Con el aval de todos los bloques recibió dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados el proyecto de ley que busca suspender dos causales de caducidad de los partidos políticos, que no pudieron cumplir con los requisitos legales a causa de la pandemia, de modo que todos puedan participar este año del proceso electoral.

En primer lugar, el presidente de la comisión, el pampeano Hernán Pérez Araujo (FdT), detalló los puntos del proyecto de ley, y resaltó que “el tiempo es oportuno, atento al proceso electoral que se viene” y a “garantizar la participación de todos los sectores políticos, los grandes y pequeños; y garantizar la oferta electoral a la ciudadanía”.

Por su parte, el chubutense Gustavo Mena (UCR) señaló que “estamos ante un proyecto de ley de emergencia”, y eso “demuestra que las emergencias no están por arriba de la Constitución”. Más allá de que se trata de una materia vedada al Poder Ejecutivo, y por eso se debate la iniciativa en el Parlamento, el radical consideró que “el ejemplo vale”.

En ese sentido, criticó la “catarata de decretos” firmados por el presidente Alberto Fernández, que alcanza los 96 DNU, cuando “el Congreso está funcionando”. También, el legislador cuestionó la inactividad de la Bicameral de Trámite Legislativo y aprovechó para reclamar que “no hay rendición de cuentas” por parte del Gobierno, ya que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, “se ha tomado por costumbre vulnerar el artículo 101 de la Constitución” sobre su asistencia a ambas cámaras.

“No hay objeciones formales y de fondo para realizarle al proyecto”, sostuvo Graciela Camaño (Consenso Federal), que aseguró que la iniciativa “procura ofrecer una solución más que adecuada para el proceso electoral que vamos a atravesar”. “Las razones de oportunidad, mérito y conveniencia son las que nos llevan a apoyar el proyecto”, completó la bonaerense.

A su turno, la legisladora Silvia Lospennato (Pro) coincidió que “frente a un nuevo proceso electoral es muy importante que todos los partidos tengan las garantías”. Pero advirtió que “con esto claramente no alcanza para organizar el proceso electoral de este año”.

“En los próximos meses está comisión debería estar muy activa para acompañar el proceso electoral y, probablemente, sea necesario realizar ajustes a nuestra normativa electoral, que solamente la podemos realizar por la vía legislativa”, apuntó.

Sobre ello, la bonaerense consideró: “Vamos a tener que resolver sobre la esencialidad de quienes formamos parte de las organizaciones políticas y vamos a tener que desarrollar actividades durante la pandemia, para que en ningún caso puedan ser restringidas por otros poderes del Estado, poniendo en riesgo la legitimidad del proceso electoral”.

“Algunas cosas las va a poder resolver la justicia electoral, pero otras van a necesitar de un cambio normativo”, anticipó y ejemplificó que “al momento de firmar una alianza, esa firma va a requerir que muchas personas se encuentren en un lugar cerrado, probablemente más de diez personas, y hoy no se podría realizar cumpliendo la normativa”, o también “el desplazamiento de militantes, fiscales; la apertura de los locales partidarios para el reparto de boletas”.

En la reunión también habló el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien destacó que el proyecto apunta a “garantizar la mayor participación en el proceso electoral de este año”. “Los partidos políticos para toda la doctrina son instrumentos indispensables de las democracias liberales”, agregó.

La diputada Carla Carrizo (UCR) opinó que además de las garantías a los partidos, “tenemos que garantizar el derecho a los votantes” y, sobre todo, de los residentes argentinos en el exterior, por lo que reclamó volver al voto por correo postal -que el Gobierno derogó-.

“Esta es una ley de blanqueo, estamos blanqueando a los partidos por no haber cumplido con la ley, obviamente en un marco en que era difícil ese cumplimiento”, expresó, pero alertó que “estamos blanqueando el dinero” destinado a las capacitaciones que no se pudieron realizar.

La porteña indicó que en los 652 partidos de distritos y 44 partidos nacionales se invierten en capacitaciones “52 millones, multiplicado por dos -entre la suma de los años 2020 y 2021-, son 104 millones”. “Cuando el dinero falta, la política tiene que rendir cuentas. Esa información de quienes cumplieron y quienes no debería estar”, añadió.

En el tramo final, la mendocina Marisa Uceda (FdT) opinó que “es una ley que viene en coche, viene con consenso del Senado”. “Es una ley que permite garantizar la vigencia y la representatividad que implican los partidos políticos, porque es una obligación también del Estado Nacional”, manifestó.

Y recogió el guante sobre la crítica que Mena realizó al Gobierno: “No estamos gobernando por decreto. Se está intentando solucionar situaciones de emergencia de una pandemia, única, con las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo”.

“Gobernar por decreto es pretender nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, o intentar modificar una ley como fue la Ley de Riesgos por decreto. Eso es intentar gobernar por decreto”, reprochó, en referencia a los actos de la gestión macrista. “Cuando se está reclamando el voto de los extranjeros, eso sí fue por decreto, en clara violación del artículo 77 de la Constitución”, sumó la oficialista.

Por último, el diputado Jorge Enríquez (Pro) acusó al Poder Ejecutivo de haber generado en 2020 una situación en la que “fue muy difícil o prácticamente imposible que los partidos políticos pudieran renovar sus autoridades normalmente”.

“Por un lado, es necesario distinguir este caso de otros en donde pudiera invocarse la pandemia como excusa para modificar las reglas del proceso electoral, justamente en el año que se celebran las elecciones. Por otro lado, todos ustedes saben que desde Juntos por el Cambio hemos expresado hace unos días que solo vamos a aceptar, sujeta a ciertas condiciones, la postergación por un mes de las PASO solicitada por el oficialismo”, subrayó.

El proyecto apunta a suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el mínimo de afiliaciones, producto de la pandemia de Covid-19.

A partir de una incorporación en el Senado, la iniciativa exceptúa de esta normativa a aquellos partidos con elecciones internas en trámite.
Además, el proyecto establece que el dinero no ejecutado en 2020 en materia de capacitaciones que no se pudieron llevar adelante, será reservado para el ejercicio 2021, y se suspenderán las sanciones por el no desarrollo de esos cursos.

Sin fecha a la vista para una reunión con “Wado” de Pedro

Pese a que se presumía que este viernes el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, participaría de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para arrancar con el debate de la postergación de las elecciones, tema sobre el cual no hay formalmente un proyecto presentado, sino el borrador que circuló desde el Gobierno, Pérez Araujo dijo no tener información sobre cuándo podría darse el encuentro.

Consultó sobre el rumor de la reunión el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, a lo que el presidente de la comisión respondió: “Hoy lo hablé con el vicepresidente de la comisión, el diputado Gustavo Mena, no tenemos ningún tipo de noticia al respecto”. Y agregó que tampoco conoce el proyecto oficial, sino que “la única información que tenemos es la reunión que tuvo el ministro con la Cámara Nacional Electoral”.