La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, pasó a la firma el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo -tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano-, el cual contó con el aval de 27 legisladores oficialistas, mientras que la oposición presentó un dictamen de minoría y cuestionaron puntualmente “la tasa porque es un impuestazo”.

Itaí Hagman (FdT – CABA) fue el primer orador quien expresó: “Este proyecto es importante que da cuenta de un problema que tiene la Argentina y que también es un problema a nivel global que tiene que ver con la gestión de los residuos en una sociedad en donde los patrones de consumo se han modificada mucho”, y agregó: “Donde sobre todo las tendencias y formas de consumo que hay en el mundo generan un gran descarte, lo que trajo obviamente un problema ambiental que es hora que empecemos a trabajar y a tratar con un marco normativo que permita resolver”.

“Es un proyecto que incorpora conceptos e instituciones. El primero es el de responsabilidad extendida del productor, es decir establecer una responsabilidad por parte de aquellos que introducen envases en el mercado y crea un sistema integral de gestión de residuos asumiendo que es un problema que los sistemas de recolección tienen una competencia municipal, es un problema de orden nacional”, precisó.

“Argentina tiene hoy según el Ministerio de Ambiente 5.000 mil basurales a cielo abierto que expresan las tendencias que venimos teniendo como sociedad a la acumulación y al mal uso de residuos. Esta ley que incorpora y crea estas instituciones es una manera de complementar todos los trabajos y políticas medioambientales”, señaló Hagman.

En suma, destacó que “tiene un doble objetivo, por un lado, desincentivar el uso de envases sobre todos los más contaminantes, y por el otro lado, una forma de compensar el daño ambiental que produce la utilización de estos envases. Se hace a través de una tasa ambiental variable que puede ser cero si los productores establecen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización de los residuos o puede llegar hasta un 3% como máximo de precio mayorista con un criterio de variabilidad que está definido con distintos criterios que establecen el tipo de material, el impacto ambiental, etc”.

“También establece la promoción de puestos de trabajos o la formalización de puestos de trabajos a través de un sistema integral de reciclados. Lo hace coordinando desde el Estado con las provincias y municipios. Es una ley desde el punto de vista ambiental y del trabajo es importante. Además, tiene componentes económicos porque ayuda a la sustitución de importaciones porque en argentina tenemos basura que se acumula en cielos abiertos y por el otro lado las industrias demandan insumos que el mercado no satisface y hoy se importa basura de otros países para la producción”, concluyó su argumentación el diputado oficialista.

Sin embargo, Luciano Laspina (Pro – Santa Fe) criticó fuertemente la iniciativa: “Tenemos algunas objeciones de fondo respecto al proyecto, primero porque lo consideramos un impuestazo encubierto con una alícuota que pude llegar hasta el 3% de precios mayoristas de los alimentos según el caso. Sumar una carga adicional que recaerá sobre los pobres consumidores cuando la canasta alimentaria está por las nubes”.

“Es un momento sumamente desacertado, no es chicana, pero legislamos aislados de la realidad, afrontamos temas con herramientas y soluciones alejados de la emergencia que estamos viviendo en la Argentina”, cuestionó.

En esa misma línea, continuó: “Este Parlamente por momentos se encierra en su propio microclima y vive en una realidad paralela. Subir el precio de las bebidas, alimentos, en medio de un país pauperizado con niveles de pobreza nunca vistos salvo en la hiperinflación, con inflación galopante, sumarle un sobre costo a los alimentos es una desproporción peligrosa”.

“Es un impuesto en una tasa porque se aplica con una fórmula sin establecer una contraprestación, sin una estimación de los costos de los servicios que va a prestar que generalmente se prevén. No hay plan de gestión, no hay costos, no hay contraprestación que va a pagar el productor y el servicio que va a recibir”, remarcó el diputado del Pro.

“Esto es un impuesto, no es una tasa. Es un impuesto de asignación específica que se hace para montar un sistema de supuesto reciclado a nivel nacional que va centralizar el Gobierno nacional a espaldas de las provincias casi sin participación que van a tener que ir mendigar recursos al Gobierno para que les apruebe el plan de gestión y que no sea en función del color político. Muy pocos países utilizan una tasa como quieren poner acá”, enfatizó Laspina y comunicó: “Vamos a presentar un dictamen de minoría onde establecemos en principio un marco regulatorio para el manejo de los residuos, reciclado y economía circular”.

“El Parlamento podría establecer un objetivo menos ambicioso y oneroso como por ejemplo establecer que las ciudades mayores en habitantes provean un sistema de separación de residuos al momento de desecharlos como tiene la Ciudad de Buenos Aires”, propuso el diputado santafecino y finalizó: “Es un muy mal proyecto que recaerá en los más humildes”.

En tanto, Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) salió al cruce: “Sin ánimos de polemizar, hago un llamado para que lo lean porque no son envases de alimentos sino de todo tipo. El artículo 19 dice que las autoridades locales conforman sistemas locales de gestión integral de envases y ahí se van a canalizar los fondos”, y reiteró: “recomiendo que lean el proyecto, porque tiene en cuenta el ambiente y el aspecto humano”.

“Es una tasa porque va graduada según la empresa, no va a pagar ningún impuesto”, aclaró y reiteró: “El envase en general las empresas lo han tomado y han trasladado el costo de los envases a la ciudadanía y fue el Estado el encargado de sanear el ambiente. Es un sistema mixto, es un proyecto virtuoso y llamo a leerlo detalladamente y con espíritu amplio”.

Por último, Luis Mario Pastori (UCR – Misiones) hizo hincapié en la tasa porque “hay que tratarlo en su integralidad, pero hay una incongruencia porque el punto cinco hace referencia a una tabla del punto cuatro que no existe en el texto que estamos tratando”. Además, señaló que “hay una delegación impropia que no corresponde. ¿Por qué la tasa del 3%? Estamos en contra de seguir generando nuevos tributos, es un tributo porque es obligatorio”.

¿Qué dice el proyecto?

El mismo contempla la creación de una tasa ambiental a ser abonada por las y los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.

A partir de esa tasa se creará un fideicomiso, que será administrado por la banca pública, y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros. Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización, según informó en un comunicado el Ministerio de Ambiente.

El proyecto de ley regulará todos los envases introducidos en el mercado nacional, lo que permitirá desarrollar una política integral para la problemática de los residuos sólidos urbanos ya que promueve la reducción de la cantidad de envases generados, fomenta el reciclado y genera obligaciones a las y los productores para su tratamiento.