El interbloque de Unión por la Patria, presidido por José Mayans, le exigió este miércoles a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, que convoque a una sesión especial para el 1ero. de febrero a las 14 para tratar el decreto de necesidad y urgencia 70/2023.

El DNU enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei, contiene más de 300 medidas con el fin de “desregular la economía”, y además ingresó por la Cámara alta el pasado 5 de enero.

El tratamiento del decreto quedó en condiciones de ser sometido al análisis y debate de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la cual aún no ha sido conformada.

El 29 de diciembre fueron nominados por el Senado el riojano Juan Carlos Pagotto, del oficialismo; el chaqueño Víctor Zimmermann, por la UCR; el cordobés Luis Juez, del Pro; el salteño Juan Carlos Romero, de Cambio Federal; el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Unidad Federal; y  Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de Unión por la Patria, pero todavía resta que sean nombrados los ocho representantes por Diputados. Según pudo saber parlamentario.com “no habría novedades hasta después de sesionar la ley ómnibus” -es decir, hasta el final del período de sesiones extraordinarias-.

Cabe recordar que ya venció el tiempo legal que tenía la bicameral para tratar el decreto de necesidad y urgencia, por lo que cualquiera de las cámaras están en condiciones de convocar por sí mismas a sesionar  para tratar el mismo.

Además de Mayans, el pedido está suscripto por la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, y sus pares Sergio Leavy, Anabel Fernández Sagasti y Juan Manzur.

El decreto de necesidad y urgencia 70/2023

El citado decreto, denominado Bases para la reconstrucción de la economía argentina, establece la derogación de la Ley de Góndolas; la derogación del Compre Nacional; la derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.

También, propone la derogación de la Promoción Industrial, la de Promoción Comercial; la normativa que  impide la privatización de las empresas públicas; el régimen de sociedades del Estado; la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.

El DNU anuncia la “modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino; reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional; derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones; modificación de la Ley de Manejo del Fuego; derogación de la Ley de Manejo del Fuego; derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera; liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola; derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.

Del mismo modo, establece la autorización para “la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas; implementación de la política de cielos abiertos; modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes; modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada; modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales; eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga”.

Se incluye también la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales; establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos; modificaciones al régimen de empresa farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos; modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran; desregulación de los servicios de internet satelital; desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo; e incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.