El bloque que conduce Cristian Ritondo presentó un amparo judicial para impugnar la designación de los nuevos auditores. Denuncia un procedimiento inconstitucional, fuera del temario de extraordinarias, y advierte sobre un acuerdo político que, a su criterio, compromete el equilibrio del organismo de control.
La disputa política entre el Pro y La Libertad Avanza sumó un nuevo y fuerte capítulo con la presentación de un amparo judicial para frenar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobadas por la Cámara de Diputados en una sesión que se extendió hasta la madrugada del jueves pasado.
La acción fue promovida por el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien solicitó a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución mediante la cual se avaló la terna de auditores integrada por Rita Mónica Almada, propuesta por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, vinculado políticamente al kirchnerismo; y la exdiputada salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal.
En la presentación, el legislador cuestiona de manera central el procedimiento utilizado para avanzar con las designaciones. Sostiene que el tema fue incorporado de manera sorpresiva, cerca de las tres de la mañana, y que no formaba parte del temario habilitado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, lo que —según remarca— constituye una violación directa de la Constitución Nacional.
El escrito también apunta a la ausencia de los pasos formales básicos: no hubo dictamen previo de comisión, ni debate parlamentario, ni pedido expreso de apartamiento del reglamento. Para el Pro, la votación se realizó “sin publicidad ni transparencia”, en un contexto que torna el acto “nulo de nulidad absoluta”.
Ritondo advirtió además que lo ocurrido no solo afectó los derechos políticos de los diputados, sino que impacta de lleno en el funcionamiento de un órgano clave del sistema institucional. “La AGN no es una dependencia administrativa del Congreso, sino un órgano constitucional de control externo”, sostiene el amparo, al tiempo que alerta sobre el riesgo de alterar el equilibrio entre oficialismo y oposición que debe regir su integración.
En ese marco, el Pro solicitó una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o ejerzan funciones hasta tanto exista una sentencia definitiva, y reclamó que se restituya la situación institucional previa al acto cuestionado.
Más allá del planteo jurídico, la decisión expone el quiebre político entre el Pro y La Libertad Avanza. En el macrismo interpretan que la conformación de la AGN respondió a un acuerdo entre el oficialismo libertario y sectores del kirchnerismo, con el aval del presidente de la Cámara, Martín Menem, lo que terminó por dinamitar los entendimientos previos dentro del espacio opositor.
En su descargo, Ritondo aclaró que el amparo no apunta contra los nombres propuestos, sino contra el mecanismo utilizado. Subrayó que durante las sesiones extraordinarias el Congreso no puede incorporar temas por iniciativa propia, ya que la definición del temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. Avanzar por fuera de ese marco, concluyó, “no fortalece el control del Estado, sino que lo debilita”.