Se trata de los cuatro proyectos de ley de seguridad que envió el Ejecutivo y serán debatidos en el seno de un plenario de comisiones el próximo miércoles 24 de abril, con funcionarios invitados a exponer.
La Cámara de Diputados comenzará a analizar el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país, que envió el Poder Ejecutivo, en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), y de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe).
El debate será el próximo miércoles 24 de abril, en doble turno, pues a partir de las 14 en el Anexo “C” ha sido convocada la Comisión de Legislación Penal, a la que fueron invitados a exponer el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Los funcionarios abordarán modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
A partir de las 16, comenzará a funcionar un plenario de Legislación Penal con Seguridad Interior, con los mismos funcionarios que ahora se referirán a la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que comprenderá modificaciones a la Ley 26.879.
El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.
Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.
Ley Antimafias
La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.
Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:
En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.
En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.
A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.
Nuevo Registro de Datos Genéticos
Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.
Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.
Orden público y Legítima Defensa
El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.
Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.
Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.
La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.
Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.
La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.
