En nuestro país, en tanto, la insatisfacción se asienta en un dato irrefutable: el estancamiento y la alta inflación, que se explican por la ausencia de un patrón productivo sostenible, luego del agotamiento del esquema de industrialización sustitutiva de importaciones a mediados de los setenta.
“No hay, no puede haber, buenas finanzas públicas donde no hay buena política “ L.N. Alem (13/4/1890)
Una paradoja inesperada se combinó con el aniversario de los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, el período más extenso de nuestra vida institucional.
En efecto, en un desaire a la historia, asistimos a la asunción de un legítimo presidente que carece de partido; que solo cuenta con dos años de experiencia personal en la acción política y que, dueño de una personalidad extravagante, llama la atención de los observadores y analistas del exterior.
Además, la nueva administración se postula como iniciadora de un cambio revolucionario y sostiene que repondrá a la Nación en una posición de liderazgo extraviada desde hace más de cien años.
En lo que sigue se intenta, eludiendo razonamientos simplistas y el falso atajo de las frases hechas, analizar las causas de ese imprevisto resultado electoral y, a continuación, se identifican los puntos nodales de la estrategia oficial que puede conducir a los argentinos a una mayúscula frustración colectiva.
¿Avanza la libertad?
Una de las características que distingue a la situación global, particularmente desde la crisis financiera del 2008, es la inestabilidad sistémica y, también, la erosión de los consensos vigentes tanto domésticos como internacionales.
Somos parte de un mundo violento, caracterizado por la debilidad de los organismos multilaterales, y con muchos estados que, con el argumento de la soberanía, atropellan los derechos humanos. Un claro ejemplo de la realidad de ese mundo de hoy, es la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania, a contramano de los principios y reglas del orden internacional.
Una consecuencia de los déficits de gobernanza global es que el impacto económico y social de la crisis -en esta etapa de la globalización caracterizada por la llamada “financierización”- abrió las puertas a movimientos políticos que canalizaron la insatisfacción y el descontento con liderazgos emergentes de cuño antisistema.
En el contexto del deterioro global de la salud de las democracias que, según Freedom House un centro de pensamiento basado en Washington DC, viene deteriorándose de manera consecutiva en los últimos 17 años, surgen experimentos políticos conocidos como “gobiernos iliberales” que se caracterizan por ignorar o eludir los límites constitucionales de su poder.
En nuestra región de América Latina, en tanto, el desempeño en los primeros veinte años del siglo es similar al de la llamada, en términos económicos, “década perdida de los años 80”.
Ese estancamiento económico de la región -la más violenta y desigual del planeta- reforzó los déficits de calidad democrática y así, de acuerdo al análisis del World Justice Project, 18 de los 32 países de América Latina exhibieron un retroceso en la solidez del estado de derecho.
Ese global clima de época, con democracias acosadas y que se deterioran desde adentro antes que ser tumbadas por golpes de estado, le puso marco a la competencia electoral argentina.
Con ese contexto global y regional de liderazgos políticos novedosos -algunos, de tipo prepotente con rasgos autoritarios, que descreen del ordenamiento republicano como Donald Trump en Estados Unidos, Nayib Bukele en El Salvador, Jair Bolsonaro en Brasil, y otros, en cambio, respetuosos del mismo, como Gabriel Boric en Chile- se desarrolló la décima elección presidencial desde 1983.
En nuestro país, en tanto, la insatisfacción se asienta en un dato irrefutable: el estancamiento y la alta inflación, que se explican por la ausencia de un patrón productivo sostenible, luego del agotamiento del esquema de industrialización sustitutiva de importaciones a mediados de los setenta.
Ese retroceso relativo, resultado de una tasa de crecimiento del PBI por habitante de sólo 0,6% anual acumulativo en el periodo 1974-2023, no se detuvo en la gestión del gobierno peronista del Frente de Todos -Unión por la Patria liderado por Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner.
Al contrario, el desesperado intento en los finales del gobierno, cuando el fracaso impedía a los integrantes del binomio presidencial ser candidatos, con la nominación de Sergio Massa y su capitalismo de compinches le costó a los argentinos un incremento del gasto público de alrededor de dos puntos del Producto Interno Bruto.
En realidad, los resultados de esa gestión, la peor desde la inauguración democrática de 1983, pueden sintetizarse en:
A ese estado de “recesión democrática” a escala global y regional y a las objetivas consecuencia sociales del estancamiento secular de la economía argentina, es necesario agregar el impacto sobre las conductas individuales, en particular los jóvenes, de la pésima gestión del Covid por parte de la administración peronista que concluyó en diciembre del año pasado.
Algunos pocos datos para ilustrar la afirmación precedente:
Los argumentos precedentes -el clima de época, la extendida insatisfacción social y el impacto de la pandemia, particularmente en los jóvenes- son ciertos y válidos pero no alcanzan a explicar el resultado electoral.
En efecto, corresponde que sea complementado con el análisis del desempeño político de la coalición Juntos por el Cambio (JxC) que llegó al comicio presidencial habiendo ganado tres de las cuatro elecciones precedentes con registros electorales en el entorno del 40%.
Las razones que explican porqué JxC no fue el principal cauce para expresar la voluntad mayoritaria de cambio de la sociedad argentina se encuentran en las propias debilidades exteriorizadas por la coalición:
Estas evidencias llevaron a que buena parte de la sociedad que reclamaba el cambio percibiera la propuesta de JxC como confusa, endogámica y endeble.
En efecto, antes de ser reconocidos como portadores de una propuesta clara y compartida de cambio viable formulada por los equipos de la coalición, con los matices y énfasis de cada candidato, ofrecimos ideas propias de cada candidato y nos enredamos en una discusión acerca de si el cambio “es todo o es nada”, o sobre “la necesaria construcción del 70% de apoyo”.
En muchos distritos las chances electorales de los candidatos oficiales de la coalición se vieron severamente afectadas por declaraciones o decisiones de dirigentes nacionales.
La ausencia de la voz radical en la competencia relativizó la condición coalicional de la fuerza política y, en la percepción social, la redujo a una disputa interna de un partido integrante de la coalición.
Así, la opción a la continuidad de la fracasada combinación de populismo político y facilismo económico recargado fue la candidatura libertaria -una creación del gobierno para dividir a la oposición- que, además del apoyo financiero y logístico del oficialismo, consiguió patente de legitimidad con los confusos pronunciamientos del ex presidente Macri.
Debilidades, riesgos y peligros del nuevo gobierno
El nuevo gobierno inicia su gestión con la legitimidad provista por la mayoría obtenida en la segunda vuelta electoral y, también, con las limitaciones que la voluntad popular y las reglas electorales le impusieron. Así, su menguado contingente legislativo se reduce al 15% y al 10% en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, respectivamente. Asimismo, ninguno de los 24 titulares de los gobiernos subnacionales pertenece a su fuerza política y solo 3 intendentes de ciudades de menos de 3000 habitantes cada una, sobre las más de 2000 del territorio nacional, obtuvieron sus triunfos electorales en representación de su partido.
La posibilidad de afrontar con éxito los desafíos mayúsculos a los que se enfrenta la sociedad argentina exige la combinación virtuosa de varias dimensiones: la formulación de un diagnóstico acertado y preciso; la articulación de un programa integral con prioridades claras y equipos cohesionados; la construcción del suficiente respaldo político que provea legitimidad para las transformaciones necesarias y, finalmente, el acompañamiento internacional para remover los obstáculos al progreso individual y social.
Para quienes estamos convencidos, por razones doctrinarias confirmadas por las mejores prácticas de nuestro países vecinos, de la asociación positiva entre la calidad y fortaleza de la instituciones y el desarrollo económico es imposible coincidir con que el camino de superación del estancamiento pasa por la convalidación de un decreto de necesidad y urgencia y la aprobación a libro cerrado de un proyecto de ley que, en conjunto, suma en sus partes dispositivas 251 páginas con 1030 artículos que derogan centenares de leyes.
Por otro lado, la incomprensible ausencia de prioridades se patentiza cuando los temas relevantes se confunden en una lista que incluye la autorización para la reventa de entradas en espectáculos deportivos o la prescripción a los magistrados en el uso de la toga.
Las designaciones pendientes en los equipos de gobierno, así como los funcionarios nombrados que renuncian y la continuidad de cargos claves de la administración saliente, habla de preocupantes signos de improvisación y conflictos en el centro de decisiones del poder.
En el mismo registro de signos preocupantes, las falsas imputaciones a los legisladores y la sintonía ideológica con presidentes de otras naciones que agredieron sus parlamentos, afectan negativamente la reputación de nuestro país en el mundo occidental, democrático y capitalista.
El nuevo presidente, que propone una reformulación profunda de las interrelaciones entre la sociedad, el Estado y el mercado, se proclama como el “primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad”.
Ese posicionamiento pretende que el populismo anacrónico, pero hegemónico con cuatro gobiernos en los últimos 20 años, sea sustituido por una “autocracia de mercado” que recurre a la tercerización en estudios privados para la formulación de las nuevas normas jurídicas, lo que redunda en una inaceptable captura del estado por intereses corporativos que se agrega a la larga lista de políticas públicas contaminadas por conveniencias particulares.
Esa autoimpuesta misión fundacional a escala planetaria, al tiempo que reconoce la falta de antecedentes, ignora que la principal razón que explica el extendido estancamiento argentino es la anomia que distingue al comportamiento social en nuestro país.
Esa ajuridicidad, que está en la base de nuestra decadencia, nos obliga a la construcción de un orden político alejado de los modos populistas o autocráticos.
Esa definición es relevante y, cuando se la relativiza -como sucedió tras la implosión de la Unión Soviética- las consecuencias son peligrosas para la convivencia social.
Ese orden político funcional al desarrollo económico y el progreso social debe asentarse en tres pilares: uno que concibe a la democracia como única fuente legítima de poder en elecciones limpias y verificables; otro de naturaleza republicana donde la división y la independencia de los poderes asegure el control recíproco y la rendición de cuentas y, también, uno de raigambre liberal que asegure derechos para cada ciudadano, especialmente para todas las minorías.
Ese diseño institucional exige, además, un talante acorde de parte de las autoridades. No es admisible que desde el vértice del poder se agravie o acuse falsamente a los opositores. Tampoco es deseable que este nuevo tiempo replique las peores actitudes del anterior presidente, acusando ahora a los que dudan o discrepan con sus propuestas de cercenar la libertad de los ciudadanos, como antes se imputaba a los que cuestionaban la acción oficial, en la época de la pandemia, de atentar contra la vida de los argentinos.
Un peligroso desvío democrático del nuevo presidente, al suponer que un triunfo electoral concede derechos por sobre las normas constitucionales y legales, es pretender que el Congreso le conceda una amplísima delegación de facultades, superando a todos los mandatarios justicialistas de estos cuarenta años, los que gobernaron desde el primero hasta el último día de su gestión con poderes extraordinarios.
Otro ejemplo de regresión democrática es cuando se pretende reformar el sistema electoral y las normas que regulan las campañas políticas. Los cambios que se proponen -al promover las circunscripciones uninominales- abren las puertas a la manipulación de los distritos, limitan la representación de las mayorías, conspiran contra la renovación dirigencial y eliminan los criterios de paridad con perspectiva de género.
En relación al financiamiento de la actividad política, al eliminar cualquier limitación a los aportes privados y al suprimir los espacios gratuitos en medios audiovisuales a cargo del estado, el peligro es que se consolide en nuestro país lo que el Presidente James Carter denunció en los Estados Unidos: “ el sistema político se ha convertido en una recompensa para los mayores contribuyentes de las campañas”.
La superación del estancamiento económico con alta inflación que condena a la mayoría de los argentinos a la pobreza exige disponer de un sistema político con capacidad de procesar los necesarios cambios y transformaciones estructurales.
En ese sentido es imperioso que los actores políticos sean capaces de aprender de las mejores prácticas internacionales que en nuestra región de América Latina enseñan que solo las democracias plenas exhiben resultados socioeconómicos satisfactorios.
Y que todos los protagonistas políticos y sociales, y sobre todo quienes tienen la responsabilidad de gobernar, recuerden a Tzvetan Todorov, el filósofo e historiador búlgaro radicado en París, cuando enseñó que “las causas nobles no excusan actos innobles”.
