Miembros de comunidades que fueron reprimidos durante las protestas de semanas atrás estuvieron en una comisión presidida por la camporista Paula Penacca. Reclaman la creación de una bicameral investigadora sobre los hechos que sucedieron.
Días después de que una comitiva de legisladores del Frente de Todos viajó a Jujuy, el oficialismo convocó este jueves a una reunión en la Cámara de Diputados para recibir el testimonio de miembros de comunidades indígenas y representantes de docentes, quienes formaron parte de las protestas contra la reforma constitucional en la provincia. Durante el encuentro hubo críticas al gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente en la fórmula con Horacio Rodríguez Larreta, y se reclamó por la creación de una bicameral que investigue los hechos sucedidos a partir del accionar policial.
Precisamente sobre esto último hay presentado un proyecto de la diputada camporista Leila Chaher, quien cargó: “Jujuy es un caso testigo de lo que Juntos por el Cambio quiere hacer con todo el país”. A continuación, respondió a las críticas a la iniciativa sobre que “va en contra de las autonomías provinciales” y explicó que “los derechos humanos y los pronunciamientos de los organismos internacionales recaen sobre el Estado nacional”.
“El federalismo tapado de feudalismo es lo que tenemos que discutir en la Argentina del presente, pero también en la del futuro”, expresó la precandidata a senadora de Unión por la Patria en la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside otra camporista, la porteña Paula Penacca.
La legisladora cuestionó la ausencia de la oposición y destacó que “el pueblo jujeño y las comunidades originarias están dando una muestra de dignidad a todos los argentinos por la lucha en defensa de los derechos, y eso no solamente me conmueve, sino me genera un enorme orgullo como jujeña”.
“Estas violaciones las venimos denunciando hace ocho años”, enfatizó y denunció que el gobierno de Morales “ha avanzado con las instituciones y ha degradado la democracia en nuestra provincia de una manera estrepitosa y muy peligrosa”.
Entre los invitados a exponer, lo hizo vía Zoom, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien manifestó que “es lamentable lo que está pasando en Jujuy, la represión que están sufriendo los hermanos y hermanas por reclamar sus derechos”.
“Lo que ha hecho el gobernador Gerardo Morales es violatorio de todos los derechos, no solo de la Constitución Nacional, sino del Convenio 169 de la OIT y de la misma declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios”, señaló.
El presidente de la Comisión Nacional por la Memoria de Buenos Aires y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos aseguró que la reforma constitucional “es ilegal”. También, remarcó que “los recursos y los bienes no le pertenecen a él (por Morales), sino al pueblo” y criticó los “Estados feudales”.
“La democracia que estamos viviendo son democracias delegativas donde después los que nos gobiernan tienen todo el poder de decisión sobre los bienes y recursos del pueblo. Tenemos que trabajar para una democracia participativa, donde los pueblos tengan recursos constitucionales y jurídicos para impedir los abusos de poder como está ocurriendo en Jujuy”, sostuvo.
A su turno, Julio César Valdivieso, integrante del Tercer Malón de la Paz, se quejó: “No hemos sido consultados, no hemos tenido participación para esta reforma constitucional que nos tiene que representar a todos los jujeños”. En ese sentido, reclamó que “se cumpla la Constitución Nacional y con el Convenio 169 de la OIT que tiene que ver con la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas”.
“En vez de recibir un diálogo entre ambas partes, hemos recibido la represión que es de público conocimiento”, apuntó y se mostró a favor de la creación de una comisión bicameral para que “esto no quede impune y haya justicia”. “Hoy existe en Jujuy una persecución a quienes se han movilizado en defensa de las comunidades indígenas”, agregó.
Armando Quispe, también integrante del Tercer Malón de la Paz, coincidió: “Estamos de acuerdo con la creación de una comisión que investigue todos estos hechos en Jujuy”. Tras los hechos ocurridos a fines de junio, Quispe afirmó que “se ha continuado con esta persecución, con amenazas, con el armado de causas”. “Hay un gobierno que se ha dedicado a mentir, a reprimir y tiene tintes de racismo”, dijo sobre la gestión provincial.
Por su parte, Lian Mijael Lamas, un joven de 17 años que perdió un ojo durante la represión, ponderó “el reclamo de las comunidades y los docentes”, quienes “tienen un sueldo totalmente indigno”. “No es justo lo que está pasando, pedimos justicia y que esto no se vuelva a repetir”, expresó y reclamó que “el señor Gerardo Morales se acerque, como dice él, a dialogar con las comunidades, con los profesores, que vaya y dé la cara, que no mande a sus secuaces ni a la policía a reprimir”.
Silvana Soledad Llanes, abogada de Joel Paredes, víctima de represión, también cargó contra el presidente de la UCR: “El señor gobernador no tiene interés de tener diálogo con las comunidades originarias, ni con el pueblo, ni con los docentes, ni siquiera ha pedido disculpas por el uso indebido de las fuerzas”. “No hay seguridad jurídica en la provincia, no existe la división de poderes, no existen las garantías constitucionales; estamos lidiando contra un monstruo”, aseveró.
Otro de los que expuso fue Fernando Chiri, referente de la Asociación de Educadores Provinciales, quien recordó que “venimos hace más de 50 días en una lucha docente que empezó con un paro de 24 horas, para pedir una recomposición salarial que nos correspondía porque nuestro sueldo era muy bajo”.
En el medio, “la reforma de la Constitución pasó de un momento a otro” y entonces se unieron más sindicatos junto a los pueblos originarios a protestar, “paralizando la provincia después de ocho años de no poder manifestarnos y salir a la calle”, resaltó. Alertó porque actualmente hay docentes con causas contravencionales y, por eso, subrayó que “esto no termina, esto sigue”, además de considerar que la reforma debe reverse “punto por punto”.
Marcela Cura, del Sindicato de docentes de gestión privada (SADOP) contó cómo fue la participación del sindicato a la Legislatura donde fueron convocados a opinar sobre las modificaciones. Así, relató que se presentaron el 30 de mayo con “una propuesta clara, nos recibieron amablemente y se tomaron mucho tiempo en armar toda una estructura de registro. Nos despacharon sin informarnos nada”.
“Días después empezó a circular un borrador de esa reforma que era totalmente informal. No solamente no había absolutamente nada de lo que habíamos propuesto y los puntos que resaltamos como positivos habían desaparecido”, contó y apuntó: “Esta reforma se fue cocinando en pocos días con muy poca claridad de lo que pasaba”.
El diputado y líder piquetero Juan Marino (FdT) señaló que en Jujuy “no se respetan las garantías constitucionales, las libertades democráticas, de expresión, de manifestación. No hay democracia en Jujuy. Morales instaló un régimen anticonstitucional violentando los derechos”.
“¿Cómo no investigar una reforma anticonstitucional que se dio a espaldas del pueblo?”, planteó la diputada Mara Brawer y precisó que “no cumplió con los procedimientos que establece la constitución de Jujuy y viola la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”. A su vez, resaltó la ausencia de la oposición.
También expusieron los diputados Verónica Caliva (Salta), quien resaltó que la comisión debe “promover los derechos, debe hacer un seguimiento de todas las políticas públicas vinculadas a los pueblos indígenas”; Mónica Macha, Eduardo Valdés, Natalia Souto, María Rosa Martínez.
Además, disertaron Desiderio Olmos, del tercer Malón por la paz; Orlando Carriqueo - Werken, Vocero, referente Indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro; Víctor Joel Paredes, víctima de la represión; Liliana López, cacique de la Comunidad La Loma, Aguaray, Pueblo Iogys de Salta; Camila Muller, referente del Colectivo Artista en Lucha; Santiago Zamora, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), María Fabiola Suárez, referente de los organismos de DD. HH de Jujuy, Mamani Javier Alejandro, integrante de Comunidad Cueva del Inca Tilcara; Alejandro Marmoni, instituto nacional de Asuntos Indígenas; Verónica Aspiroz Cleñan, tejido de profesionales indígenas; Camilo Gali, periodista.