A su vez, aprobaron recurrir a la Corte Suprema con un recurso extraordinario federal en caso de que se les rechace el recurso de apelación. También solicitarán información a un listado de plataformas de servicios virtuales de cripto.
La Comisión Investigadora sobre la Criptomonedas $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, se reunió este martes para determinas nuevas medidas de prueba y aprobó apelar a la Corte Suprema de Justicia si el Tribunal rechaza el recurso de apelación y, además, aprobó volver a citar al presidente Javier Milei ante la misma para que preste declaraciones.
En el encuentro se resolvió requerir a las plataformas de servicios de activos virtuales BBAT, Binance, Gateyo, Lemon, Ripio, Buenbit, Velo Bitget, OKX, Coin, Kraken, Crypto.com y Coinbase Coinbase la siguiente información:
También, aprobaron la autorización a las autoridades de la comisión y presidencia para interponer un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga en caso de que se revoque la sentencia del 6 de octubre del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Además, se aprobó la citación al presidente de la Nación; la solicitud de expedientes y actuaciones con respecto al ministro de Justicia y a la extitular de la unidad de investigación; y una reiterativa a Fix Flow.
A su vez, los presentes aprobaron una autorización para incorporar en el juzgado federal del doctor Martínez de Georgi y la autorización para la solicitud del auxilio de la fuerza pública para los funcionarios implicados.
En principio, Ferraro procedió a leer el expediente detallado que remitió el Juez Federal Ramos a la comisión y, luego, puso en conocimiento el informe sobre el estado procesal del recurso de apelación presentado contra la resolución del 6 de octubre en el que se les denegó el pedido de auxilio de la fuerza pública y la comparecencia del fuero federal para la tramitación del pedido.
Ferraro informó que la resolución dictada el 6 de octubre del 2025, el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Penal N°8 resolvió declarar improcedente el pedido formulado por la comisión para que se dispusiera la comparecencia por la fuerza pública al cuerpo Legislativo a los señores Alejandro Melic, María Florencia Cicabo, Paula Stark y Roberto Emiliano Silva a efectos de que presten declaración testimonial.
El diputado de la CC contó que el pasado 13 de octubre presentaron un recurso de apelación para considerar que la decisión judicial resulta “manifiestamente arbitraria” porque efectúa un reconocimiento meramente teórico de las facultades implícitas del Congreso Nacional y que “se nos niega toda eficacia operativa”, por lo que consideró que “esta contradicción vacía de contenido, la prorrogativa legislativa que se nos que se reconoce en el 75 inciso 32 y transforma el reconocimiento conceptual en una mera fórmula declarativa incompatible con la vigencia efectiva del principio republicano de división de poderes”.
Además, señaló que esa decisión “desconoce la competencia del fuero federal en materia de auxilio judicial del Congreso de la Nación y desnaturaliza la finalidad política y de control institucional que subyace en la actuación de la Comisión Investigadora”.
“Hemos solicitado la tramitación urgente del recurso de apelación, así como la habilitación de días y horas inhábiles. Por resolución del 17 de octubre de 2025, la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, fijó una audiencia para el día 28 de octubre del 2025 en forma presencial en la sede del tribunal. Frente a esta providencia, el 20 de octubre le hemos solicitado se adelante la audiencia en el plazo más breve previsto, ya que la demora en la resolución del recurso podría causar un daño irreparable a los intereses de la Comisión Investigadora y a las funciones de control del Congreso de la Nación”, leyó el diputado de la CC.
En esa línea, remarcó que “la sistemática incomparecencia de los testigos citados genera un dispenso de la actividad legislativa, en tanto obstaculiza el normal desarrollo de las tareas de investigación encomendadas para la comisión, sobre todo porque los testigos citados revisten de carácter de funcionarios públicos cuyas funciones guardaban una estrecha vinculación con el objeto de investigación”.
Por último, Ferraro avisó que, en caso de que el Tribunal rechace el recurso de apelación, pondrá a consideración de la comisión la vía de apelación extraordinaria ante la Corte Suprema a través de la presentación de un recurso extraordinario federal.
Al pedir la palabra, el diputado Juan Marino (UP) planteó como primera medida que se resuelva volver a citar al presidente de la Nación, Javier Milei, respetando todas las prerrogativas establecidas en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal para que “venga a dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar sus dichos”.
Marino leyó la respuesta de Ripio -plataforma virtual de Argentina que ofreció Libra públicamente-, luego de que Milei afirmó ante una entrevista de la señal de TN que “perdió el Estado acá nada, digamos, perdió plata los argentinos. Te decía que tengo mis serias dudas. Digo que digo, no creo que sea más de cinco argentinos. Pero desterremos la idea que hay 44,000, o sea, son 5000 y la gran mayoría son estadounidenses y chinos”.
Ripio informó que “1358 usuarios con residencia en el país en Argentina han realizado compra o venta del token mencionado Libra. De estos existen 1329 argentinos. Al momento del lanzamiento del token, la sociedad contaba con 2.145.758 usuarios registrados en Argentina”. Al respecto, Marino apuntó: “Desmiente el discurso del presidente Milei de que esto era algo solamente accesible para público hiper especializado en operatoria en criptomonedas. Entonces, esto es importante porque pone de manifiesto una afirmación abiertamente, evidentemente y objetivamente falsa por parte del presidente”.
NOVEDADES DE LA INVESTIGACIÓN DE LIBRA EN EL CONGRESO
El exchange Ripio, la única que ofreció públicamente la criptomoneda LIBRA a las pocas horas que Milei la lanzó en sus redes, nos informó a los diputados de la Comisión investigadora que 1329 argentinos usuarios de su… pic.twitter.com/YEokV9pRIr
— Itai Hagman (@ItaiHagman) October 21, 2025
En tanto, planteó que “habría que trabajar que los fondos provenientes de la operatoria de Libra podrían estar en propiedad de Javier Milei, de Karina Milei y del propio Hayden Davis”.
Por otro lado, planteó librar un oficio al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por no otorgar el contenido de las actuaciones de la UTI y para que informen bajo qué números de expediente tramitaron en el sistema de documentación electrónico del Estado argentino sus actuaciones. “Porque a esta altura una de las hipótesis que manejamos es que están ocultando algo de importancia que no quieren que conozcamos. Otra de las hipótesis que manejamos directamente es que no hicieron nada”, cerró Marino.
A continuación, su par la diputada Sabrina Selva destacó el avance de la investigación y cuestionó las “obstrucciones que nos está poniendo la justicia que nos impiden acceder al expediente judicial, que nos impide traer a los funcionarios a dar explicaciones”, y precisó que “la justicia viene avanzando más lento que la justicia en Estados Unidos”. Selva reiteró el pedido de información a Fixed Float que “es otro de los exchange que voy a pedir que se ponga a votación porque es información nueva que tenemos que reiterar”, y volvió a solicitar la presencia de los funcionarios ante la comisión para que den explicaciones.
Luego, pidió la palabra la diputada Mónica Frade (CC - ARI) hizo una moción para que se apruebe una autorización en caso que, si los plazos vencen en días que no hay reunión, el presidente de la comisión en su representación arbitre todos los medios y los escritos que haya que dejar y las apelaciones y la cuestión federal que haya que interponer porque “es imprescindible para que la causa termine su proceso”.
“Tenemos una serie de personas acá particulares que han sido citadas y no han venido. Entonces, también voy a mocionar para que se dé autorización. Por supuesto, tenemos que esperar que finalice y que resuelva la apelación sobre el uso de la fuerza pública, pero en caso de que resuelva favorablemente esta comisión, voy a solicitar que demos autorización al presidente de la comisión para que la pida sin más a Mauricio Gaspar Noveli, Terrones Godoy, Sergio Morales, Demi Reidel y para la señorita hermana presidencial Karina Milei. Así que voy a dejar mocionado esos dos pedidos”, cerró.
El diputado de izquierda Cristian Castillo adhirió a citar al presidente Javier Milei para que “dé las explicaciones del caso, es lo que corresponde. Le habíamos girado las preguntas por escrito, no las respondió, así que creo que corresponde, evidentemente, citarlo”.
“Está bien dejar de manifiesto su falta de voluntad en colaborar y aclarar respecto a todos los temas sobre los cual él tiene que dar explicaciones. Le corresponde su obligación dar esas explicaciones”, planteó y consideró que la ausencia de los funcionarios implicados “es una verdadera falta de colaboración”.
👉🏼 Presentan nueva demanda ampliada por el escándalo internacional de $LIBRA:
La Justicia de Estados Unidos recibió este martes 21 una nueva versión ampliada de la demanda colectiva que investiga el fraude internacional de los tokens $LIBRA, $M3M3, $MELANIA, $ENRON y $TRUST,…
— Oscar Agost Carreño (@oagost) October 21, 2025
De forma breve, el diputado Rodolfo Tailhade (UP) sugirió que “tanto en uno como en el otro oficio incorporemos dos apercibimientos o una suerte de apercibimiento. En primer lugar, el bajo percibimiento de formular denuncia penal en orden a la posible comisión del artículo 255 del código, que dice ‘será reprimido con prisión de un mes a 4 años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente’. Básicamente acá estamos ante la hipótesis de un ocultamiento que tampoco descartaría que fuese una destrucción”.
El segundo oficio, propuso una advertencia al ministro de Justicia de que “nosotros estamos en condiciones de ir a pedirle el registro, el allanamiento de sus oficinas, el allanamiento del edificio del Ministerio de Justicia para que la justicia secuestre el expediente digital.
En esa línea, la diputada Margarita Stolbizer adhirió a las palabras de Tailhade: “Hay que hacer un apercibimiento sobre lo que implica el delito de obstrucción a la justicia y por las características propias de la comisión investigadora que pueden asimilarse”. “Siento que es prácticamente imposible pensar con que se va a poder cumplir con el plazo establecido en la resolución de creación y, por lo tanto, me da la impresión que eso va a ser casi imprescindible”, concluyó.