La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, a cargo de la radical Roxana Reyes, se reunió este miércoles para a las autoridades de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes junto a otros disertantes que expusieron sobre el impacto del Presupuesto 2023 a dicha área.

En el inicio, Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación abordó el Plan Nacional de Primera Infancia- que según explicó- “tiene un incremento del 90% y es el programa que más crece respecto al ejercicio 2022”. “Hay una inversión en infraestructura de espacios de cuidado y educación de niñez no inferior a 55 mil millones de pesos aclarando que este Presupuesto no es de la secretaría ni del plan primera infancia, pero lo complementa porque son obras que se incorporan a ese plan”.

“Cuando llegamos a la gestión había una distribución muy desigual en las provincias y esto no podía ser tema del Consejo Federal de Niñez, desde que expandimos a las provincias los planes de infraestructura esa distribución de espacio está concertada con las 24 jurisdicciones, excepto CABA, que no lo ha pedido. 23 gobernadores pidieron con criterios de vulnerabilidad estos espacios. Es una política de Estado y hay acuerdos federales muy importantes”, precisó el funcionario.

Respecto al programa de acompañamiento para el egreso (PAE) dijo que “el impacto que tiene es de alrededor de 3000 chicos y nos estamos acercando a universalizar este proceso”. Ante consultas sobre la ley Brisa explicó que “efectivamente tenemos dificultades en el diseño del presupuesto porque el presupuesto siempre intentamos que se comprenda, pero no siempre logramos como comunicarlo bien”.

“Este año si tuvimos una leve demora que generó preocupación, pero hoy estamos al día porque el Ministerio de Desarrollo Social nos transfirió 100 millones de pesos que se suman a los 1400 millones de créditos que habíamos ampliado durante el año y que permitió que hoy estemos al día y que si esta resolución de ampliación de crédito se incluye -que son 1050 millones- vamos a poder pagar BRISA y PAE completo en el último trimestre del año sin recortes ni demoras”, agregó.

Por su parte, la doctora Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, expresó agradecimiento por “esta invitación, contar con espacios de consulta, de intercambios sólo pueden lograr que la niñez y adolescencia tengan lugar en la discusión parlamentaria en torno al presupuesto con el fin último que la inversión hacia la infancia se mantenga y se promueva”. “Celebramos que incluya un capítulo transversal que permite identificar las principales iniciativas para el cumplimiento de derechos de niñez y adolescencia; también celebramos que se haya un etiquetado transversal vinculado al programa de los 1000 días”.

 “Hace casi 20 años que trabajamos en articulación con el Ministerio de Economía de la Nación para asegurar que esto sea posible, saludamos en particular ese esfuerzo con el ministerio y en particular con la oficina nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda que viene trabajando en etiquetado, institucionalidad y transparencia de presupuesto”, cerró Brumana.

En su intervención, el economista Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina, manifestó que en “términos positivos- tanto en las acciones de nutrición como en espacios de primera infancia- la SENAF tienen incrementos reales en términos positivos”. Pero advirtió que existe “una alerta con algunos programas con riesgo presupuestario”, y consideró que “sino median modificaciones en el tratamiento parlamentario del presupuesto hay amplias posibilidades de incumplimiento de la ley 26061 respecto a la intangibilidad. 

“Entendemos el contexto y las restricciones y efectivamente en un contexto del 51% de pobreza entendemos que, si se discuten estas medidas en el proceso parlamentario, efectivamente van a poder reducir las brechas y continuar fortaleciendo y continuar fortaleciendo y generando una realización progresiva de derechos”, fundamentó a modo de reflexión.

Javier Moro, director de Monitoreo de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes resaltó que el “etiquetado se viene sosteniendo a lo largo de los años y hay una ampliación de programas y nosotros venimos peticionando por algunos”. “Destaco el programa Sumar que es un programa en salud importante que no estaba incorporado y se incorporó algunas actividades con el Renaper por el derecho a la identidad de niñas y niños, y queremos ir por más”, explicó.

 “En su conjunto esto que llamamos el etiquetado transversal en niñez está emparejado con la pauta inflacionaria del ejecutivo, queda 1 punto apenas por encima de esa pauta inflacionaria. Esto es heterogéneo en términos de programas y ministerios. El grueso del gasto de la administración nacional pasa por seguridad social, en el caso de Niñez y Adolescencia tiene que ver con asignaciones familiares con la AUH y efectivamente en la pauta oficial sale equiparada apenas por encima en el escenario punta a punta”. Luego, el funcionario puso algunas “alertas” sobre los programas alimentarios y las becas Progresar.

Desde la ONG infancia en deuda, Francisco Rodríguez, consideró que “no queremos ignorar el hecho de la situación económica compleja de la Argentina, pero observamos frente a la recesión económica existe la posibilidad de priorizar las partidas en niñez o no priorizarlos y lo que observamos es que el crédito devengado de 2020 hacia los programas de la niñez era de un 14%, mientras que para 2023 el proyecto de presupuesto propone una inversión del 9.82%”.  “Entonces en este sentido no estaríamos cumpliendo con el mandato legal”, aseveró.

Juan Camisassa, analista de Protección Social de CIPPEC propuso hacer eje en tres políticas públicas: “Garantizar ingresos a las niñas, niños, adolescentes, a través del sistema de transferencias a la niñez y adolescencia; garantizar el derecho a un desarrollo pleno de las potencialidades de las infancias y adolescencias, a través, de mejoras y fortalecimiento de servicios de educación y cuidado; y buscando garantizar el derecho a cuidado de niñas, niños proponemos una reforma por licencia por nacimiento y adopción”, y cerró: “Estos tres tipos grupos de políticas no solamente son claves para garantizar derechos, sino que también contribuyen al desarrollo socioeconómico”.

Estuvieron presentes, Gala Diaz Langou, directora Ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento y representante de la ONG Infancia en Deuda; Vanesa Salgado, directora de investigación aplicada de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.