Esta ley se aprobó el 27 de octubre en el Senado, tras arriba con media sanción de la Cámara baja desde fines del 2020. La autora del proyecto fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo.
El Poder Ejecutivo reglamentó este jueves la Ley 27.696 que tiene como objetivo incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales nacionales un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género, a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas.
La iniciativa publicada en el Boletín Oficial, que fue sancionada el Senado el 27 de octubre del 2022, incluye a todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente. El proyecto, impulsado por la cordobesa Alejandra Vigo, había recibido media sanción de la Cámara de Diputados a fines de 2020.
En relación al escrito, las obras sociales, los prestadores de salud y todos aquellos organismos comprendidos en la ley deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de la violencia de género a los fines de garantizar que la atención integral de las víctimas se realice con los parámetros y las indicaciones adecuadas. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la norma.
Esta ley considera que serán los ministerios de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, y el de Mujeres, Géneros y Diversidad, comandado por Ayelén Mazzina, estarán a cargo de las medidas que se requieran para la capacitación y la efectiva implementación del Protocolo para la Atención Integral de la Salud ante situaciones de violencia por motivos de género.
Las mujeres accederán a la cobertura prevista a partir de la presentación de una constancia de persona asistida en las áreas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la atención de personas en situación de violencia por motivos de género de las jurisdicciones nacionales, provinciales y locales; de la presentación de la constancia de registro en el Sistema Integrado de Casos De Violencia por motivos de Género (SICVG) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y de la presentación de la denuncia policial o judicial.
