Le resulta imposible al oficialismo sesionar antes del 9 de agosto, por lo que se especula ahora con la posibilidad de avanzar más allá de esa fecha, conforme algunos antecedentes. Reparos de un exfuncionario macrista.
El 31 de mayo pasado, durante la segunda reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de esa semana, finalmente le tocó el turno para exponer a la camarista Ana María Figueroa. Expeditiva, ella se mostró muy dueña de la situación en todo momento e hizo gala de su experiencia al hablar ante los senadores. Cuando le tocó intervenir al radical Julio Martínez, comentó la situación que había antecedido a esa audiencia. “Desde hace 3 años y medio el Congreso, y en especial el Senado, está atravesado prioritariamente por una agenda judicial”, dijo, enfatizando que en la actualidad “el Senado está paralizado”.
Así, le aseguró que “hoy se mueve; ayer y hoy hubo mucha actividad gracias a usted y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”. Figueroa contestó: “Si es así, bienvenido. Ojalá haya sido por mí que la tercera parte de las vacantes en el Poder Judicial se cubran de una buena vez”.
La realidad es que esa semana el Senado había recobrado la actividad para acompañar lo que verdaderamente le interesaba a quien manda en esa Cámara. Tras un mes de junio en el que apenas se reunió una comisión, la actividad volvió en la segunda semana de julio, cuando la fallida sesión del miércoles 12 para aprobar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la jueza Figueroa.
Esta semana circuló la posibilidad cierta de insistir con esa sesión pendiente para tratar los pliegos. Previamente a la fecha prevista, se realizó el miércoles pasado una reunión de comisión: la de Minería, Energía y Combustibles. Su sola convocatoria daba a entender que estaba activa la negociación para realizar la postergada sesión. En esa reunión se trataría solamente el proyecto sobre reducción de tarifas reclamado por el senador Edgardo Kueider. Esa era la condición que ponía el legislador entrerriano para dar quórum: su ausencia el 12 de julio, junto a las de sus pares Guillermo Snopek y Alberto Weretilneck, había provocado que la sesión se cayera.
El tratamiento del proyecto de disminución de tarifas del servicio eléctrico se llevó a cabo la mañana del 2 de agosto. No hubo debate: Kueider contó de qué se trataba; el senador José Mayans expuso sus reparos y coincidencias, y terminó anticipando que acompañarían con disidencias. Luego fue el turno de la radical mendocina Mariana Juri, que advirtió que un tema semejante no podía tener dictamen ese mismo día, sin debate ni invitados que dieran su parecer. Por último, se escandalizó porque a “este proyecto que tiene gran costo fiscal, repentinamente se le quitó giro a la Comisión de Presupuesto. Me parece sumamente imprudente que no pase por ahí”.
En efecto, este proyecto presentado el 7 de febrero pasado fue girado originalmente a las comisiones de Minería y de Presupuesto, pero ahora se le quitó el segundo giro, cuestión de agilizar el trámite.
Semejante esfuerzo no alcanzó, aunque es demostrativo del interés absoluto que despierta en el Senado la aprobación de un tema que parece obsesionar a la titular del Cuerpo.
Doblegada la negativa de Kueider y confirmado Guillermo Snopek luego de que se acordara que pueda llevar su lista los nombres de Sergio Massa y Agustín Rossi en el extremo de su boleta, solo quedaba convencer a Weretilneck para revertir las tres ausencias que habían tenido el 12 de julio. Pero el gobernador electo de Río Negro no parece estar dispuesto a mantener a rajatabla su apoyo al oficialismo en estas circunstancias. De hecho, cabe recordar que el líder de Juntos Somos Río Negro muchas veces fue de poner objeciones a los proyectos oficiales, de modo tal de celebrar después cuando sus correcciones tenían eco, como cuando el tratamiento de la ampliación de la Corte Suprema.
Aunque esta vez no parecía dispuesto a dar el brazo a torcer, tal cual anticipó en su momento parlamentario.com, y -tal cual adelantamos- esta última semana se quedó en su provincia. En determinado momento dejaron de insistirle, porque había otro imprevisto en el seno del oficialismo: la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara no podía venir a Buenos Aires por un problema de salud de un hijo. Esta senadora es de máxima confianza de CFK, de modo tal que a nadie se le ocurrió poner en duda tal imprevisto.
En definitiva, fuentes consultadas por parlamentario.com consideraron “improbable” que pueda llegar a haber sesión este martes, en vísperas del cumpleaños de Ana María Figueroa, pues no ha sido activado el mecanismo de convocatoria de los miembros del oficialismo.
Así las cosas, la posibilidad con la que diversos medios comenzaron a especular es la de que el oficialismo no se dé por vencido y trasgreda el obstáculo del cumpleaños de la jueza con el argumento de que su pliego ya tiene dictamen. Esto es, avanzar igual con la aprobación del mismo más allá de la fecha del cumpleaños, habida cuenta antecedentes de los tiempos de Cambiemos en el poder.
El exministro de Justicia de la gestión anterior, Germán Garavano, puso reparos. En diálogo con Radio Rivadavia, el exfuncionario sostuvo que “la Corte estableció, interpretando la Constitución, que lo fija claramente, que cuando un juez cumple 75 años, si no tiene en ese momento un acuerdo del Senado que prorroga su mandato por 5 años más, deja de ser juez”.
“De hecho ha sucedido con muchos jueces durante todo este período -enfatizó Garavano-. Incluso yo dicté como ministro de Justicia una resolución cuando salió el fallo de la Corte, el fallo Schiffrin, de cómo se debía solicitar este período de extensión de 5 años. Y ese pedido termina con la aprobación, no solo del Senado, sino que también se requiere un decreto del Poder Ejecutivo”.
Como antecedente actual, puso lo resuelto por el actual Gobierno con el juez Esteban Righi, estableciendo que el mismo día en que cumplía 75 años era el día en que el juez cesaba. “Y utilizó para ello precisamente la resolución que yo dicté hace varios años, cuando era ministro de Justicia, que sigue vigente”, recordó Garavano.
Respecto de antecedentes como el de la jueza Silvia Mora, esposa del doctor Ricardo Recondo –referente de la Asociación de Magistrados y miembro del Consejo de la Magistratura-, que no fue jubilada al cumplir 75 años y, por el contrario, se aprobó luego su continuidad, respondió: “Sí, se dieron varios supuestos”, mas precisó que originariamente los fallos de la Corte habían establecido que a los jueces anteriores a la Constitución no se les aplicaba esta norma. “Lo cual generó un montón de situaciones paradójicas, porque incluso ya había muchos jueces de más de 75 años que estaban cumpliendo funciones -continuó-. Por eso yo dicté en aquel momento esa resolución para tratar de ordenar ese proceso. Y lo que se viene haciendo en el último tiempo es cumplir el reglamento. El juez, cuando cumple 75, queda sin jurisdicción; cualquier cosa que haga ese juez de más de 75 años, si no tiene ese acuerdo del Senado y el decreto del PEN, sería nulo. No tendría validez”.
Consultado Garavano sobre la posibilidad de que el kirchnerismo avance igual con la confirmación de la jueza Figueroa, éste admitió que “ese conflicto se puede dar; seguramente la interpretación que pueden tomar es que más allá de haber cumplido 75 años, con este nuevo acuerdo, la jueza puede seguir. Lo cual ocasionaría que cualquier persona que tuviera un caso donde intervenga un juez con estas características, probablemente cuestione la intervención de ese juez. Con lo cual vamos a tener un juez que no va a poder ejercer la función, por los planteos que le hagan las distintas partes”.
“Se le pediría el apartamiento al juez; de nuevo Argentina entraría en una situación de crisis institucional severa, porque tendríamos una jueza que no estaría claro si puede seguir ejerciendo esa función, y sobre todo en un cargo como ese, en la Cámara de Casación Penal, que es la que tiene los casos más resonantes: de corrupción, casos de lesa humanidad, casos de crímenes del narcotráfico… Esto volvería a generar una incertidumbre y permitiría a los abogados defensores de los condenados a los que no les guste el fallo que pueda dictar la doctora Figueroa, o cualquier otro juez en esas circunstancias, cuestionar la intervención de ese magistrado”, evaluó.
