Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa y Comunicaciones del Senado emitieron el dictamen sobre el proyecto de ley de Acceso a la Información, con la introducción de modificaciones al texto que cuenta con media sanción de Diputados.
El proyecto que busca reglamentar el acceso a la información como derecho reconocido por la Constitución Nacional sería debatido por el plenario del cuerpo el miércoles 17 o, eventualmente, una semana después.
El dictamen favorable a la ley, que sería debatida en dos semanas, no fue respaldado por la bancada radical, que exigió la aprobación del proyecto original para no retrasar más su implementación.
En este sentido, el senador Carlos Prades (UCR-Santa Cruz) propuso que se vote la sanción de Diputados y que luego se apruebe otra norma con las modificaciones propuestas por el Senado.
"El ciudadano común está esperando que se permita el acceso a la información que genera el Estado por lo que sería un acto de sensatez y responsabilidad aprobar el proyecto original" destacó el senador santacruceño.
El proyecto de ley de Acceso a la Información habilita la posibilidad de que "cualquier ciudadano pueda acceder a la información pública".
Uno de los puntos que se modificó se refiere al alcance que tendrá la iniciativa, dado que los senadores agregaron a las instituciones privadas que reciben subsidios o algún otro tipo de asistencia por parte del Estado.
El proyecto fue impulsado por el bloque justicialista y acompañado por transversales y representantes de partidos provinciales; en tanto que el radicalismo no acompaño la iniciativa porque reclamó que se respetara el texto votado en la Cámara baja.
El principal cambio que introdujo el Senado -según explicó la senadora Cristina Fernández de Kirchner, titular de la Comisión- es la obligación de las empresas de brindar información a los ciudadanos que lo requieran.
En este sentido, el dictamen aprobado establece que los entes privados a los que se les haya otorgado un subsidio o aporte estatal y las compañías privadas a quienes se les haya otorgado la concesión o explotación de un servicio público tienen la obligación de brindar información sobre su organización.
Según el proyecto, las empresas que no accedan a facilitar información serán castigadas con una multa de entre 500 y 20.000 mil pesos y a sus directivos con hasta dos años de cárcel.
"El ámbito privado no es alcanzado por el ciudadano común en el proyecto de Diputados, por lo que no pueden acceder a información de las empresas privadas" sostuvo la primera dama, al defender el proyecto del Senado.
Fernández de Kirchner defendió, además, la posibilidad de que el Senado revise los proyectos sancionados en Diputados y destacó que esto es una "obligación" del cuerpo.
En este sentido, Prades le exigió a la primera dama que mantenga la misma postura cuando el Senado tenga que debatir el presupuesto 2005, que en general nunca es modificado por la Cámara alta.
La presión de las organizaciones civiles, que en varias ocasiones realizaron actos para solicitar la sanción de la ley, hizo que la Comisión de Asuntos Constitucionales -junto con las Comisiones de Defensa, Asuntos Administrativos y Municipales, Sistemas y Medios de Comunicación- apurara el dictamen sobre la ley.
Sin embargo, los cambios introducidos por el plenario demorarán la sanción de la reglamentación del derecho a la información publica por los menos un año, ya que el debate volvió a Diputados.
