Durante una reunión presencial que se llevó a cabo en el Anexo “C” de la Cámara de Diputados, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendieron este lunes ante la Comisión de Legislación del Trabajo el proyecto de ley que promueve la creación de “Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo”.

En primer lugar, Moroni señaló que “Argentina tiene una larga tradición en reparación de los accidentes de trabajo”, pero “en lo que no ha habido mucho avance es en el tema de la prevención”. “La implementación de criterios que ayuden a tener un ambiente sano de trabajo no han tenido, salvo algunas excepciones, políticas muy eficaces”, continuó.

El funcionario recordó que provincias como Buenos Aires y Santa Fe tienen leyes similares a la que se presenta, “hay empresas que han avanzado y otras no tanto, hay un grado de implementación heterogénea”, por lo que consideraron desde el Gobierno la necesidad de tener “una norma general para todo el país”.

“Generar un ambiente sano de trabajo no requiere solamente las normas de prevención, sino un mecanismo dentro de la empresa”, apuntó, en referencia a la creación de los comités, y ponderó que en la tradición de la relación entre empleadores y trabajadores el país tiene “muy incorporada” la instancia paritaria.

En ese sentido, el titular de la cartera laboral resaltó que “Argentina durante el peor año de su historia económica, que fue el año pasado, mantuvo vigente las negociaciones paritarias y la verdad que el nivel de conflictividad fue bajísimo”. “Hemos tenido un muy bajo nivel de contagios de Covid en los lugares de trabajo gracias al trabajo paritario”, agregó.

Y sostuvo que los protocolos Covid “casi todos fueron realizados en modo conjunto entre sindicatos, trabajadores, y en algunos casos con participación del Estado”.

Por eso, insistió que para la política de prevención de accidentes de trabajo “el mejor método es el método con el que manejamos gran parte de las relaciones laborales en Argentina, que es la negociación paritaria”.

Además, Moroni subrayó que a través de distintos convenios y recomendaciones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene “planteando la necesidad de que haya ámbitos de diálogo para la prevención de accidentes dentro de la empresa”.

El ministro admitió que la implementación de esta ley “va a requerir mucho esfuerzo, tanto de sindicatos, como de empresarios y el Estado”.

Sobre la obligatoriedad de la creación de comités en empresas que tengan más de 100 trabajadores, el funcionario calificó como “una medida razonable” ese número, aunque aclaró que en los lugares con menos trabajadores se mantendrán “los mismos criterios” para la participación de los delegados.

“Un ambiente de trabajo sano no es solo aquel que no tiene ruido, sino aquel en el que se trabaja en una comunidad con parámetros razonables de convivencia”, argumentó Moroni, en referencia a la violencia y el acoso laboral.

Finalmente, opinó que es “un momento oportuno” para tratar esta ley que “no avanza sobre ninguna competencia de los empleadores” y “no faculta ninguna intervención estatal”, enfatizó. “Es un proyecto muy razonable, muy adecuado a normas internacionales y muy necesario”, cerró.

Por su parte, Gómez Alcorta dijo que esta norma “coloca en primer lugar a la salud de los trabajadores y las trabajadoras” desde “una perspectiva integral de la salud” que contemple no solo “los factores físicos, sino también los psíquicos y emocionales”.

“Incorpora de un modo cabal la perspectiva de género dentro del mundo laboral”, celebró y remarcó que “Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuenta a nivel nacional con comités que incluyan la participación de trabajadores y trabajadoras”.

También, la funcionaria indicó que la OIT, a través de diferentes convenios “insta a los Estados a que se establezcan mecanismos de participación a estos fines” y expresa que “la creación de estos mecanismos es una de las maneras de cumplir” con estos convenios.

“Si bien el sujeto empleador es quien tiene la responsabilidad del cuidado y la protección en el ámbito del trabajo, son los trabajadores y trabajadoras los que mejor conocen los riesgos físicos y psicosociales de cada una de las actividades”, explicó.

En esta línea, la ministra afirmó que “las mujeres trabajadoras de todo el mundo, y las argentinas claramente no son la excepción, continúan infrarepresentadas en los órganos y en los procesos de toma de decisión dentro del mundo laboral y en los espacios de trabajo, incluso en aquellos que son mayoría en la fuerza de trabajo”, lo cual “no solamente es injusto para las mujeres y las personas LGBTIQ+, es contraproducente para las empresas, la economía y la sociedad en su conjunto”.

Puntualmente, Gómez Alcorta valoró que los comités tendrán facultades para la prevención y la atención de los riesgos de trabajo vinculados a la violencia, el hostigamiento y el acoso por cuestiones de género, situaciones que generan “daños psicofísicos”.

No solo deberán elaborarse “protocolos de prevención para poder erradicar la violencia en el ámbito laboral”, sino también “canales de comunicación rápidos, expeditivos y confidenciales para que se puedan llevar a cabo las denuncias”, señaló.

En su exposición, la titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad informó que estos casos perjudican “en el modo en que las trabajadoras llevan adelante las tareas”, además de ser “un obstáculo para la permanencia en los puestos laborales”.

La palabra de los “dipusindicales”

En el tramo de las intervenciones de diputados, la legisladora de extracción sindical Patricia Mounier (FdT) señaló que tiene presentado un proyecto similar, con algunas diferencias, y consideró que “la implementación de los comités mixtos es un derecho que tenemos que ampliar para todos y todas. Cuanto más ampliemos la posibilidad de participación para trabajadores y trabajadoras me parece que más justicia vamos a hacer”.

“Me parece muy atinado -en el proyecto del Ejecutivo- que cuando no se llegue al mínimo de trabajadores sean los delegados de prevención los que participen y se implemente de todos modos”, coincidió.

Por su parte, otro “dipusindical”, Walter Correa (FdT), recordó que proviene del partido bonaerense de Moreno y pidió que en la ley se tenga en cuenta “el reconocimiento a Sandra (Calamano) y Rubén (Rodríguez), dos compañeros que han fallecido víctimas de la desidia”, durante la explosión de la Escuela Primaria N°49 en 2018. “Tal vez si estos comités hubieran estado articulados, por ahí se hubiera evitado”, dijo.

Para el diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky (FdT), esta ley “nos va a permitir mejorar enormemente las condiciones de salud en los lugares de trabajo, y esto hay que resaltarlo, porque no hay dolor más grande que la muerte de un compañero o una compañera en el lugar de trabajo”.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Dolores Martínez (UCR) lamentó que el ministro Moroni se haya retirado tras su exposición y manifestó la solicitud de enviarle preguntas por escrito, a lo que Siley asintió. En alusión a la exposición de Gómez Alcorta, la radical apuntó que “si bien este proyecto establece canales de denuncias y capacitación, no explica claramente cuáles van a ser esas herramientas que favorezcan el acompañamiento, la asistencia y reparación a las víctimas” de violencia y acoso laboral, como establece el Convenio 190 de la OIT, al que Argentina adhirió recientemente.

“Las actuaciones y decisiones del comité mixto no desplazan las disposiciones del Convenio 190” que “están dirigidas tanto al Estado como a los privados”, respondió Gómez Alcorta; mientras que Eduardo Álvarez, asesor del Ministerio de Trabajo, reveló que se encuentra en elaboración un proyecto complementario que sea un “marco normativo” sobre el Convenio 190 y funcione como “una ley de operatividad” que tenga “coherencia con esta ley de comités mixtos”.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y prevé la creación de los comités, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

Según el texto, la creación de ese comité “será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadoras y trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por dos representantes de las trabajadoras y los trabajadores, y por el empleador o la empleadora en igual número”.

En tanto, en las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

Por otro lado, en aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y/o trabajadoras y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.