El proyecto que actualiza las partidas presupuestarias para las casas del altos estudios obtuvo 58 a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Además de La Libertad Avanza, la cordobesa Álvarez Rivero votó en contra de la ley. Losada de la UCR, y Huala, Goërling Lara y De Ángeli se abstuvieron.
Foto: Comunicación Senado
Con la presencia de una masiva marcha universitaria en las afueras del Palacio Legislativo, el Senado aprobó la insistencia definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones. El Gobierno nacional queda obligado a promulgar la ley ya que el texto superó ampliamente los dos tercios que establece la Constitución Nacional.
A favor de la insistencia de la ley, estuvieron 33 de los 34 integrantes del interbloque de Unión por la Patria; 12 de los 13 radicales; los dos santacruceños; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia; Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo de Unidad Federal; la rionegrina Mónica Silva; la neuquina Lucila Crexell; la chubutense Andrea Cristina; la tucumana Beatriz Ávila; el salteño Juan Carlos Romero; y Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez del Pro.
Dentro de los 7 votos en contra de la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario estuvieron los 5 de los 6 integrantes de La Libertad Avanza; la cordobesa Carmen Álvarez Rivero del Pro; y el formoseño Francisco Paoltroni de Libertad, Trabajo y Progreso. Además, se abstuvieron el misionero Martín Goërling Lara, la santafesina Carolina Losada, la pampeana Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli.
Los únicos ausentes al momento de la votación fueron el senador chaqueño de Unión por la Patria Antonio Rodas; la jujeña Vilma Bedia de La Libertad Avanza; y la chubutense Edith Terenzi.
A diferencia de lo que ocurrió en 2024, la iniciativa que propone una actualización en las partidas presupuestarias de las Casas de Altos Estudios y recompone salarios docentes y no docentes se transformó en ley. Es el segundo/tercer veto que el Congreso le deroga al presidente Javier Milei: el 4 de septiembre fue la Emergencia en Discapacidad y este jueves, también, la Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan.
¿Qué establece la ley?
La norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La medida alcanzaría las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el programa de Desarrollo de la Educación Superior.
Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025. La medida, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
También, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.
Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Asimismo, se establece la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándose por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Además, se establece un incremento progresivo en la cantidad de becas, en función del crecimiento de la matrícula en instituciones públicas de nivel secundario y superior.
Del mismo, establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis de la ley 24.521. Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación, junto con las observaciones que pudieran surgir y el correspondiente plan de seguimiento y control con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario, en un contexto de creciente demanda por eficiencia institucional.
Por último, intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios, tal como lo establece la ley 24.156. En ese marco, se prevé la adecuación de partidas para actualizar, al 1º de enero de 2025, el presupuesto destinado a las universidades públicas. La norma sostiene que esta actualización no deberá impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos ni sobre los aportes del Tesoro nacional, preservando así los recursos provinciales y el equilibrio fiscal.
Las intervenciones en el recinto
Miembro informante como presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el senador Eduardo "Wado" de Pedro, señaló que este miércoles en el interbloque de Unión por la Patria recibieron a rectores de universidades "casi con vergüenza de que este presidente vuelva a vetar una ley que tiene como fin el financiamiento de algo tan noble y necesario como es la educación universitaria".
"El 80% de esta cámara votó de manera positiva la ley", recordó y destacó que la norma se trabajó "entre todas las fuerzas políticas" junto a "los rectores, los gremios, los estudiantes". "Ayer nos decían los decanos que la pérdida (salarial de docentes y no docentes) es entre el 40% y 48% real respecto al presupuesto de diciembre de 2023", apuntó.
El legislador kirchnerista cuestionó que desde el Gobierno "dicen que no hay plata" pero "cuando uno mira las noticias en los diarios ve que por una desregulación en las billeteras virtuales perdieron en los últimos meses 8 mil millones de dólares". "Dicen que no hay plata -continuó- y en tres días, con una medida, o una estafa a los productores y la Argentina, con la baja de retenciones en pocas horas, el Estado argentino perdió 1.500 millones de dólares" que traducido a pesos argentinos son 2,17 billones.
"¿Cuánto es el costo fiscal que tiene este proyecto de ley? 7,3 billones", precisó y advirtió que el Presupuesto 2026 se destinan solamente 4,9 billones. "Le decimos al presidente que no puede desarmar lo que está bien, tiene que garantizar lo mínimo y lo básico para que los jóvenes no pierdan la esperanza, se queden en Argentina, puedan estudiar y puedan ser los trabajadores y dirigentes del futuro", concluyó.
El radical chaqueño Víctor Zimmermann se abocó a dar cifras sobre las universidades, concluyendo que el 86% del presupuesto destinado a las universidades públicas va para salarios; el 11,5% a gastos de funcionamiento y solo el 2,3% a transferencia e inversiones. “Esto es lo que se ejecutó durante 2024 para el conjunto de universidades públicas”, señaló, aclarando que para la Universidad del Nordeste, por ejemplo, la composición es diferente. “El gasto en salario es más alto y el de funcionamiento es menor”, aclaró.
Zimmermann aclaró que en el debate que está iniciándose en torno al Presupuesto 2026 “tenemos oportunidad de recomponer. Ahora, si miramos los datos que este presupuesto tiene asignado para el total de las universidades públicas para 2026, es un total de 4,8 billones de pesos”. Pero advirtió en ese sentido que los rectores, a los que han recibido en el bloque, les han indicado que estiman necesitar para el financiamiento 7,2 billones de pesos.
En síntesis, dijo que estaban dando “un paso muy importante, pero hay que seguir insistiendo para darles a nuestros jóvenes lo que necesitan para una mejor formación e igualdad de oportunidades”.
“¿Saben ustedes que las universidades públicas pagan en luz y en gas tarifas plenas, lo mismo que si fueran grandes contribuyentes?”, deslizó la senadora Alicia Kirchner, cuyo discurso muy crítico para con el Gobierno concluyó con esta advertencia: “La Libertad Avanza… ¿cómo? ¿Destruyendo el tejido social, empobreciendo a las mayorías, no considerando la salud pediátrica, la educación y nuestras universidades? Es muy duro lo que voy a decir, pero de seguir así, la timba de Caputo puede ser la tumba de los argentinos”.
Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, la senadora rionegrina Mónica Silva cargó contra el gobierno de Javier Milei y lo acusó de invertir “cero pesos para obras de infraestructura en universidades”. También sostuvo que hay un “32% menos de recursos para salarios del personal docente y menos fondos de financiamiento”. “Me pregunto si estamos caminando hacia un arancelamiento de las universidades públicas”, deslizó.
En segunda instancia, destacó que “la sociedad argentina valora permanentemente la existencia de universidades públicas, no aranceladas y el acceso a los estudios superiores”. Explicó que en los jóvenes que salen de la educación obligatoria “hay esperanza de ascenso social y concreta de inserción en el mundo del trabajo”. Asimismo, valoró al sistema universitario argentino y recordó que “los estudiantes argentinos no deben pensar en pagar créditos universitarios”, y cerró: “En 2022 el 68% de los ingresantes fueron estudiantes de familias que por primera vez tenían integrantes en la universidad”.
A su turno, el senador radical Maximiliano Abad apuntó contra Javier Milei y recordó que en la Asamblea Legislativa del 2024 “señalamos la ausencia de la educación en el Pacto de Mayo” porque “en ese momento funcionaba con el Presupuesto sancionado en 2022 con financiamiento congelado”, consideró. Asimismo, reiteró efusivamente que “llevamos un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades y es la tercera vez que este Senado va a votar la misma ley”.
Crítico de las medidas del gobierno libertario, el bonaerense afirmó que “ninguna política pública tiene sentido si la universidad está desfinanciada”. Para terminar, le envío una sugerencia al Poder Ejecutivo Nacional: “Recuperamos gobernabilidad con educación para que puedan insertarse en un mundo laboral cada vez más competitivo”.
Por último, cuestionó que “los docentes universitarios están cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza y las becas están congeladas”. También, advirtió que “este Senado tiene una deuda porque no nombró a los auditores de la AGN”, y concluyó: “¿Quién fue el iluminado del Gobierno que dijo que hay que sostener el equilibrio fiscal desfinanciando la salud y la educación?”.
Arribando a la tercera hora del tratamiento de ambos vetos, el senador radical Martín Lousteau bosquejó que “es realmente increíble que estemos hoy acá debatiendo estos temas”. En esa línea, cargó que “es patético porque las universidades públicas son políticas reconocidas internacionalmente”. Luego, apuntó contra el Gobierno nacional: “Milei habla de Riesgo País, pero no habla nunca jamás de la salud y la educación”.
Con datos alarmantes, el legislador porteño aseveró que “el Gobierno ataca a las universidades”, y cuestionó la ausencia de políticas en materias educativa al presentar que “en tercer grado, uno de cada diez argentinos no está alfabetizado; y uno de cada tres, presenta dificultades de comprensiones”. Además, cargó que “uno de cada diez se recibe en la secundaria en tiempo y forma con los conocimientos básicos en lengua y matemática”.
Por último, Martín Lousteau afirmó que “Argentina fue grande cuando invirtió en educación”, y criticó que “la inversión en educación universitaria fue del 1,73% del PBI en 2023, pero fue 0,96% en 2024 y 0,73% en 2025”. También, alertó que “el número que viene en el próximo Presupuesto es menos de la mitad de la de este año”. “Tenemos una pésima y baja ejecución de presupuestos”, enfatizó.
En sintonía con lo expuesto por los representantes de su bancada, el titular del bloque radical, Eduardo Vischi, auguró que “estamos para seguir apoyando estas leyes y seguir rechazando los veto si es que hace falta”. Acusó al gobierno de tener “el récord de la insensibilidad “, y señaló que “evidentemente prioriza las matemáticas y no entiende como equilibrar las cuentas publicas incluyendo a los sectores vulnerables”.
Sobre el rechazo al veto de la ley, el senador correntino Eduardo Vischi manifestó que “en el caso de las universidades, es un dato importante que si no damos el financiamiento su situación será cada vez peor con falta de estructura y de docentes y en detrimento del desarrollo tecnológico del país”.
En representación de Unidad Ciudadana, la senadora nacional Juliana di Tullio también responsabilizó al Poder Ejecutivo por el contexto que atraviesan las Casas de Altos Estudios: “Estamos votando por tercera vez porque el presidente Milei tiene un proyecto político y económico, y asume de espaldas a este Congreso y lo primero que hace es desconocerlo”. Volvió a cuestionar la delegación de facultades delegades y cargó que el presidente gobierna “a puro decreto y veto limpio”.
Al referirse al financiamiento universitario, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, apuntó contra el kirchnerismo por las “universidades truchas que hicieron para financiar campañas políticas. Nosotros no queremos que las universidades sean usinas políticas. Todo el mundo financiando el curro real de universidades truchas”.
El jujeño recordó que en 2022 el entonces ministro Sergio Massa aplicó un ajuste de 70 mil millones de pesos y no hubo “ninguna marcha”, y brindó como dato que “el 60% de los estudiantes no aprueba más de 1 materia por año; el tiempo promedio de egresar es de 12 años”.