La diputada de JxC presentó un proyecto de declaración que fue acompañado por una parte del bloque Pro. Los gremios presentaron una nota ante el gobernador Poggi.
La diputada nacional Karina Bachey (Pro – San Luis) expresó este miércoles su solidaridad y acompañamiento al mandatario sanluiseño Claudio Poggi “ante la preocupante situación económica y financiera en la que el gobernador saliente, Alberto Rodriguez Saá, dejó la provincia”.
Fue a través de un proyecto de resolución, el cual fue acompañado por el presidente del bloque Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo, y los diputados nacionales María Eugenia Vidal; Germana Figueroa Casas; Marilú Quiroz; Silvana Giudici; Alejandro Finocchiaro; Héctor Stefani; Ana Clara Romero; Aníbal Tortoriello; Patricia Vásquez; y José Núñez.
El exdiputado nacional -actual gobernador de San Luis- Claudio Poggi asumió el pasado 10 de diciembre y tomó la medida de abonar los salarios y aguinaldos de los empleados públicos en cuotas aduciendo que “se encontró con la Gobernación devastada”.
Esta medida generó que la Mesa Intersindical Estatal presentará una nota donde le solicitan a Poggi de manera urgente una audiencia “para abordar las recientes medidas que afectarán los salarios y derechos adquiridos de las y los trabajadores estatales”.
La precandidata de JxC reiteró su apoyo al gobernador electo Claudio Poggi y remarcó que “vamos a realizar las reformas que consideramos que hay que llevar adelante en el país”.
La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuntó este martes contra el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, por “generar una crisis de ingobernabilidad queriendo armar un estado paralelo”, luego de haber sufrido “escraches” en su arribo a la provincia.
La exministra de Seguridad de la Nación recibió insultos y escupitajos cuando arribó a la provincia y ante este hecho expresó que “llegamos a San Luis y estábamos dando la conferencia y vino un grupo a atacarnos violentamente, a escupirnos. El gobierno provincial se fue, dejó zona liberada”.
En tal sentido, se refirió al triunfo de Claudio Poggi -gobernará la provincia a partir del 10 de diciembre- y amplió: “Estos escraches y muestras de fascismo lo están encerrando total y absolutamente a Poggi para no dejarlo gobernar”. “Como ganamos en San Luis y como vamos a ganar a nivel nacional, con el voto popular, vamos a defender con toda nuestra fuerza y nuestra legitimidad lo conseguido”, enfatizó Bullrich.
“Esto es lo que están instalando si gana Juntos por el Cambio, que van a salir a tirar piedras y a hacer paros. Con cada piedra vamos a construir un puente, y a cada obstáculo le vamos a poner más ganas al cambio”, indicó. Del mismo modo, sostuvo que “vamos a realizar las reformas que consideramos que hay que llevar adelante en el país”.
Por último, concluyó que “con la violencia que llevaron a la conferencia de prensa ya están mostrando los dientes”. “No saben convivir en democracia. ¿Con ellos vamos a dialogar?”, finalizó.
La diputada Karina Bachey presentó un proyecto para expresar su más enérgico repudio y preocupación por la aprobación de una ley impulsada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá.
Un proyecto de resolución de la diputada puntana Karina Bachey expresa “su más enérgico repudio y preocupación por la aprobación de una ley impulsada por el gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá, que crea 53 nuevos cargos de funcionarios públicos en la Legislatura de la provincia de San Luis, con sueldos de 80 mil pesos cada uno”.
Los mismos, afirma Bachey, “servirán como refugio para funcionarios del oficialismo una vez que concluya el mandato del gobernador actual”.
El proyecto tuvo un amplio respaldo de los siguientes diputados: Claudio Poggi, Dina Rezinovsky, Alejandro Finocchiaro, Alejandro Cacace, Margarita Stolbizer, Sabrina Ajmechet, Gerardo Cipolini, Mario Barletta, Pablo Torello, Mercedes Joury, Sofía Brambilla,Alberto Asseff, Maria Sotolano, Germana Figueroa Casas, Lidia Inés Ascarate, Maria Luján Rey, Álvaro Gonzalez, Marcela Coli, Florencia Klipauka, Gabriela Lena, Carlos Zapata, Carolina Castets y Aníbal Tortoriello.
Tras calificar el hecho como “de extrema gravedad institucional”, lamenta su autora que las dos cámaras aprobaran y convirtieran en ley en menos de 24 horas la creación de un cuerpo especial de 53 directores con rango de funcionarios. Se estima que ese gasto político tendrá un impacto de 500 millones de pesos en el presupuesto.
Sostiene Bachey que la norma fue aprobada a instancias del gobernador Rodríguez Saá para nombrar a funcionarios y asesores que se quedarán sin cargos a partir de diciembre en el Gobierno porque el oficialismo perdió las elecciones.
El proyecto que se aprobó en la Legislatura provincial crea una nueva estructura en las comisiones de Diputados y Senadores de San Luis. Se trata del “Cuerpo Especial de Directores”, integrados por “directores de comisión”. Son 28 cargos “con estabilidad” en la Cámara de Diputados, y 22, en la de Senadores. A esa suma de 50 puestos con estabilidad, se suman tres más sin estabilidad que se añaden a la estructura del Senado.
Advierte el proyecto que también se busca aumentar varias veces el presupuesto de la Universidad Provincial de Oficios para generar más cargos políticos. Y la tercera medida, es un proyecto de ley de modificación del presupuesto para generar más empleo público.
En el listado de medidas polémicas se ubican además los llamados a licitación por $.3700 millones para hacer compras y obras que no están en el presupuesto 2023; el pedido de acuerdo para designar fiscales y defensores, la intención de designar un juez en la Corte y la pretensión de nombrar como defensor del Pueblo al exintendente Enrique Ponce.
“En una provincia con un 63% de niños y niñas viviendo por debajo de la línea de pobreza, es inentendible una decisión totalmente desacertada del actual gobernador, que no solo vive una realidad paralela, sino que no toma ningún tipo de medida para atender esta situación”, señala la diputada de Juntos por el Cambio, que ve con preocupación “este tipo de decisiones tomadas por el
Gobierno provincial, que se suma a la nula voluntad del oficialismo de comenzar un proceso de transición ordenada, con el gobernador electo, Claudio Poggi”.
En un capítulo más de la pelea entre los hermanos Rodríguez Saá, el senador nacional anunció su decisión de acompañar al espacio Cambia San Luis.
Peleados desde hace ya un largo tiempo de manera definitiva, hay muchos que siempre se preguntaron qué tan sincero era ese distanciamiento entre los hermanos Rodríguez Saá. Pero con el correr del tiempo y la persistencia de la discordia, no van quedando dudas de que la antipatía entre ambos ha eliminado todo rasgo de fraternalidad.
Un nuevo paso en ese sentido acaba de darse a horas del cierre de listas para las elecciones provinciales de San Luis del próximo 11 de junio. Es que el senador Adolfo Rodríguez Saá, quien recientemente había confirmado su decisión de ser candidato a gobernador, dio la sorpresa al anunciar que baja su candidatura.
Pero no solo eso: lo hace para unirse con el frente opositor Cambia San Luis, con el fin de tratar de desbancar a su hermano Alberto Rodríguez Saá.
En efecto, el senador Rodríguez Saá se sumará a la coalición integrada por el Pro, la UCR, el GEN y libres del sur, entre otros. Cabeza visible de esa alianza es el diputado nacional Claudio Poggi, quien fuera gobernador puntano durante un período, auspiciado entonces por los dos hermanos Rodríguez Saá.
La norma fue consagrada en la Cámara alta de esa provincia. “Copiamos el modelo de Formosa y Santa Cruz”, protestaron.
La Cámara de Senadores de San Luis aprobó este martes la Ley de Lemas, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y modifica el sistema electoral provincial para las próximas elecciones. El proyecto impulsado por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá contó con 6 votos a favor y 2 en contra, y se aplicará para las elecciones que definan gobernador, vicegobernador, diputados y senadores provinciales e intendentes comisionados e invita a los municipios a adherirse a la normativa.
Deroga a su vez la ley de Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS), que no eran obligatorias en la provincia, por lo que las elecciones serán en una sola jornada.
Previsiblemente, las reacciones adversas no tardaron en llegar y una de las primeras correspondió al precandidato a gobernador y actual diputado nacional Claudio Poggi, quien calificó la sanción de la Ley de Lemas como un “retroceso institucional”, pero advirtió: “Podrán cambiar el sistema electoral; ¡lo que no podrán cambiar es un futuro mejor para los sanluiseños!”
En su cuenta de Twitter, posteó un video en el que señala: “El domingo pasado más de 120 millones de brasileños fueron a votar y a elegir su nuevo presidente. En tan solo tres horas de una elección muy pareja ya estaban los resultados del comicio y el nuevo ganador o nuevo presidente de Brasil. El sistema electoral es el que usan desde hace muchos años: la boleta única electrónica, un sistema muy transparente”.
“El kirchnerismo de San Luis hace pocas horas, encabezado por Rodríguez Saá, también sancionó un nuevo sistema electoral. Ustedes dirán ¿el de Brasil, el moderno de Brasil, eficaz, transparente? No, no. Copiamos el modelo de Formosa y de Santa Cruz. Sin palabras”, remarca el exgobernador puntano.
Poggi recordó que “el año 2023 se va a votar en San Luis bajo la modalidad del sistema de lemas. Lemas, un sistema que no solamente altera las reglas de juego a pocos meses de la elección, sino que también no refleja la voluntad popular, porque puede ser que el más votado no sea finalmente el elegido. Inconsulto con los partidos políticos que forman parte de la democracia sanluiseña”.
“Nos podrán cambiar el sistema electoral, lo que no nos podrán cambiar es el futuro -afirmó-. La Ley de Lemas claramente en San Luis es un manotazo de ahogado de quienes saben que el año próximo es el último año del mandato y finaliza un ciclo que está agotado. Miles y miles de sanluiseños ya tienen claro que es un ciclo agotado, que debe comenzar un nuevo ciclo”, advirtió Poggi.
Por último, el diputado de Avanza San Luis en Juntos por el Cambio aseguró que “en el 2023 vamos a votar por lemas y vamos a ganar las elecciones, y seguramente una de las primeras cosas que vamos a hacer es anular el sistema tramposo de lemas para volver a un sistema único, transparente, llámese boleta única de papel, boleta única electrónica u otro sistema que dé transparencia a la voluntad popular. Con lemas o sin lemas vamos a ganar las elecciones de 2023”, cerró.
A su vez, la senadora de Juntos por el Cambio Gabriela González Riollo se sumó a las críticas, afirmando que “el kirchnerismo puntano consagró la trampa para tratar de mantenerse en el poder cambiando las reglas de juego”, pero advirtió que “pese a las maniobras, no van a poder contra la voluntad de cambio porque somos muchos los que apostamos por una provincia mejor”.
A su vez, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) tuiteó: “El Partido Justicialista y kirchnerismo en San Luis continúa en su plan para robarse las elecciones provinciales de 2023. El Senado provincial dio sanción completa a la Ley de Lemas, violando la regla democrática básica de que gane el candidato que más votos obtenga”.
“La Ley de lemas es un engaño a la voluntad popular; una trampa para robarse las elecciones que rompe la democracia y genera malestar en toda la sociedad”, advirtió por su parte el senador radical Eduardo Costa, representante de Santa Cruz, otra de las provincias que tiene ese sistema.
Así lo expresaron desde la comisión jurídica de la Alianza Unidos por San Luis contra funcionarios del Gobierno provincial quienes “utilizaron la entrega de la tarjeta alimentar para fines políticos”.
Luego de perder en las PASO con un 37, 36 por ciento de votos frente a un 46,92 que obtuvo la Alianza Unidos por San Luis, los funcionarios del Gobierno provincial están en búsqueda de aquellos votos que no obtuvieron en las urnas, lo cual fue denunciado penalmente desde la fórmula ganadora porque “utilizan fondos públicos en política partidaria”.
El abogado Ricardo André Bazla integrante de la Alianza dialogó por la FM 97.9 y afirmó que “apuntarán a quienes comentan los delitos que prevén penas de prisión de hasta 10 años. En el marco jurídico y político esencialmente por lo que es la violación de distintos artículos del Código Penal en la que están incurriendo funcionarios provinciales” y apuntó principalmente a “Guadalupe Arrascaeta, titular de un merendero y candidata por el Frente que dirige Rodríguez Saá, también denunciamos al jefe del Programa de Inclusión Social al señor Arnaldo Soria por la entrega indebido a de las tarjetas alimentar”.
“Están haciendo una utilización política partidaria de un bien del Estado. La tarjeta alimentar surge a partir de una resolución del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, es decir que son dineros del Estado Nacional que se están repartiendo a través de de las provincias y de los Municipios, pero esto ordena esa resolución que la entrega a los beneficiarios sea a través de una entidad bancario. Sin embargo, la están entregando en sedes partidarias haciendo una utilización parcial partidaria a un bien que le corresponde a los argentinos”, denunció el abogado.
Además, remarcó que “es en favor de un solo partido político que es el partido de Gobierno de la provincia de San Luis vinculado al Gobierno Nacional”, y precisó que los delitos cometidos son “el delito especulado que consiste en la utilización de bienes del Estado en beneficio propios o de terceros, el delito de incumplimiento de funcionarios públicos y dos delitos electorales contemplados en el Código Electoral Nacional que tienen que ver con la inducción al voto, es decir presionar a la persona que al entregarle un bien determinado deban votar a ese sector político”.
Por último, Bazla sostuvo que “la denuncia fue radicada en el Juzgado Federal de San Luis y se ha hecho acá porque el hecho probado y comprobado se hizo en Potrero de Los Funes. Estamos atentos a la producción de estos hechos en todo el ámbito provincial”.
La irrupción de Juan Manzur en la nueva etapa del Gobierno marcó el pase a segundo plano del Presidente, que quedó bien expuesto el viernes durante un acto en Pilar. La “desgracia” del oficialismo con sus primeros candidatos.
Por José Angel Di Mauro
2017 fue una gran elección para Cambiemos, que por entonces mantenía su nombre original. Ese es el recambio espejo de las elecciones de este año. Esa vez en las PASO ganó en lugares impensados, como San Luis, donde el aliado del entonces oficialismo Claudio Poggi -ex gobernador puesto por los Rodríguez Saá– se impuso en la elección para senadores por 57,65% a 38,24% sobre el Frente Unidad Justicialista. Una diferencia enorme que fue revertida en las elecciones generales 54,58 a 37,02. Por entonces los hermanos Rodríguez Saá seguían unidos y el Estado provincial puso todo y aun más para torcer la decisión original de los ciudadanos. Hubo mucho dinero derramado en la sociedad y hasta “caza de traidores”.
Este año no se eligen senadores en San Luis, pero Poggi vuelve a ser candidato, ahora a diputado, y ganó las primarias 46,92 a 37,36. Menos diferencia, pero ahora el gobernador Alberto Rodríguez Saá y su hermano Adolfo están separados, e incluso este último compite con lista propia. Después de las PASO “el Adolfo” estuvo en el Senado durante los días más críticos de la crisis oficialista y se lo vio concurrir varias veces al despacho de Cristina Kirchner. No trascendió de qué hablaron, pero todos imaginan que el senador le contó con lujo de detalles cómo hicieron hace 4 años para dar vuelta esa elección. Es el caso testigo en el que los más optimistas del Frente de Todos se basan para mantener viva la ilusión.
No es que imaginen que la proeza es probable. Le alcanzará al oficialismo para proclamarse airoso con dar vuelta solo algunos distritos, aunque en la sumatoria queden relegados. Piensan en Buenos Aires y un par de provincias donde eligen senadores. La Pampa es una y ya lo hicieron precisamente en 2017, cuando terminaron revirtiendo la derrota de las PASO por 76 votos; Chubut es otro objetivo; pero el premio mayor sería Santa Fe, donde la vicepresidenta quiere que el FdT gane los senadores por la mayoría y así pueda renovar María de los Angeles Sacnun, una de sus senadoras preferidas.
Ganar en Buenos Aires sería revertir la decepción que los embargó el 12 de septiembre y que los acompaña hasta el presente. Y los que desde ese día no dejan de estudiar el comportamiento del electorado esa jornada se animan a garantizar que es enteramente posible “darla vuelta” en ese distrito. Porque la diferencia es de apenas 4 puntos y monedas, con un caudal de votantes mucho más escaso que en todas las elecciones precedentes y siendo el votante propio el que mayor ausentismo registró. Comparando entre elecciones legislativas, hay 10 puntos de diferencia entre la concurrencia de estas PASO y las generales de 2017. La relación es 68,29% a 78,88%.
Ojalá fuera todo tan lineal, aclaran oficialistas que mantienen los pies en la tierra. Porque históricamente lo que hoy es Juntos por el Cambio siempre ha sido el que más creció entre las PASO y las generales. Los encuestadores analizan además que la grave crisis político-institucional que se vivió la semana que sucedió a la derrota oficialista dejará secuelas electorales que no hacen prever una mejor cosecha en noviembre; más bien lo contrario.
Es en este contexto donde juega fuerte la estrategia del Gobierno consistente en “ponerle platita en el bolsillo a la gente”, tal la descarnada confesión del candidato Daniel Gollan. En el Gobierno están que trinan contra el exministro de Salud bonaerense. Porque en ausencia de Victoria Tolosa Paz -la primer candidata fue relegada hasta tanto resuelvan qué discurso expondrá al reaparecer-, Gollan se ha transformado en el vocero de los candidatos oficialistas de la Provincia y su sinceridad le ha jugado en contra. Ya el martes había descartado la existencia de un “voto castigo” contra el Gobierno, sintetizando la causa de la derrota en que el adherente oficialista no había ido a votar. “Eso se va a corregir”, remarcó ese día, basándose en la batería de anuncios del Gobierno que representará “un shock”, aseguró. Ya ese día habló de poner “en el bolsillo” de la gente plata para reactivar la economía, y graficó: “Vos sabés que cuando a los peronistas nos tocan la oreja, ponemos toda la carne en el asador, y eso se va a hacer. Entonces estoy muy convencido que vamos a recuperar una muy buena cantidad de votos. Los intendentes están con un piso de 5 puntos con respecto a lo que sacamos en esta última elección”.
Ya lo había adelantado un día antes el propio Máximo Kirchner, al decir que “el sector que no fue a votar está esperando que entendamos la demanda, que los representemos, que no los invisibilicemos”.
Cuando dos días después Gollán desató la polémica al hablar del efecto electoral de la “platita en el bolsillo” de sus votantes, solo fue más descarnado. Igual, lo hicieron callar.
Tiene mala suerte el peronismo con sus primeros candidatos. En 2017, debieron silenciar a Fernanda Vallejos luego de que hiciera una enfática defensa de Amado Boudou. No hubo problema entonces porque la campaña de Unidad Ciudadana la llevaba adelante la candidata a senadora, Cristina Kirchner. Ahora Tolosa Paz debería dar explicaciones sobre la crisis en el FdT y hasta el desaire de CFK hacia ella en la noche de la derrota.
Esta semana el candidato de Juntos Diego Santilli confirmó su disposición a debatir antes de las elecciones, pero la pregunta del millón es si su rival oficialista -que tanto había insistido con eso antes de las PASO- está en condiciones de hacerlo, dadas las circunstancias.
Como sea, los voceros del oficialismo pasaron a ser otros. Aníbal Fernández, porque para eso ha llegado al nuevo gabinete, aunque su imagen resulte controvertida para buena parte del electorado; y sobre todo Juan Manzur, convertido en una suerte de gerente de esta administración. Ese término puede resultar hasta condescendiente, pues otros directamente consideran al gobernador tucumano como una suerte de “interventor” del Gobierno de Alberto Fernández.
El nuevo jefe de Gabinete ha irrumpido en la actual gestión como una suerte de revulsivo, desplegando una hiperactividad notoria, signada por anuncios rimbombantes. Arranca bien temprano y hasta trabaja los sábados: toda una señal respecto de lo que se le cuestiona en el Instituto Patria al Gobierno de Alberto Fernández.
El tucumano arrancó con todo el lunes pasado, cuando en compañía de la devaluada ministra Carla Vizzotti anunció la prescindencia del barbijo en lugares abiertos. Países con más avanzados planes de vacunación dejaron para mucho más adelante ese paso dispuesto por un Manzur que cerró la semana anunciando en el mismo tono que “estamos en la etapa final de la pandemia”.
Lo hizo al encabezar en Pilar la presentación del programa Previaje PAMI, en un acto en el que estuvieron el gobernador Axel Kicillof, los ministros Matías Lammens y Gabriel Katopodis y la titular del PAMI, Luana Volnovich. No hace falta destacar quién no estaba: el presidente Fernández. La única explicación para el pase a un segundo plano por parte del mandatario -citado por el tucumano al celebrar la paternidad anunciada a través de un escueto comunicado oficial el día anterior- puede encontrarse en una certeza que cobra fuerza en este contexto: es piantavotos.
Desplazado Santiago Cafiero, el jefe de campaña es ahora el propio Manzur, y la estrategia hasta el 14 de noviembre pasa estrictamente por los anuncios. A saber: aumento del salario mínimo; suba del piso para aplicar el impuesto a las Ganancias; amnistía fiscal y extensión de la moratoria; bonos para jubilados; continuidad del REPRO; exención de Ganancias para instrumentos financieros; jubilaciones anticipadas (a los 55 años) para desempleados; y nuevo IFE.
Sin mencionar el ya citado reparto de electrodomésticos y bicicletas para recuperar el “voto renuente”.
Así como la marca Frente de Todos es más fuerte que sus candidatos, los anuncios son considerados ahora más valiosos que los discursos. Paralelamente, la marca y los anuncios son aun más efectivos que el propio Presidente, relegado a un segundo plano. Ya lo dijo Julio Bárbaro al día siguiente de la resolución formal de la crisis en la cima del poder: “Tenemos un gabinete más fuerte, y un presidente más débil”.
No le fue mejor a Axel Kicillof, al que también le intervinieron la Provincia. En su caso, a manos de Máximo Kirchner. El estado de ánimo que embarga al mandatario provincial se le percibía en el rostro durante la ceremonia de asunción de los intendentes Martín Insaurralde y Leonardo Nardini, y de Cristina Alvarez Rodríguez. La expresidenta tuvo con el gobernador la generosidad de no dedicarle una carta pública; solo lo hizo viajar a El Calafate en avión de línea el fin de semana para explicarle personalmente su decisión. Y al gobernador no le quedó otra que aceptar lo que desde el inicio se resistía a hacer: darle juego a los intendentes, algo que siempre se había prometido no hacer.
La oposición cuestionaba al ministro por el crecimiento de los delitos en la provincia, y la “falta de respuestas” del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Diputados de San Luis rechazaron el pedido de interpelación al ministro de seguridad Luciano Anastasi, cuestionado por la oposición por el crecimiento de delitos en la provincia.
El pedido había sido presentado por el diputado de San Luis Unido Gastón Hissa, quien denunció la “falta de respuestas” del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, y advirtió que los sanluiseños “han sido víctimas de numerosos hechos de inseguridad, los cuales, en lugar de disminuir”.
El legislador reclamó que Anastasi se presente en el recinto a dar explicaciones del trabajo de ese ministerio: “El Estado debe ser el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social”, fundamentó Hassi en el proyecto.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura provincial, Gustavo Morales, indicó que no acompañaba el pedido de interpelación porque el “Ministerio de Seguridad de la provincia se San Luis ha presentado los medios necesarios para resguardar a la sociedad”, y consideró que el pedido fue “una estrategia política de la oposición”.
Por otra parte, Morales afirmó que la provincia ha invertido 4 mil millones en tecnología, capacitación y Móviles: “Tenemos que seguir confiando en este proyecto, en este gobierno que, generalmente, nos resguarda a todos”, indicó.
El proyecto fue rechazado por 20 votos a 11, estos últimos correspondientes a la oposición.
Por su parte, los precandidatos a diputados nacionales Natalia Chacur (Fuerza San Luis), José Ricarrdo y Hugo Rossi (UCR), Claudio Javier Poggi (Unidos por San Luis) votaron por la mañana.
El gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se acercó al mediodía en la Escuela N°2 Bernardino Rivadavia para votar en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) e invitó a la población a “participar y a votar”. Por su parte, los precandidatos de las ocho agrupaciones que compiten por 3 bancas pasaron por el cuarto oscuro en la mañana.
“Participen y voten que es un día hermoso y que mañana se ratifique un día mejor”, expresó El gobernador y agregó: “Todo normal y tranquilo con mucho cuidado por la pandemia, parece que hay una concurrencia masiva y me hace sentir contento”.
Por otro lado, la precandidata de “Frente Fuerzas San Luis”, Natalia Zabala Chacur emitió su voto pasado el mediodía en la Escuela N.º 2 Bernardino Rivadavia, donde dicho espacio es considerado la principal fuerza opositora provincial.
Además, el actual diputado nacional José Luis Ricarrdo, que busca su reelección por la lista Hacemos Juntos de la UCR, tras su votación aseguró que “muchos se van a llevar una sorpresa con un partido como el radical que en San Luis está en pleno proceso de recuperación de su identidad”. A su vez, el otro postulante radical por Cambia San Luis Hugo Rossi sufragó alrededor de las 10:30 horas en la escuela Antonio Berni de la ciudad de Villa Mercedes y enfatizó que está “plenamente conforme con la campaña que realizó y tiene expectativas de buenos resultados y grandes cambios”.
“Votemos por nuestras ilusiones, por nuestras desazones, por nuestros sueños, pero no dejemos de venir a votar y aprovechar que la democracia nos da la posibilidad de la participación ciudadana que permite incidir en el futuro de nuestros hijos”, llamó el senador nacional y exgobernador Claudio Javier Poggi quien encabeza de lista del Frente Unidos por San Luis, tras votar en la Escuela Normal Mixta “Juan P. Pringles”.
A la mañana también votaron las dos precandidatas del Frente de Izquierda y de Trabajadores, Johana Gómez y Ornella Dezzutto; y los postulantes que encabezan las listas de Todos Unidos Alfonso Vergés; Italo Gallardo del MAS (Movimiento al Socialismo); Eduardo Borkowsky del GEN y el actual diputado provincial Joaquín Mansilla de Libres del Sur.
Los comicios que se llevan a cabo en 250 escuelas y 257 locales habilitados, presentaron denuncias por demoras en la constitución de las mesas en el horario establecido de las 8 de la mañana. Por consiguiente, la secretaria electoral nacional, Sonia Randazzo, reconoció que las elecciones comenzaron con “más de 20 minutos de demora en muchas mesas en distintos lugares de la provincia por la falta de presentación de las autoridades designadas”. No obstante, remarcó que “la votación se está desarrollando sin inconvenientes”.
Representantes de San Luis, Mendoza y Córdoba emitieron un comunicado donde advirtieron que “los gobiernos provinciales deben respetar el derecho constitucional a la libre circulación”.
Diputados de Juntos por el Cambio por las provincias de San Luis, Mendoza y Córdoba criticaron este jueves, a través de un comunicado, las restricciones a la circulación impuestas por el gobierno de San Luis, en manos de Alberto Rodríguez Saá, en el marco de la pandemia del Covid-19.
La declaración fue emitida en momentos donde productores y transportistas autoconvocados llevan adelante cortes de rutas nacionales y provinciales en los puestos limítrofes de San Luis.
El texto fue firmado por Alejandro Cacace (San Luis), Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Omar De Marchi, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide (Mendoza), Mario Negri, Brenda Austin, Diego Mestre, Víctor Hugo Romero y Soledad Carrizo (Córdoba).
“Las restricciones a la circulación de personas y bienes con motivo de las medidas de aislamiento están llevando directamente a bloqueos de la actividad económica y productiva, además del cercenamiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos”, advirtieron los legisladores.
Señalaron que “el gobierno de la provincia de San Luis ha establecido un régimen de aislamiento más estricto que el dispuesto por el Gobierno nacional en el DNU 297/2020 y sus prórrogas y modificatorias, donde los trabajadores y productores agropecuarios son considerados personal esencial y por lo tanto deberían poder circular y cumplir con sus labores aún en el contexto de las medidas sanitarias”.
“Habiendo circulación comunitaria del virus en todo el país, el mismo ministro de Salud de la Nación ha hecho declaraciones señalando que las medidas de restricción interprovincial no sirven y se tornan inútiles como herramienta de control sanitario”, aseguraron los diputados.
Además, indicaron que “varios casos han llegado a la Corte Suprema de Justicia, habiéndose resuelto medidas cautelares favorablemente para ciudadanos respecto de la circulación interprovincial”, mientras que ahora el máximo tribunal “debe resolver sobre los reclamos de los productores y de otros ciudadanos que se han visto impedido regresar a sus hogares o ver a sus familiares”.
Por todo esto, los diputados instaron al Gobierno nacional a “hacer respetar el cumplimiento de la Constitución Nacional y hacer cesar a los gobiernos provinciales con las medidas de restricción a la libertad de circulación”.
“Las medidas que restringen la circulación por el territorio nacional no contempladas dentro de la normativa nacional vulneran derechos constitucionales, y la Constitución es superior a cualquier disposición de orden provincial”, finalizaron.
Con el recuerdo fresco de lo que pasó con Solange Mugge esta última semana, Claudio Poggi pide a las autoridades de su provincia autorizar a una joven a ingresar a San Luis.
Una joven residente en Tierra del Fuego está en camino a San Luis para ver a su padre, quien está en grave estado internado en esa provincia, con cáncer de pulmón muy avanzado. El problema es que las autoridades de esa provincia le han negado ya varias veces la entrada a esa provincia por las restricciones que impone el ASPO en general y en esa provincia en particular.
La joven se llama Victoria Garay, quien contó que llenó diez formularios pidiendo sin éxito que la autoricen a ingresar a esa provincia.
El hecho hace recordar el caso de Solange Musse, quien no pudo ver a su padre Pablo antes de morir, porque en un control policial no dejaron pasar al hombre.
A raíz de ello, el senador de Juntos por el Cambio Claudio Poggi solicitó al Comité de Crisis de San Luis que, con todos los recaudos sanitarios necesarios, “otorgue el permiso de ingreso a la hija que vive en Tierra del Fuego y necesita ver a su padre que vive en San Luis y que es paciente oncólogico y está grave. Ya le rechazaron 10 pedidos”.
En el mismo sentido se pronunció también a través de Twitter el diputado nacional radical Alejandro Cacace, quien se dirigió al gobernador Alberto Rodríguez Saá para solicitarle que “autorice, con el adecuado testeo, el ingreso de Victoria Garay a San Luis para ver a su padre que es paciente oncológico y está grave. Su gobierno se lo ha impedido reiteradamente. Es una cuestión humanitaria”.
Referentes radicales de San Luis le enviaron una carta abierta al gobernador por impedir el regreso de ciudadanos a sus hogares.
Diputados nacionales y referentes de la Unión Cívica Radical de la provincia de San Luis, le enviaron una carta abierta al gobernador Alberto Rodríguez Saá, solicitando que cumpla con la resolución del Gobierno nacional, que permite a los ciudadanos regresar a sus hogares para el cumplimiento del aislamiento preventivo, social y obligatorio, en el marco de la pandemia por el Covid-19.
“El Gobierno de la provincia de San Luis, fundando su accionar en impedir la propagación del coronavirus, emitió un comunicado anunciando que hará caso omiso a la normativa de orden nacional” denunciaron los referentes de la oposición.
“Esto se debe a que en San Luis se ha establecido un régimen de aislamiento más estricto que el dispuesto por el Gobierno nacional y se ha restringido el ingreso y egreso a la provincia, vulnerando derechos constitucionales” afirmaron.
Por este motivo, le exigieron al gobernador que “revea su decisión y permita el regreso de nuestros ciudadanos en el marco de la normativa nacional”.
También, destacaron que “teniendo en cuenta los márgenes de tiempo de la resolución nacional que habilita el viaje y regreso de estas personas, el gobierno provincial sigue exigiendo una autorización que por sus tiempos administrativos tornaría imposible para nuestros ciudadanos regresar”.
“Sin intención de poner en tela de juicio la importancia del aislamiento social, preventivo y obligatorio como estrategia sanitaria, cabe recordar que esta medida, dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, fue intempestiva y encontró a muchas personas varadas dentro de nuestro país lejos de sus residencias habituales” concluye la misiva difundida en horas de la noche.
La carta fue firmada por los diputados nacionales, Alejandro Cacace y José Riccardo; Hugo Rossi y Miguel Postiguillo, presidente y vicepresidente de la Unión Cívica Radical respectivamente; y Walter Ceballos, delegado del Comité Nacional.
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