En 1997 se legisló por primera vez sobre el tema, conforme el mandato constitucional dado tres años antes. Se aprobó entonces la ley que fue repuesta ahora por la Corte Suprema de Justicia. Qué sucedió desde esa primera norma y todo lo que rodeó las sucesivas discusiones sobre el tema hasta llegar a la disputa actual, con final abierto.
Por José Angel Di Mauro
Creado durante la reforma constitucional de 1994 a instancias del radicalismo, el Consejo de la Magistratura no ha encontrado desde entonces una composición que satisfaga plenamente a las partes. En rigor, bastaría con que cumpliera plenamente con los objetivos para los cuales fue ideado y claramente la justicia da cuenta diariamente de que los resultados no han sido los buscados.
Cuentan los memoriosos que Raúl Alfonsín -clave en la reforma acordada con Carlos Menem, recordar el Pacto de Olivos- era reacio a aceptar la presencia de la Corte Suprema en el seno de ese organismo, a sabiendas de las intenciones del entonces presidente detrás de tal objetivo: poner al frente del Consejo a Julio Nazareno, el riojano que presidía por entonces el Tribunal Superior. No hace falta recordar aquello de “la Corte menemista”, pero finalmente el expresidente radical dio el brazo a torcer. Al fin y al cabo, el amigo de Menem no estaría eternamente al frente de la Corte.
De ahí que surgió la composición actual del Consejo, que ahora ha vuelto a los orígenes a partir de que la Corte Suprema de Justicia actual declarara la inconstitucionalidad de la ley de 2006 que impulsó la entonces senadora nacional y primera dama (mejor dicho, primera ciudadana) Cristina Fernández de Kirchner.
Ese detalle viene perfecto para observar que el órgano constitucional que tiene a su cargo la selección de jueces federales y nacionales, como así también el control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación ha sido siempre una obsesión de la actual vicepresidenta.
Al punto tal que ese fue el detonante de su expulsión del bloque oficialista, allá por 1997. En efecto, todos recordarán las posturas rebeldes que la entonces joven primera dama de Santa Cruz asumía en el bloque que en esos tiempos conducía el entrerriano Augusto Alasino. Mas no fueron sus permanentes rechazos a las posturas oficiales los causales de la expulsión de Cristina. Si bien sus actitudes y cuestionamientos habían tenido a maltraer a sus “compañeros” de bancada, la supremacía que el peronismo ejercía en la Cámara alta le permitía darse el lujo de “tolerar” la rebeldía patagónica. Cosa que hicieron más allá de los constantes pedidos de expulsión que se escuchaban -no sólo querían echarla del bloque, sino del propio partido- por sus permanentes cuestionamientos a la gestión oficial.
Pero la gota que colmó la paciencia de Alasino y compañía fue la negativa de la senadora a apoyar el texto de creación del Consejo de la Magistratura, con lo que le impidió a su bancada lograr el número necesario para insistir con la sanción original del proyecto. Como dijimos, corría 1997 y eran tiempos en que Menem y Eduardo Duhalde extendían al Senado su anticipada pulseada por la sucesión en 1999, y en la Cámara alta se quiso dar una muestra de que allí el poder menemista era aún real y concreto.
Mas no la echaron. Con la intención de que ella misma se apartara de la bancada, según confiaron fuentes del propio oficialismo, la mesa directiva del bloque resolvió expulsarla de las comisiones de las que formaba parte.
La medida fue sorpresiva y la involucrada se enteró al cabo de una reunión de comisión celebrada el 7 de mayo de 1997, cuando le llegó un memo al despacho en el que le indicaban que había quedado fuera de todas las comisiones que integraba: Relaciones Exteriores y Culto; Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios; Educación; Familia y Minoridad; Economías Regionales; Coparticipación Federal de Impuestos; Asuntos Administrativos y Municipales, y hasta de la Bicameral de Esclarecimiento del Atentado a la Embajada de Israel y la AMIA. La nota estaba firmada por el jefe de los senadores justicialistas, Augusto Alasino, y el secretario general del bloque, Angel Pardo. Allí se indicaba además quiénes serían los senadores que la sustituirían en esos grupos de trabajo.
El senador entrerriano Héctor Maya se encargó ante la prensa de justificar los motivos que llevaron al bloque a tomar la inédita medida: “Nosotros venimos registrando una serie de cuestiones donde la senadora Kirchner se maneja con excesiva individualidad, lo cual es respetable, pero no es muy común dentro del peronismo… En un bloque hay que debatir, pero para mantener la unidad de un cuerpo es necesario que nos sometamos a distintas reglas”.
La senadora santacruceña tomó la decisión como “un castigo a la provincia de Santa Cruz”, según expresó. Y agregó: “Yo soy representante de una provincia y del Partido Justicialista de esa provincia. Seré una minoría disidente, pero tenemos el derecho de serlo”. Cuando le preguntaron si creía ver en esa maniobra el intento de forzar su renuncia al bloque, ella dijo que no se iría del justicialismo. “Yo voy a seguir defendiendo a muerte mi derecho a poder discernir democráticamente”, esgrimió.
Según transcribe el libro Cristina K. La dama rebelde (Sudamericana, 2004), la decisión adoptada por la conducción del bloque justicialista generó un vendaval de críticas que no hizo más que fortalecer la posición de Cristina Kirchner. Un grupo de diputados justicialistas suscribió un proyecto de resolución de la diputada santacruceña Rita Drisaldi manifestando su discrepancia con semejante actitud. “Esta medida priva a la provincia de Santa Cruz de ejercer plenamente su autonomía, ya que impide la labor de uno de sus representantes electos constitucionalmente”, señalaba el proyecto suscripto además por Irma Roy, Mario Das Neves, Rodolfo Gazzia, Julio Migliozzi, Julio Salto, Fernando Maurette, Darci Sampietro, Carlos Vilches, Sara de Amavet y Sergio Acevedo.
A partir de ello se abrió un debate sobre si la representación en las comisiones corresponde al legislador o al bloque. De hecho, al comunicarle el bloque la decisión al presidente del Cuerpo, Carlos Ruckauf, éste les advirtió que la medida era antirreglamentaria: “Muchachos, según los antecedentes de la Cámara, la separación de un senador no puede hacerse sin su consentimiento”, aclaró el entonces vicepresidente de la Nación.
Ante las circunstancias, el bloque decidió revisar la resolución y, habida cuenta de la intención de la señora Fernández de Kirchner de dar pelea, resolvieron no dar más vueltas y directamente separarla de la bancada. Eduardo Menem, Bauzá, Yoma y Alasino fueron algunas de las voces de peso que se pronunciaron por semejante decisión y pusieron las primeras firmas que se recolectaron para echar a Cristina.
“Cuando mi voto en contra no alteraba el resultado que quería mi bloque, no hubo problemas. Pero ahora que mi voto era decisivo en busca de los dos tercios que necesitaban para aprobar el Consejo de la Magistratura, me castigan”, argumentó la legisladora, enfatizando que lo suyo no era indisciplina, sino que nunca aceptaría “disciplinarme para una asociación ilícita”.
Como puede verse, el Consejo de la Magistratura ha estado desde sus orígenes en el ojo de la tormenta, por lo que amerita recurrir a los archivos para conocer todos los hitos que marcaron a esta institución hasta la actualidad. De ahí que bien podríamos caracterizar esta historia como “25 años sin dar con una buena ley”. Porque de lo contrario no estaríamos recurriendo a la ley original, de 1997, y debatiendo una nueva ley en la que oficialismo y oposición lejos están de ponerse de acuerdo.
Para llegar a los orígenes de la institución Consejo de la Magistratura debemos remontarnos a 1994, cuando la Asamblea Constituyente incluyó en el artículo 114 de la Constitución reformada la creación del organismo que se encargaría de confeccionar listas de candidatos para tribunales inferiores, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces e imponer sanciones.
Tres años después y transcurrido el episodio de la expulsión de Cristina Kirchner del bloque oficialista, el 10 de diciembre de 1997 fue sancionada la Ley 24.937, que el Ejecutivo que encabezaba Carlos Saúl Menem, promulgó el 30 de diciembre.
Ya en 1998 comenzó a funcionar, en el mes de noviembre, el Consejo de la Magistratura, presidido por Julio Nazareno. Además de Nazareno, integraban ese primer Consejo de la Magistratura los jueces Bindo Caviglione Fraga, Claudio Kiper, Margarita Gudiño de Argüelles y Javier Fernández Moores.
Por el Poder Legislativo estaban en esa primera conformación del Consejo los senadores Augusto Alasino, Ricardo Branda, José Antonio Romero Feris y Horacio Usandizaga, y los diputados nacionales Melchor Cruchaga, Juan Carlos Maqueda, Oscar Massei y Miguel Angel Pichetto.
En representación de los abogados estaban Juan Gersenobitz, Diego May Zubiría, Ángel Garrote y Eduardo Orio; mientras que por el ámbito científico y académico asumieron Juan Gemignani y Humberto Quiroga Lavié.
Por el Poder Ejecutivo Nacional estaba Julio Comadira, un reconocido catedrático que en tiempos de Duhalde condujo de manera eficiente la Sindicatura General de la Nación y que durante la presidencia de Menem fue jefe de Gabinete del ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.
La reforma de la ley del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Fernández de Kirchner tuvo media sanción del Senado el 22 de diciembre de 2005. La misma reducía de 20 a 13 miembros ese organismo y fue aprobada por 45 votos a favor y 16 en contra, correspondientes al radicalismo y partidos provinciales.
Criticada por instituciones judiciales y organismos no gubernamentales, la iniciativa fue defendida por la senadora Kirchner, que negó que se intentara producir un bloqueo de las decisiones del órgano y criticó a “la corporación de jueces y abogados” por ejercer una fuerte presión para mantener el “status quo”.
Uno de los más críticos en ese debate fue el senador radical Rodolfo Terragno, quien expresó en la sesión del 22 de diciembre de 2005: “El oficialismo pasará de tener el 25% a tener el 38%. Nadie puede entrar a la justicia si el Ejecutivo le pone bolilla negra, y nadie saldrá de ella si el Ejecutivo le tira un salvavidas. Esto genera sospecha sobre el objetivo de esta iniciativa”.
La norma se convirtió en ley en la Cámara de Diputados el 22 de febrero de 2006 por 148 votos a favor, 89 en contra y dos abstenciones.
A ese número llegó el Frente para la Victoria con los votos de 113 diputados oficialistas, 20 diputados del Peronismo Federal y 5 radicales.
Fue miembro informante por el oficialismo en ese debate el salteño Juan Manuel Urtubey, quien presidía por entonces la Comisión de Asuntos Constitucionales, y buscó descalificar los cuestionamientos al asegurar que “aquellos que se verán afectados en la posición de poder que habían alcanzado van a sostener con fiereza su lugar”. Tras ello, le endilgó al actual Consejo “ineficiencia” y un “sesgo corporativo”.
Integrante del Consejo de la Magistratura por entonces, la diputada del ARI Marcela Rodríguez retrucaba: “Curiosamente quienes se oponen a la reducción de los miembros de la Corte Suprema para agilizar los trámites defienden la reducción del Consejo”, calificando a la reforma impulsada desde el oficialismo como “el mayor retroceso del Poder Judicial desde la reducción de la Corte Suprema por parte de Carlos Menem”.
Al momento de la votación en general, el Frente para la Victoria no contó con la presencia de Rafael Bielsa y Oscar Massei, este último integrante del Consejo de la Magistratura original, como ya hemos indicado. Ambos diputados se ausentaron del recinto para no dejar sentado su rechazo al proyecto.
Más datos relevantes: esa votación fue la génesis del alejamiento del radicalismo de los diputados de ese origen que respondían al gobernador -por entonces radical- Gerardo Zamora. Eran Daniel Brue –hoy en el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja- y Cristian Oliva, quienes recibieron desde la gobernación santiagueña la orden de votar junto al oficialismo. En la bancada de la UCR aseguraron que inicialmente ambos querían votar en contra de la iniciativa oficial, pero una conversación de Zamora con un funcionario del Gobierno alcanzó para revertir la decisión. Ese funcionario era Alberto Fernández, por entonces jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El cambio generó fuertes cruces entre legisladores del partido centenario, al tiempo que las autoridades partidarias advertían sobre la posibilidad de aplicar sanciones a los “disidentes”. Así las cosas, los santiagueños adelantaron a sus colegas de bancada su determinación de formar un grupo aparte, cosa que terminarían formalizando.
“No puede ser que en aspectos básicos y fundamentales, los diputados que responden a provincias donde gobierna el radicalismo voten a favor del Gobierno (nacional) a efectos de lograr alguna medida que signifique algún beneficio para su provincia”, expresó entonces nada menos que el expresidente Raúl Alfonsín, mientras que el Comité Nacional que entonces presidía el mendocino Roberto Iglesias difundía un comunicado para anunciar la expulsión de los afiliados diputados que habían votado a favor de la reforma del Consejo de la Magistratura. Estos eran los citados Brue y Oliva, más el catamarqueño Genaro Collantes, el correntino Ricardo Colombi y el rionegrino Hugo Cuevas, quienes se alinearon con la transversalidad que promovía en esos tiempos Néstor Kirchner.
La ley aprobada recibió el número 26.080, y la composición del Consejo se redujo de la siguiente manera: los jueces pasaron de 4 a 3; los legisladores de 8 a 6; los representantes de abogados de 4 a 2.
En el futuro habría un nuevo intento para modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Fue en 2013, en el marco de la reforma judicial que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentó como la “Democratización de la Justicia”. El 25 de abril de ese año, tras una sesión de 24 horas cargada de tensión, se aprobó a las 6 de la mañana esa polémica norma por 130 votos a favor y 123 en contra. En rigor, eran seis los proyectos discutidos y entre ellos figuraba la reforma del Consejo de la Magistratura.
Entre los que votaron en contra vale mencionar a 5 diputados del Frente para la Victoria: los sindicalistas Facundo Moyano y Omar Plaini; el riojano Jorge Yoma; la bonaerense Mabel Müller; y Blanca Blanco de Peralta, esposa del gobernador de Santa Cruz. También votaron en contra un puñado de aliados habituales del oficialismo: Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino) y Mariana Veaute (Frente Cívico Catamarca).
Previsiblemente el tema se judicializó, pero el Gobierno de entonces siguió actuando como si las causas no fueran a prosperar. Así publicó en el Boletín Oficial el decreto 577/13, convocando a los ciudadanos a elegir en las elecciones legislativas integrantes del Consejo de la Magistratura. Conforme lo indicado por la nueva ley, el decreto establecía que el Consejo pasaría a ser de 19 miembros: 3 jueces; 3 representantes de abogados; 6 representantes de los ámbitos académicos o científicos; 6 legisladores y 1 representante del Ejecutivo.
El 11 de junio de 2013 la jueza federal María Romilda Servini decretó la inconstitucionalidad del voto popular para la elección de consejeros y anuló la convocatoria, el nuevo número de integrantes para el Consejo de la Magistratura y el voto popular para elegir consejeros. Una semana más tarde, la Corte resolvió por per saltum en la sentencia que se conoció como “Caso Rizzo” declarando inconstitucional la reforma, con el único voto en disidencia de Eugenio Zaffaroni.
El 19 de noviembre la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad de la ley que establecía la composición del Consejo de la Magistratura, por no respetar el “equilibro” entre los estamentos que exige la Constitución. Fue la causa sobre la cual, años después, se expediría el Tribunal Superior.
Esa demanda llegó a la Corte Suprema recién en el año 2017. A partir de ello, el Máximo Tribunal debería resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006 impulsado en su momento por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Por entonces gobernaba Mauricio Macri y hacia fines de ese año el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que modificaba el régimen legal de la Magistratura, proponiendo una composición de 16 miembros, incorporándose un juez o jueza y 2 abogados/as. Como se ve, el proyecto que impulsaba en esos días el Gobierno de Cambiemos no sumaba a miembros de la Corte, de ahí que al defender la propuesta del actual Ejecutivo en el Senado se hiciera notar que su proyecto no difería demasiado del presentado por la administración anterior.
Cuando se hace referencia al tiempo que a la Corte Suprema le demandó resolver sobre la inconstitucionalidad o no de la ley de 2006 se omite que ese Tribunal siempre privilegió que fuera la política la que resolviera el tema y así evitar intervenir. Estaba claro que el Gobierno de Cristina Kirchner no modificaría la norma que precisamente ella había promovido siendo senadora y más no habiendo prosperado la reforma judicial de 2013. La CSJN esperaba que el Gobierno de Cambiemos lo hiciera, pero el proyecto de 2017 no llegó nunca al recinto, y así fue que hacia fines de 2021 el Máximo Tribunal dejó trascender que finalmente resolvería el tema como lo hizo.
Por eso fue que el 6 de diciembre el Gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, elevando la cantidad de miembros de 13 a 17. Once días más tarde, el 17 de diciembre de 2021, la Corte Suprema confirmó el fallo de cámara de 2005 y declaró inconstitucional la composición vigente del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006, exhortando al Congreso para que “en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo del a Magistratura”. En caso de que no lo hiciera en el plazo de 120 días, el Consejo volvería a su vieja composición de 20 miembros.
Si bien el Poder Ejecutivo incluyó el proyecto de reforma del Consejo en extraordinarias, no se trató. Pasarían 106 días hasta que el oficialismo decidiera iniciar su tratamiento en el Senado. Recién el 22 de marzo arrancó en esa Cámara el debate y el proyecto llegó al recinto el 7 de abril, obteniendo media sanción por 37 votos a favor y 33 en contra.
El plazo impuesto por la Corte Suprema vencía ocho días después y todavía no habían sido conformadas siquiera las comisiones que deberían tratar el tema en Diputados.
Eso recién sucedió el 11 de mayo pasado. Un mes antes, el 18 de abril, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ocupó la presidencia del Consejo.
Los nuevos miembros titulares del Consejo juraron el 20 de abril, a excepción de los dos representantes del Congreso de la Nación, que lo harían recién el 19 de mayo, tras una intensa pulseada entre oficialismo y oposición por los dos lugares en disputa. Juntos por el Cambio confiaba que sendas bancas le correspondían, como segunda minoría, pero el oficialismo sacó un impensado as de la manga en el Senado al dividir el bloque FdT y recrear una segunda minoría.
La pregunta del millón es qué sucederá ahora con la nueva ley que tiene media sanción del Senado. Tal cual lo exteriorizó Juntos por el Cambio durante el debate en la Cámara alta, el proyecto del Poder Ejecutivo es rechazado por esa bancada, postura que comparte con la mayoría de la oposición. Así las cosas, la iniciativa podría tener en la Cámara baja el mismo destino que todos los proyectos judiciales del oficialismo: el cajoneo.
Sin embargo el debate de la boleta única en papel fue el disparador que usó el oficialismo para activar la discusión del proyecto que tiene media sanción del Senado, logrando al menos que paralelamente al otro proyecto se discuta el tema en comisión. Lo cual tampoco le garantiza al Frente de Todos los votos para la aprobación.
Juntos por el Cambio está conforme con la composición actual, presidida por alguien de la Corte Suprema, cosa que rechaza enfáticamente el oficialismo. Por eso dependerá de “los bloques del medio” la suerte de esta ley. Allí el Frente de Todos cuenta hasta ahora solo con los 4 votos del interbloque Provincias Unidas, integrado por misioneros y rionegrinos: precisamente los votos aliados que permitieron la media sanción del Senado.
Es clave en este contexto la postura del interbloque Federal, de 8 miembros, donde Graciela Camaño -quien integra además el Consejo de la Magistratura- se ha expresado a favor de la presencia de un miembro de la Corte en el organismo… mas no presidiéndolo.
Según se especulaba paralelamente a la media sanción alcanzada en la Cámara alta, la cerrazón del oficialismo para aceptar modificaciones que incluyeran al Tribunal Supremo en el futuro Consejo de la Magistratura podría ser vinculada a una eventual negociación a encarar en la otra Cámara para lograr la aprobación. Lo cual motivaría una vuelta al Senado para convalidar o no los cambios. He ahí un detalle no menor.
Fuentes consultadas por Parlamentario aclararon que la principal oposición mantendrá su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo proveniente del Senado, más allá de la disposición que pueda mostrar el Frente de Todos a aceptar modificaciones. Habría que buscar las razones de esa postura en el hecho de que, como dijimos, los eventuales cambios deberían ser luego convalidados por una Cámara alta que a los miembros de JxC no le da mayores garantías.
– Si Diputados aprobara el proyecto que viene del Senado, pero con modificaciones y por un número ajustado como puede pasar hoy en la Cámara baja, ¿el Senado podría ratificar el propio con 37 votos? Y si por ventura hubiera un acuerdo que permitiera una aprobación con cambios más amplia, ¿de qué manera el Senado podría insistir con el proyecto original? –preguntó Parlamentario.
– Si Diputados aprueba el proyecto con modificaciones y mayoría simple, el Senado puede insistir en su propia sanción con igual mayoría simple. Si Diputados modifica y aprueba con dos tercios, el Senado necesitaría los mismos dos tercios para insistir con su sanción original –explicó el diputado Pablo Tonelli, quien es además miembro del Consejo de la Magistratura.
Consultada por este medio, otra fuente de Juntos por el Cambio fue más allá del detalle reglamentario al advertir que, atento a la posibilidad concreta con la que cuenta el Senado para insistir con el texto original, “los cambios en Diputados pueden ser una trampa cazabobos… Claro que más que bobos, yo diría cómplices”.
“Porque no hay bobos de este lado… Puede haber vivos, pero no bobos”, insistió una importante fuente del interbloque JxC al justificar el rechazo que estarían dispuestos a mantener respecto de las modificaciones al Consejo de la Magistratura.
