Tras el faltazo de dos funcionarios citados para este martes en la Comisión Investigadora $LIBRA de la Cámara de Diputados, la oposición resolvió avanzar con la citación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: se votaron dos fechas posibles y se decidió que, en caso de que no concurra, las autoridades de la comisión podrían constituirse en Casa Rosada para tomarle testimonio.

El primero en pedir que se defina con anticipación la convocatoria a la hermana del presidente fue el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, que propuso los próximos martes 23 y 30 de septiembre. "Si no puede en esas dos fechas que nos haga una contrapropuesta", dijo.

Luego, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade planteó una "tercera opción para que quede indiscutida la voluntad de que queremos testimonio y ningún tipo de sangría". De esta manera, sugirió que "las autoridades de esta comisión se constituyan en la Casa Rosada y le tomen declaración en día y hora que ella pueda".

"Me parece que esto es una salida para que la señorita no tenga que moverse y perder tiempo, pero que tenga todas las garantías para poder declarar", lanzó irónica. Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo recomendó unir ambas propuestas y poner como límite la declaración de Karina "no más allá de la primera semana de octubre".

A mano alzada, la propuesta se votó por mayoría. En la reunión estuvieron ausentes los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados que se oponen a la investigación. Aunque participó durante un tramo el radical "peluca" Mariano Campero y votó en contra de una moción.

No obstante, al arco opositor se sumó para el quórum y las votaciones posteriores la salteña Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz, que viene de tensiones con el Gobierno nacional en el último tiempo y recientemente tuvo fuertes declaraciones en contra de la gestión libertaria.

Incluso, Vega formará parte de una subcomisión que se aprobó a pedido del diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, quien también la integrará, junto a Frade, Fernando Carbajal y Sabrina Selva. Tendrán como tarea "tomar contacto con la causa judicial en Argentina" que tramita en el juzgado de la jueza federal María Servini de Cubría, en la que se investiga una presunta estafa a través de la criptomoneda que Javier Milei promocionó en su cuenta de X el pasado 14 de febrero.

La reunión arrancó con numerosas críticas a los funcionarios que habían sido citados y decidieron no concurrir: Alejandro Melik, titular de la Oficina de Anticorrupción, y Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que el Gobierno había creado para autoinvestigarse en el caso. Funcionó por tres meses y luego no se conocieron sus conclusiones. La comisión resolvió volver a citarlos a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 

"Es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos y se niegan a venir son justamente los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación del caso $LIBRA", enfatizó Selva.

La diputada de Unión por la Patria recordó que "en una decisión con muy pocos argumentos", la OA llevó adelante una investigación que "se refirió exclusivamente a la actuación del presidente Javier Milei y el exasesor de la Comisión de Valores Sergio Daniel Morales". "Casualmente dejan afuera a una funcionaria que tiene mucho para explicar", dijo en alusión a Karina.

Al mencionar que a la UTI se le puso fin en mayo, la bonaerense indicó que "no tuvimos acceso a los informes ni de la OA ni de la UTI". "Queda en evidencia que no quieren explicar", se quejó y cuestionó que ambos intentaron -mediante una medida cautelar- "que la justicia los absuelva de la obligación de comparecer".

"Nos encantaría ir a buscar con un patrullero a la secretaria General de la Presidencia para que de una vez dé la cara y explique, pero no es la facultad que nos estamos arrogando", aclaró y pidió insistir en la citación a Melik y Zicavo.

"No podemos permitir que se nieguen a asistir", exclamó Carbajal y rechazó las notas enviadas por ambos. "Pretenden responder algunas dudas por escrito pero no saben lo que les vamos a preguntar", señaló el diputado de Democracia para Siempre y requirió una "segunda citación bajo apercibimiento".

A su turno, Frade consideró que "Melik tiene mucho que decir y también tiene mucho que ocultar. Y esta es la prueba más acabada, que no están acá. Él habla de que se está duplicando la investigación judicial. Ellos duplicaron, pero para ellos el Congreso no tiene facultades para duplicar".

"Merecen todo el repudio de esta Cámara y este funcionario no debería estar en un Estado de Derecho en su cargo ni un minuto más, porque es nada más y nada menos que el titular de la OA y está cubriendo un posible hecho de corrupción", remarcó.

El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, reveló incluso que las notas excusándose "entraron por expedición", por eso "no revisten los aspectos legales necesarios que debieran haber cumplido; no ingresaron por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados ni por la secretaría de la comisión".

Al comienzo de la reunión también se aprobaron oficios a cuatro empresas de billeteras virtuales involucradas al caso $LIBRA (Belo App, Buenbit, Ripio y Lemon Cash Argentina).

“El rol de la OA no fue el que debía haber sido”

Único testigo en declarar este martes, el exsubsecretario de Integración y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Luis Francisco Villanueva, aseguró que el organismo "tenía la responsabilidad de tomar una serie de medidas para que los casos de conflictos de intereses estén debidamente controlados y sean prevenidos". En ese sentido, "debería haberle pedido al presidente, al momento de asumir el cargo, que informe cuáles eran sus clientes. Luego, podría no haber pubicado esa información, haberla reservado".

En esa línea, insistió con que la OA "podría haber hecho una serie de medidas preventivas para que asegurar que el presidente no interviniera en relaciones comerciales con personas involucradas previamente".

"Hay que hacer un ejercicio de imaginación bastante importante para desagregar a una persona de lo que dice su cuenta de X", opinó y afirmó que el organismo "no tomó medidas absolutamente indispensables para saber si se habían cometido o no delitos".

El exfuncionario criticó que la OA "aportó cero información relevante a la UTI y hasta incluso confundió a la fiscalía" cuando "no detectó en todos los meses que Julian Peh no se llamaba así", por ejemplo, en alusión al CEO de Kip Protocol vinculado al lanzamiento de $LIBRA, quien resultó ser Peh Chyi Haur.

Villanueva subrayó que en “la prevención, investigación del conflicto de intereses o violación de la Ley de Ética Pública, y en la investigación penal claramente el rol de la OA no fue el que debió haber sido”.

"No analizó cuestiones que era muy claras" y "no se tomó ni una sola declaración testimonial, cuando la OA está facultada para hacerlo", agregó.

Ante una pregunta de Sabrina Selva sobre si Karina Milei "tendría que haber sido una de las funcionarias investigadas por la OA", el testigo respondió: "Sí, creo que sí". Aunque señaló que los primeros días "no había motivos suficientes", posteriormente consideró que sí, al aparecer señalada como "un filtro para reunirse con el presidente".

En otro tramo, el exsubsecretario dijo: "Creo que están dadas las pruebas de una negociación incompatible, una persona que se puso en un lugar a los efectos de usar su cargo y que otro obtenga un beneficio de eso, hacer un negocio con eso".

Este martes tampoco asistió -por cuestiones de salud- José Massoni, creador y primer titular de la Oficina Anticorrupción durante el Gobierno de la Alianza, entre 1999 y 2002. Así lo comunicó el presidente de la comisión, pero envió una nota vía mail que fue leía por secretaría. En la misiva, Massoni consideró que la investigación que puede resultar “fundamental para que los ciudadanos conozcan la actuación de sus mandatarios y de los funcionarios investigados”.

“La creación de esta comisión no viola la división de poderes. Esto conduce al gran poder que puede ejercer la comisión desde el punto de vista político porque tiene la facultad de mostrar públicamente la perpetuación de actos corruptos rápidamente”

“Sera de suma utilidad para el abordaje del tema en estudio examinar los hechos que aparezcan aprobados desde la perspectiva de la Ley de Ética Pública. Nos hallamos ante un caso paradigmático de su violación y proponer las penalidades que prevé para lo ocurrido para los autores partícipes”, planteó.

El primer extitular de la OFI remarcó que “lo relativo a la interpretación de lo que implica ser funcionario público o los espacios de reserva de su privacidad mientras se ejerce en el cargo, no siento más que vergüenza al observar la actuación de la actual gestión”.

“Al momento de analizar la actuación del presidente Milei en el caso Libra interpretar que sus expresiones realizadas en las redes sociales, así como su actuación concorde en Casa Rosada, en realidad corresponden a su esfera privada que no constituyen actos de gobierno y que por ello están exentas del control de la OA”, criticó.

Massoni expresó: “Me causa peor estupor que quiénes son elegidos en semejante puesto, el cargo más honorable al que puede aspirar un argentino, asumen una serie de obligaciones éticas que alcanzan la totalidad de su tiempo, su palabra, con independencia de la plataforma donde se expresan”.

El funcionario planteó dos hipótesis: “Si se perpetuó una estafa, artículo 172 y concordantes del Código Penal, no menos que de alguna manera intervinieron en el armado del engaño el presidente de la nación y personal de su entorno cercano pudo ser coautor o partícipe necesario o partícipe secundario, artículo 45 y 46 del mismo código”.

“En el caso extremo atendiendo a las reglas del debido proceso y el principio de inocencia su declaración le daría la posibilidad de alegar haber sido una víctima de un ardid. Si este insólito último camino intentara, estaría aceptando que lo engañaron como presidente en una operación financiera que tendría efectos sobre innumerables terceros”, planteó como segunda alternativa.

Massoni remarcó que “no actuó como persona privada, sino que fue en carácter de presidente en nuestra República lo que lo hizo indudablemente público consecuencias penales. No hay calificativo para la confusión entre el ámbito público y privado que tendría, además, la persona que ocupa la jerarquía del Estado”.

“Es imprescindible contar con la explicación personal de los implicados y los posibles careos o pedidos de aclaraciones cuando se produzcan contradicciones de lo acontecido que ustedes deben conocer”, sugirió.