Dos DNU fueron publicados este miércoles en el Boletín Oficial, donde el Poder Ejecutivo da marcha atrás con los cambios que había dispuesto en distintos organismos y el régimen de la marina mercante.
Luego del rechazo por parte de ambas cámaras del Congreso a un conjunto de decretos desregulatorios emitidos por el Gobierno, el Poder Ejecutivo restituyó las normas anteriores a esas decisiones, mediante dos decretos de necesidad y urgencia publicados este miércoles en el Boletín Oficial.
En el caso del DNU 627/25, el artículo 1ro. indica: "Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos".
Se trata -en ese orden- de los decretos por los cuales se habían dispuesto cambios en organismos de cultura; la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos; modificaciones en organismos de la Secretaría de Transporte, entre esas la disolución de Vialidad Nacional; y la reforma en el INTI e INTA.
Otro de los artículos instruye "a las distintas jurisdicciones y autoridades competentes a dictar los actos administrativos necesarios para el adecuado cumplimiento de la presente medida y su operatividad efectiva".
En los considerandos, el PEN cuestionó que al derogar los decretos, "sin determinar un marco jurídico aplicable en su reemplazo, el Honorable Congreso de la Nación ha provocado un vacío normativo de extrema gravedad".
En ese sentido, "es necesario y urgente que el Poder Ejecutivo Nacional clarifique el marco jurídico aplicable a los organismos alcanzados por los decretos delegados bajo análisis, a fin de no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa", afirmó.
Por otra parte, el DNU 628/25 dispone la restitución del régimen de la marina mercante que regía antes del dictado del decreto de necesidad y urgencia 340/25, también rechazado por el Congreso.
En los argumentos, el Gobierno señaló que "si bien el régimen jurídico que regulaba la Marina Mercante Nacional previo al dictado del Decreto N° 340/25 tuvo deficiencias que contribuyeron en gran medida a la crisis actual del sector, la ausencia total de un marco normativo agravaría aún más la situación, dejando a la industria sin parámetros mínimos de previsibilidad y funcionamiento".
"Este vacío normativo no solo perpetúa los problemas históricos de la industria sino que los profundiza", agregó y continuó: "Resulta imprescindible la existencia de un marco normativo integral que ordene, regule y promueva el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, ya que de lo contrario la falta de reglas seguiría profundizando la crisis de una industria clave para la soberanía y la economía del país".