Para este miércoles una senadora pampeana organizó un evento en el que presentarán el proyecto que hace dos semanas fue aprobado en Diputados.
El pasado 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Es ese proyecto que si bien sus promotores en la Cámara baja se propusieron no ponerle nombre propio, es bien conocido por el de Ley Lucio.
Es que refiere al crimen del pequeño Lucio Dupuy, una criatura de apenas 5 años que murió por los castigos que durante largo tiempo le aplicaron su madre y la pareja de esta. Ese hecho ocurrió en La Pampa y por eso uno de los autores de la iniciativa que obtuvo media sanción de Diputados es un diputado de esa provincia, Martín Maquieyra (Pro). Ahora una senadora de ese mismo espacio y esa provincia, Victoria Huala, se propone buscar la atención de sus pares para que lo conviertan en ley próximamente.
Lo hará este miércoles a partir de las 11, en el Salón Auditorio Emar Acosta, edificio Alfredo Palacios, piso 5. Allí realizará un evento en el que hablarán de esa iniciativa que espera el inicio de su tratamiento en las comisiones del Senado.
La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios del citado plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
