El exdirector de la OSPJN volvió a ausentarse por segunda vez a la reunión. Desde JxC pidieron que compadezca acompañado de su abogado, pero el FdT lo rechazó. Este martes fueron tres los testigos, el principal Héctor Marchi.
En el marco de la undécima jornada -la séptima con testigos- de la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, se presentaron a testificar el docente universitario Gustavo Montanini, el prosecretario letrado de la Corte Suprema, Enrique de Vedia, y el exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi.
Al final de la reunión, que duró más de cinco horas, se resolvió volver a citar bajo apercibimiento de informar de la ilicitud al juez al exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento. Este martes tampoco concurrió y, a través de su abogado Mauricio D’Alessandro, justificó su incomparecencia.
Desde Juntos por el Cambio plantearon que Tonón compadezca ante la comisión acompañado de su abogado, pero el oficialismo rechazó esa idea.
En tanto, hubo cambios en la lista de testigos, ya que el secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici pidió una “reprogramación de su citación por las nuevas funciones que cumple a partir del dictado de la Acordada 11/23”, informó Gaillard. Mientras que el médico legista Enzo Canónaco justificó, a través de certificado médico, su ausencia por razones de salud. Finalmente, a las afiliadas de la OSPJN Valeria Díaz y Laura Ambrosio se les reprogramó el testimonio por la extensión de la reunión que se prevé para el jueves a partir de las 11.
Es que se resolvió que la próxima reunión no sea el martes, por el feriado del lunes. Al final, se puso en discusión hacerla el miércoles o el jueves y se eligió el segundo día.
El Frente de Todos en la comisión busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos en la obra social, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.
Pero la causal de irregularidades en la obra social es también uno de los puntos del expediente que presentó la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, precisamente a quien responde Marchi, por eso se esperan posibles contrapuntos durante la reunión.
Primer testigo en declarar este martes, Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte, se refirió a la auditoría interna que realizó junto a otro abogado y dos contadores sobre la obra social del Poder Judicial, en cuanto a cuestiones “económicas, financieras, de legalidad y de gestión”. Afirmó que el plan de trabajo fue determinado por esa comisión interdisciplinaria que integró y no por la Corte. Para la misma, que abarcó un análisis desde abril de 2008 a septiembre de 2021, se tuvieron en cuenta auditorías realizadas anteriormente por la AGN, contó.
Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario del máximo tribunal dijo no tener conocimiento sobre una “acordada o resolución” que haya designado como encargado de la obra social a uno de los ministros. “El control depende de la Corte Suprema en su conjunto”, dijo e insistió en desconocer si el juez Juan Carlos Maqueda había sido designado o había estado a cargo de hecho, como interrogó la oficialista.
De Vedia confirmó que, de acuerdo con la información recibida por la obra social, en el período auditado no se cubrieron los cargos de la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna. “No se cubrieron esos cargos, estaban vacantes”, afirmó y detalló que en el caso de los subdirectores, “según el estatuto es una designación compleja”, porque “los designa la Corte, pero a propuesta del directorio”.
Sobre la falta de presupuestos, el letrado ratificó que en el período que abarca la auditoría “no se confeccionaban”. Según el estatuto, que él mismo leyó, el directorio lo debía elevar ante la Corte, pero señaló que no tenía conocimiento de si la Corte exigía el presupuesto al directorio: “Nosotros auditamos la obligación y el funcionamiento de la obra social. No tengo conocimiento si la Corte lo solicitó”.
Al responderle al diputado Juan Manuel López (CC-ARI), el testigo explicó que en el caso de las licitaciones y contrataciones “interviene la propia asesoría jurídica de la obra social, no la de la Corte”, aunque “según la relevancia de la licitación en algunos casos se elevó a la Corte la decisión respecto de la licitación o adjudicación” y, más precisamente, a la presidencia del máximo tribunal.
En una de sus intervenciones, la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) dejó en claro que “no hay una norma que establezca o exija la obligatoriedad de que (esta obra social) se maneje a través de presupuestos”. Y resaltó que “la pelota está en nuestra cancha”, porque habría que lograr que este organismo como otros adapten “sus sistemas a la Ley de Administración Financiera”. Sin embargo, los oficialistas Germán Martínez y Rodolfo Tailhade (FdT) consideraron que sí le cabe a la obra social la obligatoriedad de presentar los presupuestos, al estar bajo la dependencia del Poder Judicial, el cual está contemplado en la Ley de Administración Financiera.
Al momento de las preguntas, Tailhade interrogó a De Vedia sobre las delegaciones de firma que hizo el exdirector Aldo Tonón y concluyó en que “por lo menos entre 2016 y 2021 existió una sola persona en el directorio, que era el doctor Tonón, y no había subdirector médico ni subdirector administrativo, con lo cual cualquier delegación de firma era totalmente antiestatutaria porque solo a esas personas podía delegarse”, subrayó el legislador
Luego fue el turno del docente universitario y contador Gustavo Montanini quien conformó la Comisión de Auditoría de la Obra Social al ser contratado “externamente”. Al ser consultado por la diputada Siley sobre las dificultades que tuvieron al iniciar el trabajo y el plazo para la realización de la auditoría, comentó que tenían un plazo de 120 días que “no” pudieron cumplimentar por lo que solicitaron una prórroga para poder terminarlo.
“Al principio tuvimos más dificultades por el espacio físico y decidimos hacer un intercambio de información para poder analizarla por separado”, agregó y manifestó que los motivos por los que no pudieron cumplir el plazo “pueden ser varios” porque para poder iniciar el trabajo de revisión de la documentación “tuvimos que esperar un plazo significativo y la dinámica que tuvimos en la revisión hizo que no pudiéramos constatar inmediatamente las dudas que pudiéramos tener”.
Al respecto, informó que “el pedido de información exigía por parte de la obra social, un análisis de lo que estábamos pidiendo, la devolución y un análisis de nuestra parte y si teníamos preguntas para hacer teníamos que repetir el pedido o recurrir a la obra social para sacarnos las dudas o a veces la información nos llegaba en forma parcial y no pudimos hacer el análisis en los tiempos en los que hubiésemos querido”.
Y sumó: “El no contar con un espacio físico, fue el detonante por el cual empezamos a pedir la información y recibir respuestas que solicitábamos”.
Por otro lado, se refirió a las dificultades al no contar con una Auditoría Interna: “Cuando uno hace un proceso de revisión, se basa en informes de auditoría interna y utiliza como disparador esos informes. Al no existir la auditoría interna no existían los informes por lo tanto tuvimos que arrancar de cero con 13 años de proceso de revisión”. “El informe por el que comenzamos es el número uno, elaborado por Héctor Marchi”, afirmó Montanini.
Siley también le preguntó por los movimientos al Banco Nación, puntualmente por el ingreso de mas de 7 millones de pesos que “dicen que no pueden identificar su procedencia. ¿Qué significa esto?”. El contador explicó que “cuando se realizan conciliaciones bancarias recurrentes explican cuáles son los movimientos que aparecen como partidas conciliatorias. En este caso podemos ver que hay elementos que están identificados y otros ingresos que no, producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social”.
“Nosotros intentamos revisar esas conciliaciones bancarias, pero no existieron, por lo que esa diferencia de 7 millones de pesos es una diferencia que no pudimos comprender cuál era el ingreso que refería a ese monto”, informó y contó que pidieron “explicaciones” sobre “todos los movimientos bancarios y no recibimos explicación sobre esos 7 millones de pesos”.
En ese sentido, precisó que las consecuencias de no contar con conciliaciones bancarias es que “no existen controles regulares sobre las cuentas bancarias”.
El último en declarar fue el exadministrador Héctor Marchi quien se despachó con dureza hacia los miembros de la Corte y dejó al descubierto la “informalidad” con la que se manejan. También apuntó contra Silvio Robles y denunció que su desplazamiento fue una “sanción encubierta” y que es “víctima de seguimientos y amenazas”.
