Los senadores designados para formar parte del Consejo de la Magistratura por parte del oficialismo sostuvieron que la Corte “no debe estudiar” a los miembros y debe adoptar medidas constitucionales para evitar la paralización del organismo.
Desde hace casi tres meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resuelve todavía sobre la toma de juramento de los representantes del Senado de la Nación en el Consejo de la Magistratura, bajo el argumento de que las designaciones “se encuentran a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento”.
En ese marco, tanto Mariano Recalde como María Inés Pilatti Vergara y Martín Doñate, realizaron una presentación ante la Corte, puntualmente a su presidente Horacio Rosatti, exigiendo que se les tome juramento para que se concrete la conformación constitucional del Consejo de la Magistratura y aseguraron que evalúan otras acciones administrativas, civiles y penales para lograr que se cumpla la ley y el órgano deje de estar paralizado.
En las tres notas, los senadores sostuvieron que “la única atribución que la ley pone en cabeza del presidente del Tribunal es recibir el juramento a las personas nombradas” y que no es competencia de la Corte Suprema “estudiar” las designaciones. Asimismo, recordaron que el máximo tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.
Por otra parte, consideraron que el accionar de la Corte es “discriminatorio” ya que “sin justificación alguna, propina a los nuevos consejeros senadores un trato distinto que el brindado a los otros consejeros, aún en los casos de designaciones cuestionadas o conflictivas”. Se refieren al caso de la diputada Roxana Reyes, quien ya tomó juramento como consejera a pesar de que su designación fue cuestionada por un fallo judicial que -siguiendo el criterio que aplicó la Corte en el Senado- establece que ese lugar no pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical.
Por último, los senadores expresaron que además de “abusiva, arbitraria y discriminatoria”, la decisión de la Corte tiene un carácter “de facto”, porque no está debidamente formalizada; y “difuso”, ya que no explica las razones del “estudio” de las designaciones ni establece cuánto tiempo durará tal proceso.
Para los senadores, este accionar representa “una grave amenaza para la salud institucional de la República”.
