El bloque de diputados nacionales de la UCR, encabezado por sus autoridades, pedirá el juicio político contra el presidente Alberto Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema en relación a la restitución de fondos a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.

Según pudo saber parlamentario.com, los legisladores se encuentran redactando el proyecto de resolución que se presentará este lunes por la tarde o, a más tardar, este martes a primera hora.

No será la primera vez que desde Juntos por el Cambio pidan el juicio político contra el jefe de Estado: ha sucedido en el caso del “Olivos Gate” y, más recientemente, por declaraciones que Fernández tuvo para con el fiscal Diego Luciani, quien acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Este viernes, en conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en conferencia de prensa que el interbloque de JxC iba a avanzar en el Congreso con todas las acciones que pudiera.

Si bien el pedido de juicio político es un gesto significativo, es muy difícil que se convoque a tratar el proyecto en la comisión homónima, pues siempre está en manos del oficialismo. Actualmente es presidida por la entrerriana Carolina Gaillard. Además, para poder destituir al acusado se requieren los dos tercios de cada Cámara del Congreso.

Este miércoles la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de coparticipación que tuvo hace dos años atrás.

En septiembre de 2020, mediante decreto, el presidente bajó de 3,5% a 2,32% la coparticipación de la Ciudad para atender el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Tres meses después, en diciembre de ese mismo año, se aprobó una ley en el Congreso para llevar a 1,4% la coparticipación para el territorio porteño, en concepto de los gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito durante el gobierno de Cambiemos.

Luego de la decisión del máximo tribunal, el presidente se reunió con más de una docena de gobernadores y anunció que no cumplirá el fallo, al que calificó de “imposible cumplimiento”, además de afirmar que recusaría a los miembros de la Corte.