Entre las múltiples reuniones de comisión previstas para este martes, llamó particularmente la atención una de Asuntos Constitucionales, convocada por su titular, el pampeano Hernán Pérez Araujo. La misma fue llamada a reunirse para tratar un oficio judicial impulsado por Cristina Fernández de Kirchner.

Dicho documento oficial corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaria N° 9 y refiere a la causa CFP 2998/2022/49 caratulada “Querellante: Fernández de Kirchner, Cristina, s/legajo de actuaciones complementarias/peticiones”, mediante la cual requiere se dé cumplimiento a la autorización prevista en el artículo 1° de la Ley 25.320 (de Fueros).

La causa es la del intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación en septiembre de 2022. Al ser consultado por parlamentario.com sobre la intención de esta reunión, el presidente de la comisión no contestó, en tanto que el diputado del Pro Pablo Tonelli dijo desconocer el origen de la convocatoria porque no habían podido ver el oficio del juez. “El presidente de la comisión tiene el expediente remitido por la justicia, pero no nos permite verlo, bajo el argumento de que es secreto”, observó.

Todo indicaría que el objeto de la reunión es tratar la situación del diputado del Pro Gerardo Milman, a quien la querella de la causa del atentado contra la vicepresidenta quiere imputar, a partir de que un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que el mismo ocurriera. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello dijo haberle escuchado pronunciar a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto de 2022.

¿Qué dice el artículo 1° de la Ley de Fueros al que se hace referencia? “Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, re moción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyen do causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclaran do los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.

Cabe recordar que la querella de la vicepresidenta de la Nación ha mostrado interés en dos dispositivos que Milman tenía registrados previamente al atentado contra Cristina Kirchner. Lo cierto es que Casación había ordenado retener un celular que según la defensa fue adquirido con posterioridad al hecho.

Esta instancia a desarrollarse en Asuntos Constitucionales apuntaría a tratar de resolver esta controversia planteada en torno a los celulares del legislador, previéndose entonces una fuerte polémica en la citada comisión.