Una nueva disposición del gobierno formoseño encendió luces de alarma en la oposición: el diputado nacional de la UCR Mario Arce fue obligado a realizar aislamiento obligatorio por 14 días al ingresar a la provincia de Formosa a pesar de estar exceptuado y contar con hisopado negativo, lo que motivó al radicalismo a presentar un recurso de habeas corpus.

Arce participó presencialmente de la sesión del 11 de febrero en la Cámara baja y dos días después, al regresar a su provincia, fue obligado a realizar la cuarentena en su domicilio a pesar de que, según informaron fuentes del bloque, “ya lleva cuatro hisopados con resultado negativo y ha cumplido con todos los protocolos sanitarios”.

A raíz de esta situación, presentaron una acción de habeas corpus los líderes parlamentarios de la UCR, Mario Negri  y Luis Naidenoff, junto al titular del partido, Alfredo Cornejo, y el presidente del Comité provincial, Martin Hernández, con el patrocinio letrado de Ricardo Gil Lavedra, Juan Montoya, y Gustavo Menna.

Los dirigentes remarcaron que el artículo 6 del DNU 297/20 indica que “quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia”, tales como los representantes del Congreso Nacional.

También citan, en el mismo sentido, el decreto provincial 100/20, en su artículo 5, punto 25, que se interpreta de manera conjunta con la citada norma nacional.

“Estamos dando la batalla donde hay que dar y a los abusos le respondemos con acciones concretas. Buscamos sentar una nueva jurisprudencia que pueda ser utilizada por cualquiera de los 640.000 formoseños. El camino es la Justicia y si es necesario llegaremos hasta las últimas consecuencias recurriendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y organismos internacionales”, señaló Arce.

Asimismo, informó que se presentaron pruebas ante el Juzgado Federal sobre situaciones donde el propio gobernador Gildo Insfrán, su vice, Eber Solis, y otros funcionarios “se valen del decreto nacional y provincial para salir y entrar a la provincia sin problemas, pero cuando lo hacen opositores hay una intencionalidad política de imponer órdenes y restricciones que no tienen un fundamento legal, siendo que las normas se aplican para todos por igual sin distinguir el color político”.

El juzgado competente ya solicitó a la provincia que informe sobre esta situación, y en breve se fijará una audiencia para resolver el caso, adelantó el diputado Arce.