La Comisión de Acuerdos del Senado llevó a cabo este martes la primera de las dos audiencias programadas para evaluar los pliegos de 47 candidatos a cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de distintos puntos del país. 

En el arranque, en un breve trámite sin discusión, fueron ratificadas las autoridades: la mendocina kirchnerista Anabel Fernández Sagasti como presidenta; la porteña del Pro Guadalupe Tagliaferri como vice; y la misionera Magdalena Solari Quintana, aliada del oficialismo, como secretaria. 

En la primera jornada los senadores interrogaron a 24 postulantes, propuestos por el Poder Ejecutivo. En tanto, este miércoles asistirán los restantes, entre los que se encuentra la jueza Ana María Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien en agosto próximo cumplirá 75 años. La magistrada tiene un voto determinante en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, Figueroa deberá decidir sobre los planteos para que las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces se vuelvan a reabrir o no.

Interna santafesina 

De los candidatos que expusieron este martes, cuatro correspondían a la provincia de Santa Fe, y tres específicamente a Rosario. Román Lanzón, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, arrancó su presentación: “Como todos sabemos la jurisdicción de Rosario está atravesando una situación realmente muy problemática, particular y coyuntural muy especial, no vinculada exclusivamente al tráfico de estupefacientes, porque ese flagelo trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe, es una problemática nacional; pero sí en lo que hace al aumento de la tasa de litigiosidad penal a niveles exponenciales y a un grado de violencia urbana inusitada, que no solo impacta en el fuero federal sino también en el fuero provincial”. 

Por otra parte, consideró que “hay una ventaja que tiene la provincia de Santa Fe, no son todas cosas negativas, y es que hace aproximadamente una década tiene implementado un Código Procesal Penal Acusatorio Adversarial que tiene la misma impronta ideológica y operativa que el Código Procesal Penal que fue sancionado por este Congreso allá por 2014 y espero prontamente pueda ponerse en funcionamiento en Rosario y el resto del país, como había sido propuesto por la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código”. 

A su turno, Matías Scilabra, candidato a fiscal ante los juzgados de primera instancia de Rosario, Fiscalía N°2, detalló que “en el año 2022 en esta fiscalía federal ingresaron 1.500 nuevas causas, de las cuales 500 fueron civiles y 1.000 penales. De estas causas penales, el 80% representaron causas vinculadas a la Ley de Drogas, esto tiene también que ver con que en Santa Fe no está desfederalizado el narcomenudeo”. 

Los otros postulantes que se presentaron este martes fueron Ramiro Villamayor, propuesto como defensor público ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, Defensoría N°3; y Pablo Vacani, como defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. 

Precisamente mientras exponía Vacani, el senador Dionisio Scarpin (UCR-JxC) reclamó con énfasis al jefe del interbloque oficialista, José Mayans, que “se ponga en funcionamiento la bicameral” encargada del control y monitoreo de implementación del Código Procesal Penal, pedido que se acrecentó en marzo pasado con la escalada de violencia narco en Rosario y que fue uno de los puntos centrales durante el debate de la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal santafesina. Si bien Diputados ya nombró a sus representantes en la comisión, el Senado todavía no lo hizo. 

El legislador de Juntos por el Cambio solicitó que “se designen las personas que hacen falta para que funcione el sistema”. “Dejemos de dar vueltas. Designen los representantes y empecemos a laburar”, expresó y cuestionó el sistema actual que “es obsoleto, viejo, poco transparente, totalmente ineficiente, se dilapidan recursos y lo peor de todo es que no le podemos resolver los problemas a la gente”. 

“El Código Procesal Penal fue sancionado en diciembre de 2014 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, recordó el senador Oscar Parrilli (UC-FdT) y apuntó que “el gobierno del macrismo, del cual estos senadores parecen extraterrestres, lo derogó, lo freezó”. “Todos estamos de acuerdo en implementar el Código Procesal Penal, no solo en Santa Fe, en todo el país, Santa Fe no es una isla, sino pareciera que acá lo único que interesa es la isla de Santa Fe. Si hay responsabilidades son del macrismo”, agregó. 

Salió a responderle la senadora Carolina Losada (UCR-JxC), quien minutos antes había tenido un cruce con Mayans. “Parece que el senador Parilli viviera en Narnia, y la verdad que tomo muy ofensivo que hable de la isla de Santa Fe, porque debería como senador de la Nación saber la situación que estamos viviendo. Se sigue basando en el ‘ah, pero Macri’ ya la verdad apolillado, les pido que busquen otra, porque quedan en ridículo insistentemente”, lanzó la precandidata a gobernadora dentro del “Frente de Frentes”, donde competirá en la interna contra Maximiliano Pullaro y Mónica Fein.

Pero además, la radical cargó contra el precandidato a gobernador del peronismo, el senador Marcelo Lewandowski: “Si usted realmente cree que Santa Fe es una isla pregúntele los casos al senador Lewandowski que lo tiene al lado, aunque tampoco la tiene muy clara porque por algo no quiso acompañar el proyecto de infancias protegidas, ni el de emergencia de seguridad para Santa Fe, porque parece que desconoce la situación y tampoco quiso firmar el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal”. “Que después se maquille un poquito y diga que lo quiso tratar sobre tablas no quiere decir que lo haya querido impulsar, todo lo contrario”, se quejó. 

Lewandowski recogió el guante y le contestó: “Tiene un problemita de comprensión de texto la senadora, porque ya demostré 100 veces que presenté un proyecto que no era similar al que presentó ella, y lo presenté antes, y hasta le pedí a la senadora y a Scarpin que me acompañaran en mi oficina”. 

Y cuestionó si cree que “todo lo que presenta todos lo tenemos que acompañar creyendo que es la verdad revelada… si creen que a las infancias las vamos a proteger por una ley, a las infancias las vamos a proteger dándoles más alimentos, más salud, más educación”. Y dijo que eso se hace con “una inversión concreta y directa” y “metiéndonos todos los días de la semana en Rosario y en toda la provincia, no viviendo afuera y llegando cada tanto”. 

Pusieron la lupa sobre dos candidatos de Jujuy

Entre las designaciones que se evaluaron hubo candidatos a cubrir cargos en Santiago del Estero, Corrientes, Rosario y ciudad de Santa Fe, Jujuy, La Rioja, Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), Puerto Iguazú (Misiones), Tucumán, Paraná (Entre Ríos) y San Rafael (Mendoza). A todos se les consultó su visión sobre el impuesto a las Ganancias y respondieron favorablemente en relación a la ley que se votó en 2017. 

Al exponer Diego Martín Matteucci, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, la senadora Silvia Giacoppo (UCR-JxC) lo consultó por dos impugnaciones en su contra. “Como jujeña tengo la responsabilidad de que usted me responda, porque no lo hizo en forma satisfactoria cuando recibió las impugnaciones sobre dos temas que para mí no son graves, sino son gravísimos”, planteó la legisladora. 

En primer lugar se refirió a que “en el año 2018, cuando se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Jujuy, tras realizarse un control en un depósito bajo su responsabilidad se constató el faltante de 58 kilos de cocaína y dinero que fue incautado en distintos procedimientos”. “¿La sentencia que lo sobresee está firme?”, interrogó entre otras consultas. 

El postulante aclaró que cuando concursó “no tenía ninguna causa” en la que estuviera imputado y que en la causa de ese hecho “hubo una sola persona imputada”, pero luego en una investigación que se desprendió “se quiso analizar mi conducta por los supuestos incumplimientos de deberes de funcionario público y cuestiones relativas a mi accionar”. Sin embargo, en una resolución de la que participaron la Procunar, fiscales y jueces de Salta y Jujuy, fue sobreseído. “El fallo se encuentra firme y consentido”, afirmó Matteucci e incluso defendió que “este faltante se había podido descubrir a partir de los mayores controles y mayor rigurosidad que tuve yo”. 

Luego Giacoppo lo consultó por una denuncia de acoso laboral y sexual, que “surge de un mail en el cual una madre pide ayuda en forma anónima, diciendo que no va a dar los datos de su hija, que es una dependiente de su juzgado, porque tiene miedo a represalias”. “Me veo en absoluta indefensión de contestar algo que no sé de dónde viene y que claramente niego rotundamente”, dijo el postulante y agregó: “Nunca he recibido algo ni siquiera parecido a esto, escapa a mí poder saber de dónde viene. Sé que no tiene ningún asidero posible”. También aseguró no haber sido notificado y que se había enterado el día anterior a la audiencia, aunque la senadora recordó que la denuncia fue radicada el 16 de este mes. 

La senadora jujeña también realizó numerosas preguntas por varias impugnaciones a Carina Gregoraschuk, postulada como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Jujuy.