Una segunda jornada de debate sobre los 30 años de la Ley de Estupefacientes (23.737) se realizó este lunes en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, presidida por Dalmacio Mera (Frente de Todos). Durante la reunión virtual, defensores y funcionarios del Poder Ejecutivo coincidieron en la necesidad de una reforma de la norma.

La primera oradora de la jornada fue la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien enfatizó que “hay algunas reformas (a la ley) que están esperando desde hace largo rato”. Al recordar el fallo Arriolla de 2009, por el cual la Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo referido a la tenencia de droga para consumo personal, la funcionaria señaló que “como no hubo reacción legislativa inmediata” para corregir la norma, se generó “un problema”.

“La policía sigue deteniendo gente”, indicó, bajo el argumento que el delito “sigue estando en la ley y que ellos en la primera etapa no pueden distinguir si es para consumo personal” o no. Esto demanda “recursos económicos, materiales, humanos” que están “mal dirigidos” hacia “los consumidores, cuando deberían estar dirigido a los narcotraficantes”.

Para Martínez, la tenencia para consumo personal “no debe figurar en la ley ni constituir un tipo penal” y, además, “hay que discutir mucho más ampliamente qué pasa con la tenencia simple”, de modo que “solo pueda ser alcanzada por la norma cuando claramente se puede insertar en un proceso de narcotráfico”.

“Todo esto ha provocado mucha jurisprudencia, que resulta contradictoria” y “en nada ayuda porque no da ninguna certeza”, remarcó la defensora, al tiempo que dijo que la Ley 23.737 “no ha demostrado ser suficientemente eficiente en la lucha contra el narcotráfico”.

Por otro lado, advirtió que, salvo la Ciudad de Buenos Aires, “no hay lugares adecuados para atender los tratamientos (de personas adictas) en las provincias”; y “otro tema muy grave” es “el tema de las mulas” porque esta ley “genera un impacto diferencial enorme sobre las mujeres”.

En su alocución, la funcionaria consideró que “es urgente que haya un tratamiento muy racional sobre el tema del cultivo por la utilización medicinal de cannabis” y analizar “hasta qué punto hay que utilizar represión o hasta qué punto es preferible liberalizar el consumo de ciertas drogas”.

“Reconozco que todavía la sociedad argentina no parece estar preparada para esto, sí para dar la discusión, pero no para avanzar con una ley”, opinó y agregó que “no” cree que “podamos adoptar el modelo uruguayo”, pero sí abogó por avanzar en adoptar ese modelo “en lo que se refiere al cannabis medicinal”. “Creo que ya a esta altura es imprescindible que se reforme la ley”, completó.

A su turno, Ana Galán Muñoz, coordinadora general de Defensa de la Jurisdicción Federal de Salta, resaltó la necesidad de que “se visibilicen cuestiones de género” en una eventual modificación de la norma. Según datos del Servicio Penitenciario Nacional, la expositora precisó que “del total de presos federales, el 5,54% son mujeres, pero en el NOA, la meca del narco, ese porcentaje supera el 34%”.

La funcionaria detalló que de los casos que se atendieron entre 2016 y 2019 “más del 25% fueron mujeres” y “el 90% vinculadas al proceso penal por causas de drogas”, de ese número “el 50% tuvieron una participación en el delito de tipo mula” y “el el 30% fueron amenazadas, involucradas por sus parejas hombres” para ello. “Merecemos un análisis de la lucha contra el narcotráfico con perspectiva de género, recolectando datos precisos para poder diseñar políticas públicas”, añadió.

Por su parte, Gabriel Anitua, defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, sostuvo que “esta ley más que un fracaso fue un error” y “provoca injusticias y costos”. Asimismo, advirtió que “todo el andamiaje legislativo” construido en base a esta norma “provoca vulneraciones de derechos”. “Esta legislación no es útil”, insistió y propuso “una ley que regule el mercado de las drogas, y sea por tanto eficaz”.

Con énfasis en el tema del autocultivo de cannabis, Pablo Ordoñez, defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia N°1 de La Plata, manifestó que se necesita “una ley que sea clara” sobre cannabis medicinal, y que se piense en relación a “la realidad y dejando de transformar en delincuentes a aquellas personas que lo único que quieren es hacer que su dolor no espere“. “Necesitamos que se aggiorne la ley a lo que estamos viviendo día a día”, agregó.

La exposición de los funcionarios del Ministerio de Seguridad

Durante la reunión se presentaron también funcionarios del Ministerio de Seguridad. Abrió la ronda Eduardo Villalba, secretario de Seguridad, quien expresó que una modificación de la Ley de Estupefacientes debe hacerse teniendo en cuenta “el termómetro de la sociedad civil respecto a esta temática” y junto a “las áreas del Estado, las ONG’s especializadas, la voz de los que trabajan en territorio y la voz de la justicia”.

Además, el funcionario opinó que una nueva normativa debe contemplar “un claro mensaje hacia nuestras fuerzas de seguridad”, “los efectores y gestores de salud” y “todos los recursos de abordaje de los consumos problemáticos”. En resumen, se requiere de “un ámbito integral que pudiera trabajar la ley de una manera seria”, subrayó.

En su discurso, durante el que repasó la labor que lleva adelante la cartera, Villalba apostó por una nueva ley en la que “las soluciones no sean meramente transitorias o queden con moras hacia la sociedad, la justicia, las fuerzas de seguridad”, sino que avance hacia “lo que queremos en la lucha contra la narcocriminalidad”.

A continuación, Ángela Oyhandy, directora nacional de Estadística Criminal, habló de “la ausencia de indicadores objetivos que permitan dar cuenta de la eficacia de las políticas de la lucha contra el narcotráfico que encontramos al inicio de nuestra gestión”.

No obstante, informó que en base a “datos sobre incautaciones de sustancias” se arribó a “conclusiones preliminares que hablaban de una baja eficacia y de una gran concentración de la actividad de las fuerzas federales en incautaciones de pequeñas cantidades de drogas, fundamentalmente de marihuana”.

La funcionaria señaló que entre los años 2001-2009 se duplicaron las denuncias por este tipo de hechos, “luego hubo un amesetamiento” y “un nuevo gran salto entre los años 2017 y 2019”. “El gran incremento en estos años -de un 84%- se produjo en la categoría tenencia simple atenuada para uso personal de estupefacientes”.

“Un 66% de la actividad de las fuerzas federales en estos ultimos años estuvo orientada a la focalización en tenencias de distintos tipos”, aseguró y remarcó que “la infracción a la Ley 23.737 es la sexta categoría en cantidad de denuncias que se concentran en todo el país”, alcanzando el año pasado un número de 98.037.

También expusieron Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa; y Valentina Novik, subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.