El auditor del Frente de Todos (FdT) Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en el que se da cuenta de “la falta de normativa y procedimientos operativos para las actividades del Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans (PITT), la Red Diversa, Casa Trans y Casa Orgullo, lo que implica que no se cumplan sus objetivos”.

En ese sentido, el informe describe falencias en materia de rendición de cuentas, ya que la normativa establecida por el Gobierno de la Ciudad para la tramitación de subsidios destinados a las organizaciones del colectivo LGBTIQ+ carece de los principios básicos para la rendición del subsidio otorgado. En particular, los expedientes electrónicos presentaron defectos en relación a los requisitos sobre la documentación requerida y el circuito de tramitación de los subsidios para las organizaciones de la comunidad LGBTIQ+. Además, se encontró que el 42% de los actos administrativos aprobatorios de las modificaciones presupuestarias no habían sido publicados.

Atento a esta situación Teszkiewicz afirmó que “en nuestro informe se relevó que el programa recibió más de 700 CV desde su creación en el 2017, pero hasta la fecha sólo se incluyeron laboralmente a 100 personas, tanto en el ámbito privado como público, lo que resulta un número bastante irrespetuoso para las necesidades del colectivo, parece un insulto que con el presupuesto millonario que maneja Larreta en publicidad haya alcanzado a menos de mil personas con la propuesta de ingresar al programa, y no le haya podido resolver la inclusión laboral de más de cien”.

En cuanto a la Red Diversa, según la página web “cuenta con 100 integrantes de distintas áreas del gobierno. Este grupo incluye tanto personas que pertenecen al colectivo LGBTIQ+, como todas aquellas que se encuentran comprometidas con la diversidad, la inserción e inclusión laboral y la visibilización del colectivo LGBTIQ”.

Además el auditor peronista advirtió que “en nuestro relevamiento descubrimos que sólo hubo 8 encuentros y 3 capacitaciones, lo que nuevamente es irrisorio frente a las dimensiones del desafío, una vez más se demuestra que el gobierno de Rodríguez Larreta, utiliza la temática sólo para su PROpaganda, sin dar soluciones y desarrollar políticas públicas serias y sostenibles”.

Al mismo tiempo que consideró que la falta de control interno presenta serias limitaciones para saber si se cumplen con los objetivos del programa y si se vulneran los derechos de la comunidad. “Esta auditoría sea un llamado de atención para que se tomen medidas y se implementen los cambios necesarios para garantizar la efectividad de este importante programa en la Ciudad de Buenos Aires”, continuó con su análisis el auditor del peronismo por la Ciudad.

“El procedimiento para las denuncias no cuenta con la definición de la derivación de las mismas, requisito formal para su efectivo tratamiento. En este contexto se carece de sistemas, procesos y procedimientos que permitan efectuar actividades de control externos a la gestión en los casos de denuncias reservadas que tramitan en el marco de la ley antidiscriminación y que salvaguarden la identidad de los involucrados. Asimismo, se ha observado la ausencia de un servicio legal específico para el abordaje de la ley antidiscriminación”, advirtió.

Sobre esa misma línea, Teszkiewicz afirmó que “es urgente y prioritario que el gobierno porteño tome en cuenta las graves fallas y deficiencias en su gestión, en materia de Diversidad y Género, las cuales vulneran los derechos de la población LGBTIQ+. Para Larreta este colectivo es tan poco importante que el Programa Integral de Promoción de Derechos LGBTIQ+, está en responsabilidad de una Subsecretaría que depende de la vicejefatura de Gobierno, en una ciudad donde el vicejefe de gobierno renunció para irse a hacer campaña a la Provincia de Buenos Aires”.

“Es hora que la ciudad más rica del país, que suele hacer gala de una diversidad cultural resaltante en el mundo, se haga cargo de sus responsabilidades con el colectivo LGBTIQ+ gestionando y financiando verdaderamente, que favorezcan la integración social, económica y laboral de su población, así como el acceso a la educación, a la salud y a todos los derechos ciudadanos que debería garantizar una democracia plena”, sentenció.