Comunicaciones e Informática emitió el último dictamen que faltaba y la iniciativa ya puede ser debatida en la próxima sesión, si así lo disponen. Polémica por los discursos de odio.
La Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja se reunió este miércoles para tratar y emitir dictamen sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, contemplando la figura de violencia de género digital.
El tema iba a ser debatido el pasado 30 de mayo en un plenario con la Comisión de Mujeres y Diversidad, pero al prever que no tendría quórum, solo sesionó ese día la comisión que dirige Mónica Macha, por lo que Comunicaciones e Informática se reunió este miércoles para completar el circuito. Ahora sí quedó listo el tema para llegar al recinto.
Se trata de un proyecto bien transversal, y prueba de ello resultó el hecho de que quien presidiera el debate en una comisión que encabeza el oficialismo fuera una diputada radical, Karina Banfi. En realidad, ella lo explicó al inicio de la reunión, al aclarar que el presidente de la comisión, el kirchnerista Pablo Carro, está con una liciencia por temas de salud. “Y me ha pedido que tome la posta”, precisó.
El proyecto, como bien dijo en ese momento Karina Banfi, es de las diputadas Macha (FdT) y Danya Tavela, y “veníamos hablando con Pablo (Carro) de la importancia de poder dictaminarlo en la comisión, porque es muy importante que haya un marco regulatorio en la Argentina en esa materia”. Destacó a continuación el consenso alcanzado y le pidió a la diputada Macha que, a pesar de no ser de la comisión, se encargara de explicarlo.
La diputada del Frente de Todos destacó que con el dictamen que ya se estaba circulando se podría pasar al recinto “para poder seguir avanzando en la búsqueda de iniciativas que permitan erradicar estas prácticas”.
Recordó que esta norma está inspirada en la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de violencia digital y ha impulsado en su país una legislación en la materia que es la que ahora en Argentina se está a punto de replicar. “Lo que busca es poder incorporar a nuestra ley una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género, lo que nos permitirá incluirla en las políticas públicas”, señaló Mónica Macha.
La legisladora oficialista habló de la necesidad de “situar el entorno digital como territorio de esta época: lo que sucede ahí es real; lo virtual es real, tiene efectos en las vidas de las persona”. Habló de los efectos de lo que sucede en la virtualidad, de la difusión de imágenes o videos sin consentimiento, como una nueva forma de violencia que afecta las relaciones humanas.
Esa circulación de imágenes sin consentimiento “es lo que genera un padecimiento psíquico, que tiene después consecuencias en la salud física y personal”, agregó, precisando que esta norma se complementa con la Ley Belén que apunta a poder considerar la violencia digital como un delito y por eso busca establecer una modificación a la ley penal.
A continuación habló la diputada Silvana Ginocchio (FdT),quien destacó el valor de “un proyecto que tiene tanta importancia, por cuanto aborda un problema de enorme gravedad, facilitado por las plataformas digitales, y que en pandemia tuvo un incremento grande y que afecta más a las mujeres”.
“Esta violencia conlleva una violación a los derechos humanos, impide el empoderamiento de las mujeres y el libre y pleno desarrollo a la integridad y los derechos humanos”, agregó la diputada catamarqueña.
El debate se tensó con la intervención de la diputada kirchnerista Florencia Lampreabe, que tras destacar la importancia “del paso que vamos a dar hoy”, valoró abrir este tipo de discusiones para “empezar a entender a las redes sociales y plataformas como un espacio que ya no es de la virtualidad, sino que es parte de nuestra vida cotidiana. Todos tenemos mediada la vida con las plataformas”.
Y a continuación advirtió que “no se puede no hablar de la violencia política, de los discursos de odio y del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Porque lo planteé en su momento: cómo hacemos para poner un límite a los discursos de odio, preservando la libertad de expresión, y cómo hacemos para trabajar en la regulación de las plataformas digitales, que son espacios de autorregulación donde rige el interés empresarial”.
“Yo siempre cito un estudio del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM, porque ellos han estudiado específicamente la esfera pública digital”, señaló Lampreabe, precisando que los casos vienen en aumento. “En los últimos dos años -ellos hicieron un corte de 2020 y 2022-, aumentaron un 10%, y estamos hablando de promoción de los discursos de odio en la esfera pública digital, en torno al 34%; y la admisión de ello llega casi hasta el 50%. Quiere decir que hay una tolerancia a determinados discursos, a bajar el filtro, que ocurre en la esfera pública digital, que en la realidad no”.
En ese sentido destacó que previamente al atentado contra la vicepresidenta “había un clima que se había gestado contra Cristina Kirchner; no me voy a poner a discutir la cuestión digital, no hay duda que se venía gestando un clima a través de los grandes medios, con discursos deshumanizantes”. La diputada oficialista citó el informe del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos, que abonó esa teoría y sostuvo que “lleva 20 años esta generación de un clima que termina pasando a la violencia real”.
Agregó Lampreabe que según las investigaciones señaladas por ella, cuando se estudia en Argentina cuál es el objeto, aparece primero “candidatos y entidades políticas”. Otro componente que aparece cuando se estudian los objetos de odio es que el 70% se destinan a mujeres. En conclusión, para la diputada bonaerense, “es imposible hablar en Argentina de violencia digital a las mujeres sin hablar de violencia política y del intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Lo dije en la Comisión de Mujeres, y también acá”, y llamó a “tomar el compromiso de ver cómo defendemos nuestra democracia”, alertando que las empresas que manejan las plataformas digitales muchas veces están en el exterior y “quedan fuera de las normativas vigentes”.
“Lo que ocurre en las plataformas digitales es un desafío para la comunicación democrática en la Argentina”, concluyó.
Le contestó la diputada Sabrina Ajmechet, que acababa de ser elegida presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión. En su intervención dijo lamentar “que en un proyecto que viene siendo trabajado y que recibió unanimidad en la Comisión de Mujeres, en el medio de esta discusión se traiga otra donde se sabe que tenemos claras diferencias. Ayer se vio cuando vino el jefe de Gabinete, que el oficialismo tiene convicciones determinadas sobre la libertad de expresión, y lamento muchísimo que se traiga acá el ejemplo de un centro de estudios de la UNSAM, que tiene una visión militante y sesgada sobre el tema, y que se esté tratando de ensuciar un proyecto de esta relevancia haciendo chicanas a la oposición y sin llevar a una discusión seria sobre qué es un discurso de libertad y un discurso de odio”.
“No aceptamos eso -enfatizó-. Me gustaría que entienda que es un tema que está en discusión, donde existen miradas puntuales. Me parece lamentable que busquen ensuciar, con el trabajo que da reunir el quórum, con esta visión de la diputada preopinante”.
En el mismo sentido se pronunció la diputada Paula Omodeo (Creo-Tucumán), que tras aclarar que no pensaba intervenir, lo hacía por lo que acababa de escuchar, lamentando llevar ese tema a “una discusión ideológica y política”. “En vez de poner el problema en el centro y trabajar sobre consensos, empezamos a ideologizar una comisión que no tenía por qué. Estamos poniendo las cuestiones políticas sobre los problemas de los argentinos, y los argentinos están cansados de que todas las discusiones sean políticas”, sostuvo.
Subió el tono al reclamarle al oficialismo que “si quieren defender la democracia empiecen a defender a la Constitución, la República, la división de poderes y el principio fundamental del Estado argentino, que es la libertad”, dijo, advirtiendo que “lo que quieren hacer es coartar la libertad de expresión y avanzar con discursos de censura, que es minar los principios fundamentales de la Constitución y el derecho argentino”.
Salió en defensa de su compañera de bancada la oficialista María Rosa Martínez, que aclaró en primer lugar que “los diputados hacemos política, somos militantes y construimos políticas para transformar la realidad. La incorporación de la violencia política dentro de la Ley 26.485 ha sido un avance muy importante y los estudios demostraron que alrededor del 79% de las mujeres padecemos violencia política en los ámbitos donde estamos”.
Por eso, consideró “imprescindible, necesario, una acción que corrobora la dimensión a la que estamos sometidos todos. Particularizar en el caso de la vicepresidenta, pensé que iba a ser algo absolutamente racional en esta comisión, más allá de la ideología política”. Y agregó que “las consecuencias sobre la vida y circunstancia familiar que acontece a Cristina y Florencia (Kirchner) y su desempeño es absolutamente evidente. Nuestra responsabilidad en este sentido es enorme a la hora de aclarar y proponer una dimensión que ya ha sido incorporada a la ley”.
Para María Rosa Martínez, “la regulación de plataformas es una cuestión que vamos a tener presente sin ninguna duda, y me asombra el planteo hacia una universidad pública de reconocida trayectoria y a la Comisión de Seguimiento de Belem do Pará”.
Volvió a hablar Lampreabe para aclarar que su posición era “claramente política” y recordó que “estamos en una casa política. Hablé de debates políticos porque todos tenemos el mandato de hacerlo. No dije ninguna chicana, no entiendo cómo esto ensuciaría el avance que estamos haciendo”. Por el contrario, dijo, “me parece que abre la puerta para contemplar otros aspectos, lo hice con esa intención”, y cerró diciendo que “los discursos de odio en nombre de la libertad de expresión limitan y silencian otras voces”.
Ajmechet aclaró a continuación que no se había referido a la Universidad de San Martín, donde señaló que además da clases, sino “a una investigación de un grupo específico. La UNSAM es una universidad plural”.
Cerró el debate Karina Banfi, que expresó su convicción respecto de que “este proyecto Olimpia y la posibilidad de haber logrado unificar posiciones con el proyecto de la diputada Tavela, junto con muchas diputadas de esta casa, logra configurar la ausencia de herramientas que necesitamos en el marco de lo que llamo la second life, la realidad virtual, en el marco de nuestra exploración y nuestra vida digital. Creo que la ley Olimpia viene a traer un marco que puede ayudar a un punto que es fundamental para mí, la alfabetización digital. Hay mucho desconocimiento y el desconocimiento trae miedo”.
Por otra parte citó su experiencia personal de haber sido amenazada en las redes y aclaró entones que “la culpa no es de Google, es nuestra”. Porque fue la justicia la que demoró en encontrar al responsable, aunque tras dos años y medio lo halló y quedó preso. “Si hay un crimen o alguien te amenaza, lo podés buscar”, dijo, precisando que están las herramientas legales para hacerlo pagar. Y también alertó sobre la responsabilidad de los padres en velar sobre la participación de los menores en las redes.
