Tras los anuncios económicos del Gobierno nacional, el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, opinó este martes que el impuesto a la “renta inesperada” es “absolutamente razonable”.

“Estamos tomando una mínima situación de renta inesperada por parte de un grupo muy minúsculo que, en una situación global muy compleja donde los precios de alimentos y energía han cambiado radicalmente sus valores y han generado procesos de ganancias inesperadas, estamos viendo si una mínima parte lo volcamos para los sectores más vulnerables”, expresó en diálogo con radio El Destape.

Así se refirió el legislador a la decisión del Gobierno, transmitida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, de poner en marcha una convocatoria para discutir un mecanismo de captura de parte de la renta inesperada de las grandes empresas, generada a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Apuntaría a aquellas que ganaron más de 1.000 millones de pesos.

Al respecto, Martínez recordó que “así como en el 2020 los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner pusieron en debate el aporte solidario de las grandes fortunas, acá estamos apuntando a otro lugar”.

“Estamos pensando en aquellas empresas que, por el exclusivo motivo de un cambio en los precios internacionales de alimentos o energía, pudieron tener una renta inesperada que no tuvo que ver con la productividad ni con la gestión”, añadió.

El santafesino consideró que se trata de “una iniciativa interesante que pone en debate un buen eje para nuestro espacio político”, y anticipó: “Vamos a trabajar para que podamos alcanzar las mayorías necesarias en el Congreso”.

Consejo de la Magistratura

En otro tramo de la entrevista, el presidente de la bancada oficialista se refirió a la controversia generada con la Corte Suprema de Justicia por la situación en el Consejo de la Magistratura y apuntó que “la Justicia no tiene ninguna capacidad de legislar, está incurriendo en facultades legislativas y eso va en contra de la Constitución”.

“Hay hechos que se dan de bruces con cuestiones jurídicas muy básicas, especialmente la vinculada a la asunción de funciones legislativas que están expresamente prohibidas para la Justicia”, insistió el diputado, que confesó hacerse quedado con un “sabor amargo” por “no conseguir un tiempo más razonable para tratar y conseguir una ley”, al recordar que “la Corte tardó 1.577 días y a nosotros no nos dieron 30 días más para legislar. Me parece un desatino”.

Sin embargo, afirmó que no se resigna a trabajar en la Cámara baja “para buscar los consensos necesarios para poder aprobar la ley del Senado”, ya que “todo lo que pasó fue de una enorme gravedad institucional”, en relación a la restitución por parte de la Corte de la composición del Consejo prevista en la ley de 1997 que fue derogada por la norma sancionada en 2006, la cual ahora el máximo tribunal declaró inconstitucional.

“Lamentablemente se viene configurando hace tiempo un escenario muy fuerte de aislamiento del Poder Judicial respecto del resto de los poderes. No es nuevo y se ha profundizado en el último tiempo. Está claro que hay severas dificultades de diálogo entre los poderes”, observó Martínez.