Durante su mandato, la diputada de La Libertad Avanza firmó 3 proyectos de ley, como así también 12 proyectos de resolución, la mayoría pedidos de informes. De qué tratan sus propuestas y qué iniciativas acompañó.
Uno de los puntos salientes que tuvo el debate de candidatos a vicepresidentes de la Nación organizado por el programa A Dos Voces, del canal Todo Noticias (TN), fue el cruce entre Luis Petri (JxC) y Victoria Villarruel (LLA) en torno a la actividad legislativa de la compañera de fórmula de Javier Milei. Puntualmente el vice de Patricia Bullrich le preguntó a la actual diputada cuántos proyectos sobre seguridad había presentado durante su mandato, teniendo en cuenta que se anticipa que en caso de ganar La Libertad Avanza ella se ocupará de ese tema en la eventual gestión oficial.
Petri se respondió a sí mismo: cero proyectos, cosa que su interlocutora negó.
Vayamos entonces a la actividad legislativa ya no solo de Villarruel, sino también la de su compañero de bancada y también de fórmula.
Ya se ha dicho que Milei no presenta proyectos; sí acompaña los de otros. Pero puntualmente Villarruel es autora de 15 iniciativas, en lo que lleva de mandato, desde 2021 hasta el presente. Solo tres de ellos son de ley, los más importantes. Ninguno en materia de seguridad, lo cual le da la razón al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.
Javier Milei acompañó 30 proyectos ajenos, diez de ellos de ley.
En cuanto a su compañera de bancada, el primer proyecto de ley presentó Villarruel data del 9 de marzo de 2022 y es para derogar la Ley 25.413 de Competitividad. Esta iniciativa incluye el mismo destino para el impuesto al Cheque; impuestos sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.
“En momentos tan difíciles de nuestra Patria, en donde la dirigencia debe y tiene que estar a la altura de las circunstancias, es menester que simbólicamente empecemos a cumplir con nuestra palabra, y en este caso, implica darle fin a un tributo que nació para ser transitorio y terminó siendo perpetuo”, dice esa iniciativa en el tramo final de sus fundamentos.
Su segundo proyecto de ley es del 12 de mayo de 2022 y tuvo mayor acompañamiento. Además de Milei -el único que había firmado también el anterior-, lleva las firmas de Francisco Sánchez, Carolina Piparo, José Luis Espert, Dina Rezinovsky, Carlos Zapata, Paula Omodeo y Alberto Asseff, y es otra derogación: la de la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena. También mencionada en el debate, es una ley de 2006, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas del país, y que ha sido prorrogada varias veces. La misma ordena la suspensión de desalojos o desocupación de esas tierras y que se realice un relevamiento técnico y jurídico catastral sobre el dominio de las mismas.
El tercero y último proyecto también es del año pasado (2 de junio), pero ya no es una derogación, sino una modificación del artículo 11 de la Ley 11.683, de procedimiento fiscal. El proyecto incorpora un texto relativo a la fijación de un tope mínimo de días a partir de los cuales queda establecido el vencimiento de presentación de las declaraciones juradas, para cumplimiento de las obligaciones tributarias. Argumenta la diputada Villarruel que “fijar las fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias en un plazo no menor a 60 días posteriores a la puesta a disposición de los sistemas desarrollados por la AFIP constituye un importante gesto de respeto hacia los contribuyentes y brinda un poco de equilibrio en su relación con el fisco”.
Este proyecto tuvo el acompañamiento de Milei, Ricardo López Murphy, Francisco Sánchez, Paula Omodeo y Carlos Zapata.
Fuera de los proyectos de ley, Villarruel presentó el 22 de marzo del año pasado un pedido de informes sobre la ejecución presupuestaria integral del Programa Acompañar, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
El 8 de junio de 2022 elevó otro pedido de informes, esta vez sobre el izamiento de una bandera mapuche en facultades públicas de la Universidad Nacional del Comahue.
Otro proyecto de resolución tiene fecha el 22 de julio y es un pedido de informes al jefe de Gabinete, que por entonces era Juan Manzur, sobre las acciones llevadas adelante por el Poder Ejecutivo “ante la grave situación institucional que atraviesa la República Argentina”. “La situación económica, política, social e institucional de nuestro país atraviesa una crisis, ya tristemente extendida en el tiempo, que consideramos sumamente riesgosa”, señalaba en su proyecto, que aludía fundamentalmente a la falta de asistencia del jefe de Gabinete a dar sus informes ante el Congreso, tal cual establece la Constitución.
El 5 de agosto volvería sobre la cuestión mapuche, ahora para pedir informes al PEN sobre la decisión de la Administración de Parques Nacionales de declarar como “sitio sagrado” al volcán Lanín, por parte de esa comunidad indígena.
El 14 de septiembre Villarruel presentó un pedido de informes sobre cuestiones vinculadas con la decisión de designar a Julia Epstein como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE). Según el texto, a juicio de la diputada esa joven “no posee méritos conocidos públicamente para desempeñar un rol de Estado de tamaña envergadura”.
“La cultura de la mediocridad y el amiguismo destruye la ética pública -decía el texto-. Tener dirigentes políticos poco preparados profesionalmente denota desprecio al pueblo que debería beneficiarse de ellos”.
Victoria Villarruel presentó el 3 de noviembre del año pasado un pedido de informes sobre “diversas cuestiones relacionadas con la frustrada compra de un avión para la flota presidencial”, en tanto que el 19 de diciembre elevó otro pedido de informes sobre el proceso de licitación y aceptación de ofertas de “servicio de acustización y acondicionamiento” del Salón Presidente Néstor Kirchner”, llevado a cabo el 12 de octubre de ese año.
En ese sentido la diputada pide conocer el precio unitario pagado por el Ministerio de Ambiente, por cuanto había trascendido que se había abonado $1.159.400,17.
Ese mismo 19 de diciembre presentó un pedido de informes sobre los motivos del viaje del presidente Alberto Fernández a San Pablo, Brasil, el 1 de noviembre anterior. Quería conocer el costo e integrantes de la comitiva, atento a que había viajado con el fin de “felicitar” a Lula por haber ganado las elecciones brasileñas. “Es una nueva muestra de la falta de austeridad de un gobierno que exige un esfuerzo inmenso al pueblo mientras no retribuye de la misma forma reduciendo acciones como la mencionada de viajar a felicitar a un presidente electo teniendo en cuenta que ya lo había realizado de manera telefónica y que tiene planeado viajar a su asunción el 1° de enero de 2023”, señaló Villarruel.
El primer proyecto del corriente año lo presentó el 23 de enero, y fue para declarar “persona non grata” a Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Evo Morales, como así también repudiar la reunión de movimientos cocaleros extranjeros en suelo argentino y la creación de una “coordinadora” de movimientos sociales e indígenas.
El 22 de febrero pidió informes sobre el faltante de municiones desaparecidas de un transporte militar originado en el Batallón de Arsenales 604 de la provincia de Córdoba; mientras que el 20 de julio pasado pidió informes sobre cuestiones relacionadas con el otorgamiento de un permiso de uso precario y gratuito con opción de compra a la Municipalidad de Funes, provincia de Santa Fe, de un sector de terreno ubicado en el predio de Liceo Aeronáutico Militar, por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Por último, el 18 de agosto pasado -cinco días después de las PASO- presentó un pedido de informes sobre la caída de una avioneta el 18 de julio en un campo de Avia Terai, provincia del Chaco, con un cargamento de cocaína.
En calidad de cofirmante, Victoria Villarruel ha acompañado durante su mandato 38 proyectos de otros legisladores. El más reciente data del 23 de agosto pasado y es de Carolina Piparo, para derogar la ley de alquileres.
En materia de proyectos de ley, además del de Piparo, acompañó el 3 de enero del año pasado uno de Gerardo Milman para modificar la aplicación de la alícuota del IVA a diversos productos; otro de Milman para derogar dos artículos del Código Aduanero sobre Derechos de Exportación; y uno del diputado del Pro Francisco Sánchez sobre trámites especiales de importación de equipos contra incendios forestales y rurales.
El 18 de marzo acompañó un proyecto de Martín Tetaz para derogar la Ley de Abastecimiento; y otro del mismo autor para derogar el impuesto sobre Bienes Personales.
El 20 de septiembre del año pasado acompañó un proyecto de Alberto Asseff para declarar héroe nacional al teniente coronel de Marina Miguel Luis Piedra Buena Rodríguez; y con toda lógica el 24 de octubre de 2022 uno de Pablo Torello para instituir el 5 de octubre de cada año como Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo en Argentina.
También acompañó a Dina Rezinovsky en su proyecto para instituir la semana número 40 de cada año como “Semana nacional del Puerperio”; y el 15 de diciembre uno de Paula Omodeo sobre Desregulación Económica para el Desarrollo Productivo.
Con Carlos Zapata firmó un proyecto para prohibir cancelar y/o suspender el CUIT de toda persona física o jurídica sin expresa autorización judicial; y con el mismo autor firmó la incorporación de un artículo sobre “declaración jurada de adicciones” en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Firmó el 5 de mayo de este año un proyecto de Rezinovsky para crear el programa de “Prevención de Adicciones en el Embarazo”; y otro de Asseff para reconocer a todo el personal que participe o haya participado en misiones de paz de la ONU.
En el caso de Mile, acompañó -como dijimos- 30 proyectos ajenos, correspondientes a Victoria Villarruel, como hemos dicho, y a Gerardo Milman, Fernando Iglesias -democratización de las asociaciones sindicales-, Martín Tetaz y Carolina Piparo.
