El Gobierno se vio envuelto en un vodevil en el área económica, que dejó muy desairado a Martín Guzmán y ni qué decir del presidente, quien a su vez pide una ley para tener más facultades, pero puertas adentro no puede sostener ni desplazar funcionarios.
Por José Angel Di Mauro
El Gobierno tiene que lidiar con una pandemia inédita. Es lo que le tocó, a no quejarse… El problema es cómo gestiona esta crisis sanitaria, pero la cuestión es que ya tiene suficientes problemas con la pandemia como para tener que sumar además el fuego amigo.
Ya ha tenido varios episodios en ese sentido, y en todos tuvo que ceder el presidente. Hasta el viernes pasado, en el que una guerra sorda que se libraba desde hacía tiempo en la Secretaría de Energía estalló de manera descarnada, desatando tal vez la crisis interna más grave en lo que Alberto Fernández lleva de mandato. Ese día chocaron de frente las dos corrientes principales de la alianza gobernante y el desenlace tiene aún final abierto.
Recordemos que esa cartera estuvo sometida a tironeos desde el principio de esta gestión. Arrancó al frente de la secretaría Sergio Lanziani, un misionero que respondía al hombre fuerte de esa provincia, Carlos Rovira, y se interpretó su designación como una señal del presidente a los gobernadores, a los que siempre dijo que en ellos se iba a apoyar, en una suerte de “cogobierno”. A esta altura se sabe que ese cogobierno nunca funcionó, pero menos lo hizo Lanziani, que fue el primer funcionario eyectado del cargo.
Siendo Energía un área de particular interés para el cristinismo, el modelo de parcelas implementado en la gestión fernandista mostraba al misionero rodeado de gente que le respondía a la vicepresidenta, como el subsecretario Federico Basualdo y el interventor del ENARGAS, Federico Bernal. Como ha sucedido en otras áreas, la salida de Lanziani fue cubierta por un kirchnerista puro, el neuquino Darío Martínez.
La puja entre Energía y el Palacio de Hacienda se dio por las tarifas. El ministro de Economía, Martín Guzmán quiere implementar dos aumentos en el año, para compensar un poco el déficit achicando subsidios. En esa materia fue la propia vicepresidenta Cristina Kirchner la que se expresó de manera concluyente y contraria, cuando en un acto en La Plata para celebrar el aniversario de la gobernación de Axel Kicillof habló de la necesidad de alinear “salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”. Para ella las tarifas no deben ser tocadas en un año electoral. A lo sumo, acepta un solo aumento, pero no de dos dígitos.
El viernes desde el Palacio de Hacienda parecieron patear el tablero, al anunciar que las tarifas eléctricas subirían un 9%, en lo que representaría el primero de los dos aumentos que habría a lo largo del año. Pero no solo eso dejaron saber desde cercanías de Martín Guzmán: también anunciaron el despido del subsecretario Federico Basualdo, un cristinista puro que sostenía la postura tarifaria de la vicepresidenta.
El clima se enrareció cuando voceros cristinistas salieron al cruce de la información, aclarando que nadie le había pedido la renuncia a Basualdo y el tema quedó abierto e irresuelto al comenzar el fin de semana. Hubo en el ínterin -según trascendió- una reunión del subsecretario “rebelde” con la vicepresidenta; toda una señal hacia Alberto Fernández, quien durante su gestión ha tragado más de un sapo, pero esta instancia lo puso en una situación más que incómoda. Con su autoridad puesta en duda como nunca.
Peor quedó Martín Guzmán, que ya viene siendo condicionado por el ala dura en la negociación con el Fondo, pero cuya estabilidad se haría insostenible si Basualdo -al que en el Palacio de Hacienda calificaron de “inoperante”- es mantenido en el cargo.
El viernes desde la Rosada se insistía en que la salida de Basualdo era un hecho y en el suplemento del Boletín Oficial publicado al filo de la medianoche del viernes se confirmó el aumento del 9% a las tarifas de Edenor y Edesur. Fuentes consultadas por este medio el fin de semana sugirieron que se habría puesto paños fríos, y que Basualdo se quedaría “un tiempo más”. La suba tarifaria sería una señal de compensación. En ese caso, habrá que ver si hay un segundo aumento en lo que resta del año, o termina prevaleciendo la postura de la mujer fuerte del Gobierno.
La postura de Economía se asienta meramente en los números. Las cuentas públicas necesitan ser ajustadas y los subsidios por tarifas insumen 65 mil millones de pesos cada mes. “Cuatro veces el gasto de la AUH”, cuantificó el economista Martín Tetaz. Está claro que la decisión de CFK de no aumentar las tarifas -en un año electoral- tiene que ver con su consecuencia inflacionaria. Pero lo que el equipo de Guzmán habría sopesado es que el freno a la economía consecuencia de las restricciones por la segunda ola de la pandemia paralelamente ralentizaría como el año pasado la carrera de los precios. Eso podría compensar en materia inflacionaria el aumento de tarifas.
Además, el ministro sabe que tarde o temprano deberá pagar alguna compensación, tipo IFE, para los sectores perjudicados por el cierre de la economía, que tal como anticipamos aquí ha sido extendido más allá de las dos semanas originales.
Las discusiones en torno a la magnitud del cierre consumieron buena parte de la última semana y concluyeron con el presidente grabando un cuidado discurso el jueves por la noche, que fue difundido a la mañana siguiente. Un horario inédito para este tipo de anuncios, en el que profundizó algunas de las medidas de hace dos semanas y ratificó las que provocaron un serio enfrentamiento entre Nación y CABA, que volvió a darle protagonismo estelar a quien sigue perfilándose como el principal rival para 2023. Horacio Rodríguez Larreta ya habla como tal; en un tono mesurado pero firme, en la tarde del viernes se manifestó “convencido de que la mejor manera de trabajar es en forma conjunta: buscando el diálogo y el consenso -dijo-. Es mi convicción del primer día y siempre va a seguir siendo así. Tanto para enfrentar esta difícil situación, como para sacar a la Argentina adelante”. Esta última frase hizo bastante ruido en Olivos.
Contra lo que se esperaba, el pleito no fue resuelto el viernes por la Corte Suprema. Dicen que hubo una advertencia de la vicepresidenta hacia los cortesanos, transmitida por un contacto entre las partes.
Como sea, en la Rosada esperaban el viernes un fallo adverso respecto de la pulseada de Nación con CABA por la presencialidad en las clases. Un fallo en ese sentido llegó ese día, pero no desde la Corte, sino de la Cámara del Crimen, que ante un hábeas corpus presentado por vecinos porteños consideró abusivo el uso de los DNU por parte del presidente y pidió al Ejecutivo y al Congreso consensuar una ley para gestionar la pandemia. Les fijó incluso un plazo de 15 días a ambos poderes para ponerse de acuerdo en ese sentido.
Los jueces de ese órgano se habían hecho eco del anuncio hecho en la mañana por el presidente Fernández respecto del envío de un proyecto de ley para tener más facultades en el marco de la pandemia.
De ese proyecto anunciado por Alberto Fernández el viernes no se sabe nada más que lo que dijo: “En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que, en función de criterios científicos, claros y precisos, se faculte al presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”. Fue en el final de su discurso y puso en guardia a la oposición, fundamentalmente a Juntos por el Cambio, que ya viene sospechando desde que no se restableció el diálogo con Eduardo “Wado” De Pedro sobre la postergación de las elecciones. Desde que se mostraron abiertos a aceptar una prórroga de un mes en ambos convites electorales, condicionándolo a una “cláusula cerrojo”, no hubo más contactos. Y contrariamente a lo que había trascendido, el viernes el ministro del Interior no fue al Congreso para retomar el diálogo sobre el tema. Por el contrario, desde esa cartera aclararon que debe ser el Congreso el que defina la modificación del calendario electoral, y que el Ejecutivo no mandará un proyecto, a pesar de que días pasados había trascendido un borrador del mismo. Mientras más voces oficialistas y algunas de la oposición insisten con la suspensión de las PASO, el tiempo corre y el 10 de mayo el Ejecutivo debería convocar por decreto a las primarias.
El diputado del Pro Pablo Torello blanqueó las dudas que imperan en ese sector a través de un tuit en el que hizo referencia a que Wado De Pedro “no vino al Congreso con el proyecto prometido para posponer elecciones; el presidente envía proyecto de ley pidiendo delegación de facultades. No quisiera pensar que estas dos cuestiones tienen como fin empezar a clausurar la democracia en Argentina”.
En ese sentido fue que más de uno se preguntaba este fin de semana si las facultades extraordinarias pedidas por el presidente para enfrentar la pandemia no podrían llegar a incluir la posibilidad de suspender directamente las elecciones por decreto.
