Legisladores de tres bancadas se unieron para reclamarle al gobernador por los excesivos incrementos.
Diputados provinciales que integran los bloques de Coalición Cívica, PRO y UCR+CF remitieron una nota al gobernador Axel Kicillof y al director de ARBA, Cristian Girard, sobre el excesivo aumento que los impuestos provinciales tuvieron este año, lejos de lo aprobado por la Ley Impositiva 15.479, sancionada en la Legislatura a fin del año pasado.
En la misiva los disputados dijeron tomar conocimiento que “miles de contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural están sufriendo aumentos muy superiores a los límites establecidos en la Ley”, cuando a lo largo de todo el debate “se ha procurado establecer un límite al incremento impositivo, a efectos de proteger a los contribuyentes de exorbitantes aumentos, sin a su vez desfinanciar al tesoro provincial en un contexto de crisis económica y alta inflación que se viene padeciendo hace ya mucho tiempo”.
Los legisladores recordaron el porcentaje de incremento que no podía exceder al calculado en el año 2023 en los diferentes topes aplicables de acuerdo a la base imponible.
El presindente de la bancada del PRO Agustín Forchieri y Fabián Perechodnik firmantes de la nota.
Ese tope se fijó en el 200%, como límite “entre lo efectivamente pagado en el Ejercicio 2023 y el tributo a pagar en el Ejercicio 2024, más que suficiente para cubrir los desfasajes de la macro economía, pues hasta supera los índices inflacionarios nominales producidos en la misma, aun teniendo en cuenta que los tributos no pueden indexarse por índices de ajuste impuestos”.
“Vemos con gravísima preocupación que el fisco de la provincia no haya respetado ni el texto ni el espíritu de la norma sancionada” y que en el accionar ha aplicado subjetivamente la Ley Impositiva “emitiendo liquidaciones impositivas que van más allá del alcance que los legisladores le quisimos dar, superando el límite del aumento permitido, que configura un accionar antijurídico pasible de lo dispuesto por el art. 57 de la Constitución provincial”.
Posterior al análisis y descripción de lo perceptible fácilmente a través de las boletas emitidas por ARBA, que provocó la reacción del sector ruralista, otros también porque existen facturas con el 400% en el Inmobiliario Edificado, los diputados pidieron que se “revisen los criterios” de actualización del Inmobiliario Rural “a efectos de adecuarlos correctamente a los límites determinados por el art. 10º de la Ley 15479, junto a la aplicación de los descuentos o bonificaciones que regían por pago en término y/o utilización de la boleta electrónica, para evitar consecuencias mayores a las que ya está produciendo el accionar fiscal”.
Los presidentes de los bloque de la UCR y la CC-ARI, Garciarena y Etchecoin Moro también peticionaron.
A su vez dejaron constancias que en los casos de contribuyentes cuyas bases imponibles superen los $198.940.000 y el aumento del artículo 10 ha quedado sin tope, “habiéndose observado casos donde los mismos superan más del 400%, solicitamos se revea tal situación atenta la manifiesta confiscatoriedad que de tales incrementos se evidencia, absorbiendo parte sustancial de la renta o capital sumado a los otros impuestos o tasas que los productores deben abonar”.
La nota fue suscripta por los diputado del PRO Agustín Forchieri, Fernando Compagnoni, María Paula Bustos, Abigail Gómez, María Laura Ricchini, Fabián Perechodnik, Martiniano Molina, Martín Endere, Ana Rita Sallaberry y Oriana Colugnatti; los diputados de la CC-ARI Romina Braga, Maricel Etchecoin y Luciano Bugallo; y los radicales Diego Garciarena, Emiliano Balbín, Pablo Domenichini, Claudio Rossi y María Belén Malaisi.
