“El precio del transporte afecta directamente el bolsillo de los trabajadores y monotributistas, debemos tener un sistema justo que permita un desarrollo equitativo en todo el país”, remarcó el autor de la iniciativa el oficialista Mirabella.
En la previa al tratamiento en comisión de la problemática sobre los subsidios al transporte, el diputado nacional Roberto Mirabella (Frente de Todos – Santa Fe) presentó un proyecto para crear el “Programa federal y equitativo de compensaciones tarifarias al transporte automotor público urbano y suburbano de pasajeros”, con el fin de garantizar una distribución justa de los subsidios al transporte en todo el país. La iniciativa busca disminuir las grandes diferencias que existen entre los recursos que recibe el AMBA y el resto de Argentina para sostener el precio del boleto.
“El actual sistema de distribución de subsidios de transporte no es compatible con los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades que requiere un proceso de desarrollo federal”, señaló el legislador santafesino. “A todas luces el sistema vigente resulta insuficiente, con fondos escasos y con una metodología de asignación distinta entre el AMBA y el resto del país”, agregó.
El programa alcanza a todas las líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción municipal, provincial, nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contempla todos los recursos provenientes del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.
“El precio del transporte afecta directamente el bolsillo de los trabajadores y monotributistas, debemos tener un sistema justo que permita un desarrollo equitativo en todo el país”, remarcó Mirabella. “Estas inequidades no solo atentan contra el federalismo, sino que ponen en riesgo políticas nacionales como las paritarias unificadas a nivel país, porque las diferencias en el costo de transporte tienen que ser contempladas en las negociaciones salariales”, enfatizó.
La iniciativa establece que los recursos contemplados en el Programa deberán distribuirse entre jurisdicciones en base a criterios como unidades habilitadas, empleados activos y el promedio de kilómetros mensuales recorridos. El proyecto crea, además, el Consejo Federal de Transporte para que las provincias tengan una participación activa en las políticas nacionales en torno al servicio de transporte público.
