El flamante ministro de economía expuso en su primer mensaje que el Estado Nacional detectó “situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación, con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones”, y anunció que “vamos a abrir un registro por 60 días para que rectifiquen su posición ante la Aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error”. 

Ahora bien, las maniobras de subfacturación y sobrefacturación constituyen un delito tipificado por el artículo 864, inciso b) del Código Aduanero que reprime con pena de 2 a 8 años de prisión al que “Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación”. 

Incluso podría, según las circunstancias de cada caso, agravarse el delito si concurriese alguno de los supuestos previstos en el artículo 865 del Código Aduanero, siendo la pena prevista de 4 a 10 años de prisión. 

El ejercicio de la acción penal no puede ser soslayado por la Dirección Nacional de Aduanas dado que conforme al artículo 861 del Código Aduanero “Siempre que no fueren expresa o tácitamente excluidas, son aplicables a esta Sección las disposiciones generales del Código Penal” y éste cuerpo normativo expresa en su artículo 71 “Sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes: 1) Las que dependieren de instancia privada; 2) Las acciones privadas”. 

Es decir, la ley de fondo determina que las acciones penales deben iniciarse de oficio y, en lo que respecta a los funcionarios públicos estos tienen el deber de denunciar. 

Razones de política económica no autorizan a apartarse de estas reglas y las “maniobras delictivas deben ser investigadas de oficio”. 

El principio de oportunidad, consagrado expresa y acotadamente por algunas disposiciones penales, no puede ser invocado por el Poder Ejecutivo Nacional. Por un lado, media expresa prohibición constitucional. En efecto, el artículo 109 de la Constitución Nacional expresa que: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Por otro, aun en los casos que la legislación nacional autoriza el ejercicio del principio de oportunidad, el mismo se articula en el marco de una causa judicial ya iniciada. 

Entre las normas que proclaman el principio de oportunidad, y con el alcance que resulta de las mismas, podemos citar a la Ley n° 24.825 (juicio penal abreviado); a la Ley 24.316 (Suspensión del Juicio a Prueba); a la Ley 23.737 (art. 18), a la Ley 24.424, introduce la figura del arrepentido; Ley Penal Tributaria n° 24.769, art. 16; al art. 217 del Código Penal – respecto del partícipe del delito de conspiración por traición, y del art. 14 de la Ley 13.985, referido al atentado contra la seguridad de la nación (en ambos supuestos, se incorporan expresamente casos o supuestos de oportunidad utilitarios, porque se pondera el interés superior de evitar una traición o atentado, a la pena y castigo del partícipe si este último denuncia el hecho antes de que suceda o colabora con el arresto de los cómplices); e incluso la Ley 25.087, art. 15, deja abierta la posibilidad de extinguir la acción penal si la víctima propone un avenimiento con el imputado. Y la articulación de este principio es siempre en el marco de una causa judicial iniciada. 

En suma, “un fiscal… por ahí” que investigue la posible comisión del delito de contrabando.