En una reunión que contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados analizó este martes el proyecto enviado por el Gobierno sobre un nuevo régimen de Compre Argentino.

Durante un encuentro de más de dos horas, los representantes del Ejecutivo respondieron preguntas por parte de legisladores de la oposición, que plantearon sus dudas sobre varios aspectos de la iniciativa.

El plenario pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, día en que el oficialismo tiene intención de sacar dictamen, pero desde Juntos por el Cambio reclamaron más tiempo.

En primer lugar habló la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, quien afirmó que “el objetivo de esta ley es generar nuevas oportunidades y desarrollo de empresas nacionales en el fuerte poder de compra que tiene el Estado”. Destacó que se incorpora la posibilidad de “generar sectores estratégicos e innovadores”, algo que “no tiene la ley hoy”.

Además, resaltó que se busca “potenciar incentivos que ya posee la ley” y “dos aspectos claves que no estaban incorporados” como “generar herramientas financieras a través de la generación de un fideicomiso; y generar espacios, como un Observatorio y Mesas de Compre Argentino, para mejorar el acceso a la información sobre la planificación de las compras que poseen los diferentes sujetos alcanzados por la ley”.

La funcionaria subrayó la inclusión de PAMI, uno de los puntos más criticados por la oposición, “en función de la capacidad y poder de compra que tiene”.

“Estamos mejorando la preferencia que otorgaba la ley, ampliándola de 15% a 20% para las PyMEs y de un 8% a 15% para las empresas grandes”, detalló, y añadió que se incorpora la perspectiva de género, a partir de otorgar “un margen adicional del 3% a empresas que estén dirigidas por mujeres o que tengan altos cargos gerenciales en sus empresas, o que más del 50% de su nómina sean mujeres”.

Al momento de las preguntas a los funcionarios, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) consultó “por qué la ampliación de la preferencia”, ya que con ese cambio “estamos tomando una decisión de que el Estado gaste más”. “Merece una justificación”, aseguró, al explicar que la modificación representaría que se “gaste hasta un 20% más a lo que correspondería a los precios de mercado” cuando el “objetivo en las compras y contrataciones” es “adquirir bueno y barato”.

En su intervención, el puntano observó que se incorporó la perspectiva de género, pero no la preferencia para empresas que cumplan con la pauta de desarrollo sostenible, cuando nuestro país en compromisos internacionales ha abogado por “la producción y el consumo responsable”.

Luego fue el turno del secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Víctor Hugo Romero, quien analizó: “Se incrementa la preferencia porque seguramente las PyMEs y las empresas nacionales han perdido competitividad. ¿No creen que la pérdida de competitividad viene por haber incrementado el costo fiscal y haber tenido una política monetaria con atraso cambiario?”.

Al observar varios puntos del proyecto, el cordobés habló de delegación de facultades y alertó por la eliminación del “artículo 22 de la ley actual, que habla de la responsabilidad penal de los funcionarios”. También planteó sus dudas por “cuál va a ser la magnitud” del nuevo fondo fiduciario que se crea, y pidió poder tener al respecto “un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso” y “la ampliación de información por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo”.

En la misma línea que sus pares, la santafesina Germana Figueroa Casas (Pro) se preguntó “qué sucedió con la ley desde que funciona” porque “estamos yendo por más sin saber por qué le vamos a decir a la gente que el Estado está pagando más, si verdaderamente está funcionando (la norma). O si no está funcionando, ¿por qué creen que por aumentarlo va a mejorar?” la situación de las empresas, señaló entre varias preguntas.

En respuesta a las dudas de los legisladores de la oposición, Julián Hecker, director nacional de Compre Argentino, explicó que “no necesariamente que haya un margen de preferencia de 15% o 20% hace que el Estado pague de más ese porcentaje. Ese margen de preferencia aplica solamente en las comparaciones entre oferta importada y oferta nacional, no entre oferentes nacionales, entre oferentes nacionales siempre gana el más barato”.

Y defendió que el aumento de los porcentajes es para “darle más posibilidades a las industrias argentinas para poder ganar en diferentes licitaciones”, al tiempo que comparó los regímenes en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde “el margen de preferencia es de 30% y en algunos casos llega al 55%”.

Tras admitir que no tenía “datos precisos” sobre el impacto que tuvo la ley actual, Hecker argumentó por qué se incorpora al PAMI: “Para ampliar el efecto multiplicador del compre nacional y que eso tenga impacto en empleo, en más producción de laboratorios, en empresas de equipamiento médico y productos médicos, como prótesis, descartables”.

“El PAMI hoy ya es parte del compre argentino, con el decreto 50 de 2019 el PAMI es parte del Ministerio de Salud, es parte de la administración pública nacional. Además recibe fondos del Tesoro”, sostuvo.

Sobre la creación de un fondo fiduciario, el funcionario dijo que “está planteado como un fondo para atacar problemas específicos de acceso al financiamiento” y “no pretende este fondo atender a todos los oferentes ni tampoco a todos los potenciales oferentes”. Entre otros puntos, agregó que se eliminó el artículo referido a las responsabilidades de los funcionarios porque las sanciones “ya están contempladas en el Código Penal”.

Tras la exposición de Hecker, la diputada del Pro Graciela Ocaña aclaró: “El PAMI no es parte de la administración pública nacional. Es un ente público no estatal”. “El propio reglamento de compra de la institución lo fija la institución”, añadió.

Además, reveló que “si uno hoy analiza cuáles han sido todas las compras del Ministerio de Salud se va a llevar una sorpresa” porque “los reactivos que compraron no fueron de desarrollos nacionales, fueron de la empresa internacional Abbott”. “Por muchas leyes que se establezcan, si no tenemos claros cuáles son los intereses que tenemos que defender, muchas veces esto no se produce”, resumió.

Entre los oradores del debate, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz consideró: “Estamos elaborando una ley para que el Estado compre más caro. Se tendría que llamar ley de compre caro, y la verdad que sería muy bueno que hagamos una ley de compre barato, porque estamos comprando con la plata de la gente. Cuando nosotros compramos más caro eso requiere más impuestos que recaen sobre la actividad productiva, hace más ineficiente la actividad productiva, y eso hace que Argentina necesite un tipo de cambio más alto. Cuando el Estado compra más caro los salarios de todos los trabajadores son más bajos”.

Por el oficialismo, el riojano Sergio Casas afirmó que “esta ley es beneficiosa” y apunta a “promover la industria nacional”. Ante los funcionarios, el diputado propuso que se incorpore “el concepto de regiones estratégicas” ya que ” no es lo mismo producir en Buenos Aires o en Santa Fe que en La Rioja o Catamarca” donde “se incrementan los costos del transporte”. También solicitó que en las Mesas de Compre Argentino que se crean puedan participar miembros de “los distintos ministerios de Industria de las provincias”.

En el tramo final, el vicepresidente de la Comisión de Industria, José Núñez, defendió la ley votada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y sobre este proyecto expresó: “No no se puede sacar dictamen el jueves, salvo que lo quieran hacer de prepo. La idea es consensuar algo que sea mejor para todos los argentinos”.

Sobre la norma votada hace cuatro años, recordó que “nosotros mejoramos las preferencias”. “Espero que nadie se ofenda, pero ¿vamos a jugar a ver quién es más populista industrialmente?”, lanzó el legislador macrista, que rechazó la creación de un fondo fiduciario, al afirmar que “el impacto fiscal va a ser muy alto”. “Esto una discusión un poco más profunda”, insistió y agregó que la anterior ley “tuvo un consenso impecable y ahora no lo hay”.

En el cierre, la oficialista Victoria Tolosa Paz remarcó que “el 13% de las compras del PBI las realiza el Estado argentino” y esto “se aleja del principio de que esta ley la hacemos porque somos funcionarios que queremos que el Estado compre mal, caro y de mala calidad”. Defendió que sin la creación de un fondo fiduciario habría PyMEs e industrias nacionales “que sin ese financiamiento quedan afuera”.

“No es una ley que busca comprar caro, sino busca que la proporción del compre nacional en la estructura nacional sea cada vez más importante, porque queremos generar trabajo y empleo”, sumó.