Tal como se prometiera desde el año pasado, cuando estalló el caso de Facundo Astudillo Castro, el oficialismo impulsará una iniciativa para prevenir y erradicar estos casos. Habrá presentación oficial este martes, con un acto en formato virtual.
Los diputados oficialistas Paula Penacca, Hugo Yasky y Leonardo Grosso encabezarán la presentación de un proyecto de ley que tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia institucional.
El acto, que se realizará este martes a partir de las 18, contará con la participación de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil; y familiares de víctimas de gatillo fácil.
Según establece la iniciativa, el propósito es “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.
Además, el proyecto indica pautas concretas de acción frente a las denuncias, con el objetivo de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz. Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; y establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
“Se trata de un proyecto que construimos colectivamente, que cuenta con la participación y con los aportes de los distintos actores involucrados. El debate fue profundo y tenemos la decisión política de erradicar la violencia institucional”, sostuvo la diputada Paula Penacca, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.
La kirchnerista apuntó contra la gestión anterior: “Durante los cuatro años de macrismo se construyeron discursos de odio, y se alentó y legitimó el abuso policial desde las más altas esferas del gobierno sin importar el costo profundo que eso tiene para sus víctimas y para la construcción de fuerzas de seguridad democráticas”.
“Esta es una ley coherente con los ideales de nuestro proyecto político: defender los derechos humanos, no con fines electoralistas o desestabilizadores, sino porque sabemos que es la única forma de proteger la vida de nuestro pueblo”, agregó.
Por su parte, el diputado Leonardo Grosso remarcó que “en los últimos años se profundizaron los casos de violencia institucional porque el gobierno de (Mauricio) Macri, de la mano de Patricia Bullrich, tuvo una política de criminalización y de represión social. Es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la justicia y ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones”.
Finalmente, Hugo Yasky, titular de la Comisión de Derechos Humanos, consideró: “Como representantes del pueblo no podemos ser meros opinadores sobre la violencia institucional, ni banalizar un tema que es deuda de la democracia con oportunismo electoral. Debemos dotar al Estado y a la sociedad de las herramientas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Ese es el sentido de este proyecto de ley”.
