Nada positivo para una economía con tres dígitos de inflación augura una pelea política sin cuartel de carácter institucional. Para eso el presidente ha tomado en sus manos el bastón de mariscal que su vice recomendó a la dirigencia peronista, con objetivos de difícil cumplimiento.
Por José Angel Di Mauro
Un gobierno parcelado. Eso ha sido la experiencia del Frente de Todos a lo largo de toda su gestión. Y en el inicio de su último año, lo expone de manera más clara y concreta. Un gobierno en el que cada cual atiende su juego.
Cuyo presidente de la Nación se ha desentendido del manejo de la economía, encomendada a quien pidió hacerse cargo de ella. Si le va bien, se probará el traje de candidato; si le va mal, el presidente se habrá desecho de un competidor. Por más increíble que pueda sonar. El subconsciente funciona de maneras imprevisibles.
Solo así puede entenderse semejante embestida de parte de Alberto Fernández contra el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Con las previsibles consecuencias en la economía: con una inflación por las nubes, una feroz deuda, carencia de dólares y desajustes macroeconómicos de todo tipo, nada más desaconsejable que el “ruido político” que genera una medida de tal envergadura encabezada nada menos que por el Poder Ejecutivo.
Desde el primer día del año en el que el presidente se despachó con semejante anuncio, se han abierto todo tipo de especulaciones respecto de las razones por las que tomó tal determinación. La mayor parte de las mismas apuntan a la búsqueda de un protagonismo presidencial que lo mantenga en carrera para aspirar a la reelección. Que su nombre figure cuando se cierren las listas, en el mes de junio. Y conseguir con esta sobreactuación no ser vetado al menos por el Instituto Patria.
El objetivo de esta estrategia no es que el juicio prospere. Eso lo tienen claro todos, habida cuenta de que en ninguna de las dos cámaras el oficialismo -tampoco la oposición- tiene los 2/3. Estamos hablando del 66,6%, imposible cuando en Diputados el Frente de Todos tiene el 45.9% y Juntos por el Cambio el 45%. En el Senado, donde el oficialismo sí puede alcanzar la mayoría, cuenta con el 48,6%, mientras que JxC tiene el 45,8%.
La finalidad de esta movida es simplemente habilitar el dictamen acusatorio en el seno de la Comisión de Juicio Político. Ahí sí el FdT tiene mayoría. Ajustada, pero mayoría al fin: 16 miembros sobre 31 integrantes en una comisión donde JxC tiene 14 y el restante es el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que rechaza la medida oficial. Con ese número le alcanza al oficialismo para arrancar “la investigación”, que se extenderá como mínimo dos meses. La clave está en las prerrogativas reglamentarias que tiene dicha comisión, tales como impulsar inspecciones; registro y secuestro de elementos; intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas; interrogatorio de personas.
No es que la comisión se pueda “cortar sola” para llevar adelante tales medidas. En el caso de que haya motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas relacionadas con la investigación, la comisión solicitará al juez federal que corresponda el registro del domicilio y el secuestro de aquellas que puedan servir como medios de prueba. Lo mismo pasa con la intercepción de comunicaciones.
En caso de que los elementos de prueba a procurarse tengan vinculación con un hecho ilícito que haya dado origen a una investigación judicial, la solicitud de registro y secuestro deberá ser realizada al juez que entienda en la causa.
Esas cosas entusiasman a dos integrantes de esa comisión como Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, mastines de la vicepresidenta de la Nación que suelen avanzar con medidas de ese tipo en la Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Pero en ese caso, lo que se hace en esa comisión es secreto. No así con la sustanciación de un juicio político y eso es lo que los entusiasma.
El plato fuerte son los interrogatorios: si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar “los alcances de tal ilicitud”. Eso dice el reglamento de la comisión, que precisa además que “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”.
Los denunciados en este caso son los cuatro miembros de la Corte, que se negarán seguramente a declarar de manera presencial y difícilmente lo hagan por escrito. Como sea, el objetivo para entonces estará cumplido.
La oposición analiza por estas horas qué actitud tomar cuando llegue la convocatoria a comenzar las reuniones. Algunos especularon con la posibilidad de no asistir, para “no prestarnos al show”, tales las palabras de un miembro de JxC, aunque otro encumbrado diputado del Pro, que integra esa comisión, aclaró que todavía no había habido reuniones del bloque para analizar qué hacer, sino solo intercambios entre los miembros de esa comisión, pero relativizó la posibilidad de ausentarse. En diálogo con este medio, admitió que eso sería “dejarles todos los micrófonos a ellos”.
“Además, no es que convalidemos con nuestra presencia un proceso fuera de reglamento”, por cuanto la convocatoria a esa comisión es totalmente válida.
Está en debate en el seno de la oposición si llevan a la comisión también los pedidos de juicio político que ellos promovieron contra esta administración. No son pocos: Alberto Fernández acumula una docena; Cristina Kirchner 3; y el resto es contra los ministros Aníbal Fernández (6), Santiago Cafiero (3); Sabrina Frederic (3); y Wado De Pedro, Martín Soria, Ginés González y Nicolás Trotta (1). Se verá, pues en ese caso el FdT cuenta con los votos para abortar ese debate.
Saben en JxC que el oficialismo también incluirá en el proceso los pedidos que inició oportunamente la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti. Cuestión de incomodar a la principal oposición y generar divisiones en su seno. Todo suma.
Probablemente el martes los jefes de Juntos por el Cambio se reúnan para definir cuál será la estrategia a seguir. Lo que sí está confirmado es que ese día el Frente de Todos mantendrá una reunión de bloque para informar a sus miembros sobre lo que viene para extraordinarias.
El Gobierno ya anunció que convocará a sesiones extraordinarias a partir de la segunda quincena de enero. Se verá con qué temario, pero los prioritarios para Sergio Massa son el blanqueo para cuentas en el exterior; el proyecto que modifica la normativa sobre lavado de activos; y el tan postergado proyecto de agrobioindustria, el primero que el ministro de Economía pidió se aprobara al asumir.
Empero, en este contexto se hace casi imposible que cualquier ley pueda llegar a salir. No le será fácil al oficialismo sesionar, atento a los antecedentes del final del año pasado en la Cámara baja, donde todos los puentes se rompieron. Y cualquier recomposición estalló por los aires a partir de la decidida intención oficial de avanzar con el juicio político a la Corte Suprema.
Ese es el motivo de preocupación de Sergio Massa, que ve a un Congreso paralizado y leyes que necesita que, en estas circunstancias, no pueden salir. Y con el clima político espeso que hay, menos.
En ese clima incide el camino elegido por el Hobierno para avanzar con su embestida. Si bien en el proceso contra los cortesanos harán hincapié en un supuesto “mal desempeño” basado en el accionar del Tribunal Supremo respecto de los fallos sobre la coparticipación y el Consejo de la Magistratura, argumentando que avanzó sobre otro poder de la Nación, quieren utilizar los supuestos chats tomados de manera ilegal del teléfono de Marcelo D’Alessandro. Una vía de tan baja probabilidad de éxito como la obtención de los 2/3. Pero vale también para complicar a la oposición. No por nada voces oficialistas salieron a dar por sentado que la “filtración” se vincula con la interna entre los principales aspirantes presidenciales del Pro.
Desde ese mismo espacio descartan tal posibilidad y sugieren que semejante tarea solo puede ser atribuible a elementos con los que solo cuenta el Estado. En tren de hipótesis, circula la versión de que la búsqueda originalmente estaba destinada a vincular a la oposición con el magnicidio, hasta que se toparon con otros elementos y se reorientó la operación. Versiones de todo tipo, en tiempos de grieta infinita.
