. Y pidió que la aplicación de esta ley se realice “sin ningún tipo de subsidios ni resarcimiento a las empresas”.
Qué prevé la iniciativa
El proyecto tiene como objetivo garantizar “el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet, a través de dispositivos móviles, para plataformas educativas y sitios web con fines pedagógicos del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades, como política de promoción de la igualdad educativa”.
El Poder Ejecutivo, que será la autoridad de aplicación, será el encargado de confeccionar el listado anual de las plataformas y sitios web “en condiciones de igualdad y sin admitir discriminaciones de ningún tipo”. Asimismo, “en consulta con los proveedores de servicios TIC, precisará un protocolo que establezca las condiciones técnicas y de ciberseguridad para una efectiva implementación”.
La iniciativa indica que “en situaciones excepcionales de emergencia nacional sanitaria, o cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, por razones de fuerza mayor”, el Poder Ejecutivo “establecerá programas específicos y concertados con el Ministerio de Educación que garanticen recursos tecnológicos y capacidades de conectividad para estudiantes y docentes que coadyuven a la igualdad educativa con condiciones de calidad”.
Además, se incorpora el artículo 25 bis a la Ley 27.078 (Argentina Digital), estableciendo que “en la aplicación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal se priorizará la implementación de programas de desarrollo de infraestructura que tengan como finalidad asegurar la conexión de las instituciones educativas y las organizaciones sociales o comunitarias, que cuenten con convenios con el Ministerio de Educación de la Nación y/o jurisdiccionales, en especial aquellas que se encuentren en zonas rurales o áreas relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”.
“La autoridad de aplicación (aquí se refiere al ENACOM) fortalecerá el despliegue de puntos de conectividad y recarga de energía para dispositivos móviles, de acceso gratuito, que funcionarán en establecimientos educativos, oficinas públicas, organizaciones sociales o comunitarias, que cuenten con convenios con el Ministerio de Educación de la Nación y/o jurisdiccionales, y/o los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país, privilegiando su financiamiento a través de Programas que utilicen el Fondo Fiduciario de Servicio Universal”, agrega.
