Bien temprano, el funcionario admitió en la Casa Rosada que sería difícil que el sábado se tratara en Diputados el proyecto de ley de Bases. Pero insistió en el deseo ferviente del Gobierno por arbitrar los medios necesarios para conseguir llevar al recinto la iniciativa antes el paro de la CGT, al que de paso consideró “ilegal”.

De cualquier modo, “arbitrar los medios necesarios” hubiera sido ceder a los cambios sugeridos por la oposición para votar el dictamen, y eso para ese entonces no había sucedido. De hecho, la tarde/noche anterior la discusión aparecía frenada por la falta de respuesta de las autoridades legislativas de La Libertad Avanza y los funcionarios que participan de las negociaciones. En tanto y en cuanto no habilitaran estos los cambios requeridos, el dictamen consensuado no vería la luz.

Y muy por el contrario, la noche del miércoles y durante la mañana de este jueves comenzó a crecer la posibilidad cierta de que la oposición dialoguista avanzara con un dictamen propio.

Lo cual sería una muy mala noticia para el oficialismo en general y el Gobierno en particular. Dos dictámenes de parte del partido del Gobierno y las fuerzas colaboracionistas significarían cederle a Unión por la Patria la posibilidad de que el dictamen de rechazo que impulsarán sea el de mayoría.

Finalmente hubo señales a lo largo de este jueves respecto de un reinicio de las negociaciones, con el objetivo del oficialismo de presentar disposición a atender los reclamos de esa oposición con la que dialoga.

Así y todo, insistían en apurar los tiempos. En conseguir el dictamen este viernes, a fin de poder llevarlo al recinto al día siguiente. Ahí, si bien la especie creció fuerte a lo largo de la jornada, chocó con una realidad ineludible: ante el empantanamiento de las negociaciones, muchos diputados de esa oposición dialoguista viajaron a sus provincias. Hacerlos volver en plena temporada alta de verano es una premisa más que complicada.

Durante la tarde se sucedieron las negociaciones en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem. Con una señal clave como para dar cuenta de la intención oficial de avanzar hacia un acuerdo: la presencia de dos figuras clave del Gobierno, el ministro del Interior Guillermo Moreno y Santiago Caputo.

A esas reuniones de las que participó también el jefe del bloque oficialista de la Cámara baja, Oscar Zago, asistieron por parte del Pro Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal. Más tarde hubo otra reunión de la que tomaron parte radicales encabezados por Rodrigo de Loredo, y más tarde el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, Emilio Monzo, Florencio Randazzo y Pamela Calletti, por Innovación Federal.

Todos insistieron en la inconveniencia de apostar a una sesión el sábado. Para eso había que apurar el dictamen y todavía no está todo cerrado. Al final, hubo señales para que se busque el dictamen este martes y vayan por la media sanción a partir del jueves 25, la fecha prevista originalmente.

Así y todo, desde el oficialismo insisten en no bajar la eventual sesión del sábado, para la cual pidieron al personal asistir ese día al Congreso.

Como sea, se avanzó en las modificaciones acordadas. Un centenar de artículos ya fueron modificados, según confiaron desde el Pro.

Un avance en las negociaciones fue que el Gobierno accediera a discutir disminuir a un año la delegación legislativa al Ejecutivo; la movilidad jubilatoria, donde aceptarían buscar una nueva fórmula o bien establecer aumentos periódicos por inflación; modificar el esquema de retenciones; acotar la privatización de empresas y dejar para el período ordinario la reforma electoral.

Con esos avances que habilitarían modificaciones que desde el oficialismo quedaron en confirmar en las próximas horas, se destrabaría el avance del proyecto hacia el recinto. Que no sería ya este sábado, sino en la fecha prevista originalmente.