Las normas fueron comunicadas por el Senado a Casa Rosada este lunes. El plazo de los diez días hábiles para que el PEN pueda desecharlas vencerá el próximo 4 de agosto.
Las leyes de aumento de las jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad fueron comunicadas formalmente este lunes desde el Senado a Casa Rosada, con lo cual comienza a correr el plazo para que el presidente Javier Milei tome la decisión de vetarlas total o parcialmente, según lo anticipó.
Luego de su sanción definitiva en la sesión de la Cámara alta del pasado 10 de julio, las normas pasaron por un habitual trámite parlamentario en el cual los textos deben ser revisados por ambas cámaras y salir con la firma de sus autoridades.
De esta manera, a partir de este lunes corren los 10 días hábiles que el Poder Ejecutivo tiene para evaluar si observa las leyes sancionadas por el Congreso. Ese plazo vencerá el próximo lunes 4 de agosto, semana en la que se espera que la actividad legislativa se reanude con fuerza tras el receso invernal.
El tiempo para decidir sobre el veto corresponde a que, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.
No obstante, el artículo 83 establece que, en caso de desechar el Ejecutivo una ley, ambas cámaras pueden insistir en la aprobación de ésta con dos tercios de los votos.
Las fechas de tratamiento de los eventuales vetos coincidirán con fechas clave del calendario electoral: cierre de alianzas y de listas. Sumado a ello, en la Cámara de Diputados hay una agenda pendiente con más temas incómodos para el Gobierno, como proyectos sobre emergencia en pediatría -a raíz del conflicto en el Garrahan- y financiamiento universitario, más el veto sobre la emergencia en Bahía Blanca (ya rechazado por el Senado).
También aguardan con media sanción los proyectos de los gobernadores sobre reparto de fondos, a través de los ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles. De cara a los cierres de alianzas, las órdenes de algunos de ellos serán clave en cómo puedan actuar algunos legisladores. Por lo pronto, en la sesión del Senado no bajaron quienes responden a los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Mientras transcurría la sesión en el Senado del 10 de julio, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei confirmó que vetaría todo lo aprobado por el Congreso y que incluso si no pudiera sostener su decisión con un tercio de legisladores que lo apoyen, judicializará las leyes. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también lo ratificó en más de una oportunidad antes y después de la sanción de las normas.
Uno de los argumentos principales del Gobierno para desestimar las leyes impulsadas por la oposición es el de que tales medidas “rompen el equilibrio fiscal” y, además, no plantean fuente de financiamiento.
En este sentido, alegan el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que reza: “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Fue la normativa que citaron en el veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca.
¿Cómo fueron las votaciones?
Bajo el número de Ley 27.791, la norma que prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario de 70 mil a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas, fue aprobada en Diputados por 146 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, cerca de los dos tercios. En el Senado superó ampliamente esa mayoría, al salir con 52 votos a favor y 4 abstenciones.
En el caso de la Ley 27.792, que restituye la moratoria previsional por dos años e introduce una serie de cambios en la PUAM, su aprobación estuvo muy lejos de dos tercios de los votos a favor en cada cámara. En Diputados obtuvo 111 votos positivos, 100 negativos y 15 abstenciones; en tanto, en el Senado cosechó 39 votos positivos, 14 negativos y 1 abstención.
Finalmente, la Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, salió con dos tercios de los votos en ambas ocasiones. En la Cámara baja reunió 150 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones (dos tercios sobre los presentes), mientras que en el Senado salió por unanimidad con 56 votos positivos. Producto de este amplio respaldo, desde un sector del oficialismo trascendió la posibilidad de que sea vetada de manera parcial. Se verá.
Una vez confirmados los vetos, el trámite comenzará por la cámara de origen, que en todos los casos fue Diputados.