Debido a que la pandemia del Covid 19 fomentó el crecimiento de la telemedicina, la Comisión de Salud de la Legislatura –presidida por la radical Patricia Vischi (UCR-Ev)- continuará este viernes a las 9 con el debate de un proyecto de ley a través del cual buscará establecer las normas básicas que contienen los lineamientos, principios y alcances de los servicios de telemedicina como modo de prestación de los servicios de salud en el distrito capitalino.

La telemedicina es una prestación de servicios de salud a distancia, a través de la utilización de Tecnologías de la Información y de la Comunicación emergentes (TICs), destinadas a la información, atención para prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del estado de los pacientes, así como también a la investigación, educación, formación continuada y evaluación, realizada por  profesionales de salud, con la finalidad principal de facilitar y dinamizar el acceso a la salud, mejorar su calidad, eficiencia e incrementar su cobertura, impulsando con nuevos instrumentos estratégicos la Atención Primaria.

De esta manera, el texto establece que este servicio podrá “ser ofrecidos y prestados por todos los profesionales o equipos requeridos al paciente requirente en forma directa, o bien por medio de interpósita persona que represente al mismo, siempre que se cuente con la autorización expresa del paciente para ello” y prevé que en los “casos en que el tercero actúe por impedimento o incapacidad permanente o transitoria del paciente, sea por razones de edad o estado de salud o bien actúe como responsable en la situación, sin que a tal fin deba acreditar vínculo parental alguno no será necesario el consentimiento manifiesto o expreso del paciente”.

Para garantizar la seguridad de ambas partes -es decir, del profesional de la salud y del paciente- el proyecto exige que exista una “identificación recíproca”, para ello deberán utilizarse siempre herramientas que permitan acreditar fidedignamente la identidad de todas las partes participantes e intervinientes en la comunicación o conexión que garantice la seguridad de ambas partes.

Además plantea que debe “almacenarse la herramienta de información o comunicación utilizada en cada servicio de telemedicina prestado durante la comunicación o conexión y una vez concluida la misma” y sostiene que el profesional siempre deberá dejar almacenada y guardada toda la información relativa al paciente, así como toda su actuación, atención y servicio prestado, entendiendo incluidos los datos personales y clínicos completos, consentimientos informados y acciones.

En cuanto a la seguridad, el proyecto de ley -que lleva la firma de Ana María Bou Pérez y Claudio Romero (VJ)- establece que deben tomarse las máximas medidas de precaución técnicas para que la información resida en el repositorio de datos donde está almacenada en forma segura y  protegida de cualquier ataque externo, y asimismo se obtenga de manera rápida y accesible. Siempre debe encontrarse garantizada su integridad, autenticidad y confiabilidad y exactitud.

Sin perjuicio de las obligaciones de los profesionales o equipos de salud establecidas en los incisos anteriores, se establece que en caso de existir dificultades, desperfectos tecnológicos o cualquier cuestión técnica o relativa a la conexión en la comunicación o sistema de información utilizado en la prestación, externo y ajeno al profesional, y que le impida según su exclusivo criterio desarrollar su tarea o mantener una comunicación acorde, este no incurrirá en responsabilidad profesional ni legal de ninguna índole por no dar curso o no proseguir con el proceso virtual.