Las leyes que establecen el aumento de jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad todavía no salieron del Congreso y, por ende, no comenzó a correr el plazo para que el presidente Javier Milei pueda vetarlas, tal y como prometió.

Las normas sancionadas por el Senado en la compleja sesión realizada el jueves pasado fueron giradas por la vicepresidenta Victoria Villarruel -más enfrentada que nunca con Milei- a la Cámara de Diputados en la noche de este martes.

Según explicaron este miércoles desde el entorno del titular de la Cámara baja, Martín Menem, el proceso parlamentario de revisión puede demorar debido a que debe chequearse rigurosamente que no haya errores en los textos y no se trata solo de uno, sino tres.

De esta manera, las leyes aguardan a la firma de Menem para que el Poder Ejecutivo sea notificado formalmente y, a partir de allí, corran los 10 días hábiles que el presidente tendrá para observar parcial o totalmente las normas y publicarse eventualmente los decretos en el Boletín Oficial.

De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”. De allí el tiempo con el que cuenta el Gobierno para tomar la decisión de rechazar una ley del Congreso, tras lo cual ambas cámaras pueden insistir con dos tercios de los votos. Trámite éste que se estima ocurrirá en el caso de estas normas durante agosto, juntándose la cuestión con una fecha clave del calendario electoral: el cierre de las candidaturas a nivel nacional para las legislativas.

Asimismo, el Senado envió las medias sanciones de los proyectos impulsados por los gobernadores para el reparto de fondos a través de ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Hasta este miércoles todavía no habían sido girados a comisiones.

Mientras transcurría la sesión en el Senado, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei ratificó que vetaría todo lo aprobado por el Congreso y que incluso si no pudiera sostener su decisión con un tercio de legisladores que lo apoyen, judicializará las leyes.

Uno de los argumentos principales del Gobierno para desechar las normas impulsadas por la oposición es el de que tales medidas “rompen el equilibrio fiscal” y, además, no plantean fuente de financiamiento.

En este sentido, alegan el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que reza: “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Fue la normativa que citaron en el veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca que el Senado rechazó por unanimidad y ahora también será el turno de la Cámara de Diputados.

Al cruce de este fundamento salió el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, quien aseguró que “en la ley que aprobó el Congreso con amplias mayorías indicamos siete fuentes de financiamiento para afrontar el 0,6% que conlleva la recomposición de las jubilaciones”.

“El nivel de IRRESPONSABILIDAD es SUPERLATIVO. Votan leyes que no tienen fondeo y las explicaciones de cómo las financian NO CUBREN ni el 15% del costo. Así vienen manejando la Argentina los últimos 25 años: gastaron ilimitadamente y solo generaron pobreza”, cuestionó por su parte Menem el día después de la sanción de las leyes.