La iniciativa plantea la derogación del régimen fiscal y aduanero fueguino y provocó una airada reacción desde la UCR y el Pro. Y por supuesto, también desde el Frente de Todos.
El bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI presentó un proyecto de ley que impulsa la derogación de la Ley 19.640, que establece un régimen fiscal y aduanero para el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que exime del pago de impuestos nacionales a las actividades que se desarrollen en el territorio, tanto para las personas físicas como jurídicas.
La norma rige desde hace 50 años y es a partir de la cual “la provincia de Tierra del Fuego viene desarrollando no sólo su industria sino también su crecimiento poblacional, la proyección de sus ciudades y su vida económica”, recordó el senador nacional fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR), uno de los que reaccionó de manera airada por la actitud de sus socios de Juntos por el Cambio.
Blanco advirtió que “este proyecto, presentado de una manera totalmente inconsulta con ningún legislador fueguino, es un ataque directo a nuestra soberanía federal. Una intromisión nefasta que no hace más que agredir a los habitantes de nuestra provincia y poner en marcha la maquinaria de recortes y trabajo sucio que impulsa el ministro de Economía Sergio Massa”.
“Es inadmisible que desde el seno mismo de Juntos por el Cambio surjan este tipo de iniciativas basadas en prejuicios y el absoluto desconocimiento de la realidad fueguina”, se quejó el senador Blanco, para quien “pretender eliminar de un plumazo al régimen que ha permitido el desarrollo local, la llegada de inversiones internacionales millonarias, la creación de miles de fuentes de trabajo, impulsado las migraciones que permitieron poblar el extremo sur del país y sostener la soberanía nacional sobre las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la Antártida, es una aberración prácticamente criminal”.
“Como fueguino me siento agraviado y solicito el inmediato retiro de este proyecto que ya ha sentado un precedente lamentable”, enfatizó el senador nacional Blanco.
El jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, justificó la propuesta de ese espacio de terminar con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego por considerar que “hoy sólo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios, pagados por todos los argentinos”. Lleva 50 años, recordó López, que agregó que “encareció los productos electrónicos.
Explicó Juan Manuel López que el régimen exime a las empresas de todos los nacionales y, mediante aumento de impuestos y aranceles a productos importados, elimina toda competencia. Y agregó que “es el gasto tributario más alto del Presupuesto. Según estimaciones oficiales en 2022 será de 0,36% y en 2023 0,35% del PBI.
“En 4 años, las empresas beneficiadas convergerían al pago total de los impuestos”, planteó López, que agregó que “para asegurar que los cambios no deriven en un incremento de precios de productos electrónicos reducimos el impuesto interno, bajamos aranceles y eliminamos barreras de importación”.
A los trabajadores que hoy se desempeñan en empresas beneficiadas por el régimen, en caso de que sean despedidos, se los protegerá mediante seguro de desempleo. Este seguro garantiza el ingreso de los trabajadores y costará menos del 20% de lo que hoy cuesta sostener el régimen, señala el proyecto de la CC-ARI.
Al mismo tiempo, “buscamos beneficiar a millones de consumidores argentinos que hoy son rehenes de pocos productos electrónicos y tecnológicos, de menor calidad y mucho más caros que en cualquier otra parte del mundo”, sostuvo López, que agrego´que “cualquier intento de reducción del gasto tributario que solo consista en aumentar impuestos a Tierra del Fuego sin facilitar el comercio exterior y poner a la isla a competir con el mundo, implicará un traslado directo del impuesto a precios y menor bienestar para el consumidor”.
“Si este fuera el caso no estaríamos haciéndoles pagar a las empresas del régimen por los beneficios obtenidos durante todos estos años sino, una vez más, a todos los consumidores”, cerró Juan Manuel López.
Le salió al cruce el diputado del Pro Héctor Stefani. También fueguino, replicó: “Estimado, creo que hay un desconocimiento enorme sobre la importancia y el impacto que tiene la Ley 19.640 en Tierra del Fuego. Es una de las pocas políticas públicas que se mantuvo por 50 años”.
Tito Stefani aclaró que “no se trata de una ley con beneficios para los industriales, se trata de una ley de promoción y desarrollo económico de una provincia que era habitada por 13 mil habitantes, de los cuales más de la mitad eran extranjeros”. Y agregó: “Hay que terminar con la mirada centralista de la Argentina y pensar en un país federal. Esta ley permitió que un territorio nacional se convirtiese en una provincia. Impulsó la industria fueguina, generó inversión, empleo, crecimiento y soberanía de nuestro territorio”.
“Como se lo dije a Massa cuando presentó esta misma iniciativa en el último presupuesto, atacar políticas de incentivos que generan desarrollo no es el camino”, advirtió Stefani, para quien “hablar de terminar con la Ley 19.640 es sumamente irresponsable por parte de cualquier legislador y más aún si no vive en Tierra del Fuego”.
Otro diputado del Pro, Federico Frigerio, también reaccionó exigiendo el “retiro inmediato” de ese proyecto de ley que “no hace más que exhibir el carácter unitario, el desconocimiento territorial y centralista que tiene ese espacio político. Vengan a conocer nuestra industria cuando quieran”.
A su vez, Pablo Daniel Blanco dijo comprender cabalmente que “todas las leyes son perfectibles, pero entiendo también que no se puede borrar de un día para el otro una realidad existente construida durante medio siglo de esfuerzo mancomunado. ¿Tiene precio la soberanía nacional? La respuesta es no. ¿Puede mejorarse la Ley existente? La respuesta es sí.
“Los fueguinos estamos dispuestos a conversar y a dar todos los debates que haya que dar, pero jamás permitiremos intromisiones de esta especie que pretenden derribarlo todo. ¿Debe cambiar el Régimen de Promoción Industrial Fueguino para adaptarse a los nuevos tiempos económicos y tecnológicos en un contexto de crisis? La respuesta es sí. Pero de allí a suprimirlo sin más hay una distancia absolutamente inaceptable”, concluyó Blanco.
Más allá de la reacción dentro del propio Juntos por el Cambio, en el Frente de Todos reaccionaron también de manera airada contra la iniciativa de la CC. Exgobernadora fueguina, Rosana Bertone rechazó el proyecto “que persiste en la idea de eliminar el régimen industrial de nuestra provincia bajo el falso argumento del encarecimiento de los productos electrónicos”.
Sostuvo que “la industria fueguina genera miles de puestos de trabajo ocupados por trabajadores y trabajadoras oriundos de todo el país, y sustituye importaciones que sólo benefician a empresas que no generan trabajo argentino”, y agregó: “Este proyecto es consecuencia de la mirada centralista de diputados a los que sólo les interesa la ciudad de Buenos Aires”.
“Trabajaremos para que ninguna propuesta que atente contra el trabajo fueguino avance en el Congreso de la Nación”, concluyó.
En el mismo sentido se expresó la diputada Carolina Yutrovic (Frente de Todos), que reaccionó frente al comentario de Juan Manuel López sobre “un par de vivos”. “¿Se refiere así un diputado de la Nación a toda la población fueguina alcanzada por la Ley de Promoción Económica y Fiscal (19.640)?”, se preguntó la diputada fueguina, que agregó: “A más de 11.000 argentinos/as que trabajan en las fábricas radicadas bajo el Subrégimen de Promoción Industrial?
Para Yutrovic, “los diputados firmantes no dimensionan la gravedad del impacto que tendría sobre Tierra del Fuego y sus habitantes”, y concluyó: “Ofende a mi provincia toda, que desde el desconocimiento y el prejuicio, propongan eliminar una ley que es columna vertebral para su desarrollo”.
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