Diputadas nacionales y legisladores porteños del Frente de Todos participaron de un encuentro virtual con vecinos, organizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) para analizar el mapa de delito de CABA y la necesidad de mejorar esa información para el desarrollo de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los porteños y porteñas.

Estuvieron presentes en la presentación del informe las diputadas nacionales Gisela Marziotta y Paula Penacca, junto a legisladores porteños, Claudia Neira y Matías Barroetaveña y el coordinador de Seguridad del Centro de Estudios Metropolitanos, Pedro Rozenwurcel. La consigna del encuentro fue: “Mapa participativo del delito en la ciudad. Aspectos, técnicos, jurídicos y políticos”.

Marziotta señaló que “en la Ciudad la gente tiene miedo de salir de noche, el miedo a la inseguridad no reconoce barrios. No obstante se puede observar que ciertos sectores de la ciudad con áreas calientes se mantienen constantes a lo largo del tiempo, donde se concentraron los robos, siempre es en los mismos lugares. Los datos oficiales son viejos, del 2019 y solo toma ciertos delitos. Entonces ¿cuál es la funcionalidad del mapa?”.

“Aun cuando la Ciudad de Buenos Aires desde 2016 cuenta con un presupuesto ampliado y es una de las jurisdicciones con más efectivos policiales por habitante del mundo, la información y estadísticas es muy incompleta”.

En ese marco, los legisladores pusieron énfasis en expresar “lo que hoy no muestra el mapa del delito de la Ciudad”, a saber:

1)            Solo publican datos de delitos contra la propiedad, homicidios y lesiones en siniestros viales, ocultando, de esta manera, las violencias de género, los abusos sexuales, las lesiones dolosas, y delitos tales como los apremios ilegales y torturas perpetrados por la institución policial.

“La priorización de determinados delitos contra la propiedad denota un desinterés por otros delitos que diariamente se cobran vidas de mujeres, miembros del colectivo LGBTI+, niños, niñas, adolescentes tales como los delitos contra la integridad sexual y contra las personas en general”, expresaron.

2)            La información no se publica con la periodicidad necesaria: el último dato disponible es de diciembre de 2019. Los pocos delitos de los que hay datos se desagregan según la localización del incidente (por barrio y comuna), pero no es posible distinguir víctimas e imputados según género o grupo etario, ni contar con información acerca de las circunstancias de los hechos.

2)            En cuanto a la tasa de denuncia: los datos del último estudio del Observatorio Gente en Movimiento -realizado en el mes de agosto del 2020- permiten determinar que sólo uno de cada tres delitos es denunciado en la Ciudad de Buenos Aires: del total de información que provee la encuesta realizada, el 26% de los delitos se denuncian en comisarías, y un 11% se denuncian a través del 911. Además de esta ‘cifra negra’ de delitos no denunciados, es necesario destacar que en muchas ocasiones aún cuando los vecinos se acercan a realizar la denuncia, la policía desestima o desalienta la denuncia con algunas prácticas tristemente habituales (entre las más comunes, está el hábito de no registrar la denuncia alegando que no es la comisaría en la que se debe radicar). Todo esto permite confirmar la baja representatividad de los datos publicados para explicar el fenómeno delictivo en la CABA y la pertinencia de pensar en un mapa participativo como herramienta complementaria.

Propuesta opositora

Por lo expuesto, desde la oposición consideran necesario “pensar en un mapa del delito para la CABA que, en contraste con las limitaciones graves que tiene el de la actual gestión”. En ese sentido sugieren que ese mapa tenga las siguientes características:

1)            Que cuente con información actualizada.

2)            Que presente toda la información relevante: es necesario que se publique información al menos sobre los delitos que cuentan con una relevancia particular: los principales delitos contra las personas (homicidios dolosos y lesiones dolosas), contra la integridad sexual (abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal), contra la libertad (amenazas, privación ilegítima de la libertad), contra la propiedad (robos y hurtos), etc.

3)            Que brinde información desagregada: conocer en qué circunstancias ocurren los delitos y las situaciones de violencia permite diseñar y evaluar políticas ajustadas a los fenómenos realmente existentes: conocer información estadística sobre las víctimas y los imputados (género, grupo etario, pertenencia o no a una fuerza de seguridad, qué vínculo existe entre ellos) permite comprender más cabalmente cuáles son las lógicas que subyacen a las dinámicas delictivas e intervenir de forma más adecuada.

4)            Que se encuentre contextualizado: la información estadística debe analizarse teniendo en cuenta una serie de pautas contextuales sin las cuales los datos no aportan demasiado. Por ejemplo: la incorporación de valores expresados en tasas además de en términos absolutos permiten dimensionar los valores presentados, además de habilitar la comparación con otras jurisdicciones; la inclusión de una serie histórica permite ver la progresión de un fenómeno y su comportamiento a lo largo de los años; el dato acerca de la tasa de denuncia permite comprender la incidencia de la llamada ‘cifra negra’ para un tipo delictual particular; etc.

5)            Que contemple otras fuentes de información: el cruce de información con otras fuentes para completar y complementar la información presentada es fundamental para que la estadística que se publica sea lo más completa posible. En particular, esto involucraría -por ejemplo- incorporar los datos que provienen de denuncias al 911 que constituyen una porción relevante del universo total de delitos que se denuncian (con las salvedades del caso y las limitaciones y potencialidades de este tipo de sistema de emergencia), e incorporar la información que provee el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) en relación a lo relevado por las Fuerzas Federales de Seguridad en el territorio de la CABA. Por su parte, las encuestas de victimización y percepción de seguridad también constituyen un insumo importante que permiten determinar la tasa de denuncia de cada tipo de delito o incidente, determinar los niveles de victimización y la percepción de seguridad de la ciudadanía. En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 2.593 contempla la realización de Encuestas de Victimización para abastecer al Sistema de información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia (SIPREC), si bien esta encuesta no se realiza desde el año 2010.

6)            Que sea participativo: el acceso a la información, y la participación y colaboración en su confección se consideran como fases sucesivas, recurrentes e interdependientes en los procesos de involucramiento y empoderamiento cívico. El acceso y aprovechamiento de los datos por parte de la sociedad como estrategia central de un esquema de gobierno abierto puede dar origen a usos innovadores de la información y a servicios que las instituciones del Estado no tienen capacidad ni obligación de proporcionar

Además, la creación de un canal a través del cual la ciudadanía pueda expresar su voz y sumar información respecto a estas temáticas podría aprovecharse como una oportunidad para generar espacios de evaluación y auditoría ciudadana respecto del accionar de las instituciones y, en particular, de las fuerzas de seguridad. Esto sería particularmente útil, no sólo para evaluar el accionar policial y la confianza de la población en las instituciones de seguridad, sino también para visibilizar problemáticas delictivas que tienden a ser invisibilizadas por las lógicas propias del engranaje policial, como la violencia institucional y la violencia de género, expresan.

Sostienen que “incrementar la transparencia, los mecanismos de rendición de cuentas, recuperando la “voz” de la ciudadanía, resulta central para mejorar nuestras instituciones en general y, en este proceso, la institución policial no puede ser una excepción, siendo necesario trabajar fuertemente para abandonar determinadas prácticas permeadas por la corrupción y las lógicas patriarcales que se siguen cobrando las vidas de las mujeres, niños y niñas y comunidad LGBTI+”.