Ante la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales, y de cara a la movilización que se prepara para el próximo 23 de abril, el diputado nacional Christian Castillo (PTS-FIT) presentó un proyecto de ley que propone declarar la “Emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el ejercicio 2024″.

La iniciativa “apunta a quebrar el ahogo presupuestario del Gobierno y garantizar el financiamiento necesario para el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país”, explicó el bonaerense, que fue acompañado en la propuesta por sus pares de bloque.

Además, agregó que el proyecto “establece algo elemental: un aumento de al menos el 300% del presupuesto anual vigente, que tiene en cuenta la inflación que hubo desde que se congeló el presupuesto para este año, y con partidas destinadas a cubrir la totalidad de los gastos salariales, generales y de funcionamiento que tiene cualquier universidad pública”. “Es una medida básica para que la educación superior estatal siga siendo pública, laica y gratuita, y salga del ahogo al que quiere someterla el gobierno de (Javier) Milei”, remarcó.

Asimismo, el legislador denunció que “mientras apunta a la reducción del gasto público que reclama el Fondo Monetario Internacional, y sigue pagando la deuda que dejaron todos los gobiernos anteriores, el gobierno de Milei hace peligrar la continuidad de 2 millones de estudiantes, el desarrollo y la investigación en ciencia y técnica, el poder de compra de los salarios de docentes y no docentes y, de conjunto, el funcionamiento de las universidades nacionales. Es inadmisible”. “Mientras acompañamos activamente la organización de la comunidad educativa, nos comprometemos a pelear para que este proyecto se trate de inmediato en el Congreso Nacional”, agregó.

Finalmente, Castillo destacó que el proyecto “debe entenderse como parte de la pelea por derrotar el conjunto del plan de ajuste del Gobierno nacional, que incluye la nueva versión de la ley ómnibus, apoyada -entre otros- por una mayoría de los parlamentarios radicales; y la pelea por la nulidad del nefasto DNU 70/23, que ha permitido los brutales aumentos en alimentos, medicamentos, combustibles, alquileres y prepagas, que también afectan directamente el acceso al derecho a enseñar y aprender”.