Antes de resolver el tema de la designación de un legislador como consejero de la Magistratura en Diputados, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, se reunió con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez para consultarlo sobre los bemoles constitucionales del tema.

Entrevistado en Todo Noticias, el especialista confirmó la reunión con Massa para analizar “un eventual conflicto que podía escalar”. Contó que le planteó distintas alternativas, precisamente “para que esto no escalara en un conflicto”.

Para el constitucionalista, la Corte Suprema falló “de forma correcta”, y remarcó que él siempre sostuvo que el proyecto vigente “era inconstitucional”.

“Hace muchos años que lo vengo diciendo. El fallo está bien, pero rompió con la lógica de sus antecedentes”, se explayó Gil Domínguez, que recordó que en otros casos, como la causa “Riachuelo” o “jubilados”, la Corte dictaba un plazo razonable para que el Congreso se expidiera y sino volvía a intervenir. “Haber otorgado un plazo de 120 días, con efectos concretos de la reposición de la ley, había generado problemas de naturaleza política”, reconoció el constitucionalista.

Destacó que ahora el fallo se ha cumplido formalmente, “no hay un desconocimiento del fallo”, dijo, rechazando muchas de las críticas expresadas durante los últimos días, por ejemplo la que habla de “golpe institucional”. “No existen los golpes institucionales -aclaró-. Es un oximorón, la institucionalidad nunca genera un golpe”.

Gil Domínguez explicó en el programa Una vuelta más que “la Corte estaba ejerciendo sus funciones, podemos discutirlas, si está bien o no, los años que se tomó para dictar sentencia”, pero en líneas generales insistió en que el fallo es correcto.

Y ante la consulta de la maniobra realizada por el oficialismo, Gil Domínguez señaló que “Cristina no fue original, copió la estrategia de Juntos por el Cambio de 2015, cuando ni siquiera dividieron el bloque”. Reconoció que la jugada que entonces le permitió a Cambiemos quedarse con un consejero a expensas del Frente para la Victoria le pareció mal entonces, lo mismo que le parece mal ahora. Pero aclaró que “se puede hacer legalmente; en 2015 fue impugnada y la justicia lo desechó”. Y además acotó que en 2018 pasó algo parecido.

¿La Corte puede modificar esto?, le preguntaron, a lo que Gil Domínguez respondió que “en la medida que (Horacio) Rosatti le tome juramento a (Martín) Doñate, que es el consejero del conflicto, ya la cuestión se vuelve abstracta”.

En medio de la polémica por el Consejo de la Magistratura, cuya presidencia pasará a partir de este lunes a manos del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el oficialismo en la Cámara de Diputados buscará constituir una comisión clave.

No se trata de la de Asuntos Constitucionales o la de Justicia, que deberían tratar el proyecto con media sanción del Senado sobre la conformación del Consejo, sino de la de Peticiones, Poderes y Reglamento, a partir del conflicto que el Frente de Todos entiende se despertó entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Con la intención de poner en marcha esta comisión, el presidente de Diputados, Sergio Massa, convocaría a un encuentro a los jefes de bloques. Hasta el mediodía de este lunes, desde la principal bancada opositora (Juntos por el Cambio) aseguraron a parlamentario.com que no había habido contactos por el tema.

Por su parte, Massa se reunirá con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, integrante del consejo de asesores del Poder Ejecutivo en temas judiciales, y quien en una nota de opinión publicada en el portal Infobae sostuvo que “el camino es muy sencillo: el presidente de la Cámara de Diputados, por ser el ámbito que todavía no debatió el proyecto, debería pedirle al juez de primera instancia donde está radicado el expediente una ampliación razonable del plazo originalmente otorgado para que el Congreso sancione una nueva ley”.

El abogado y doctor en Derecho Andrés Gil Domínguez reflexionó sobre el proyecto de ley de delegación de facultades especiales al presidente Alberto Fernández para administrar la pandemia del coronavirus en base a determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios que el Ejecutivo envió al Senado este lunes. El experto aseguró que la iniciativa “no otorga al presidente ninguna clase de ‘superpoderes'”.

“El proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo no otorga al presidente ninguna clase de ‘superpoderes’ ni viola el art. 29 de la Constitución argentina“, publicó Domínguez en su cuenta de Twitter. Se refiere al artículo que prohíbe la concesión al Ejecutivo nacional de facultades extraordinarias o la suma del poder público.

A modo de ejemplo, el abogado apeló a las bases y el mecanismo de delegación del proyecto de las leyes 25.344 (2000-De la Rúa) y 25.561 (2002-Duhalde). Ambas, leyes de emergencia. Por un lado, la Ley de Emergencia Económica y Financiera y, por el otro, la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario.

“El mecanismo de delegación previsto solo habilita al presidente a tomar en situaciones de alto riesgo o de alarma medidas restrictivas adicionales a las previstas por la ley, siempre y cuando, cumpla con ciertos requisitos”, argumentó Domínguez.

El doctor en Derecho explicó esos requisitos: “El primero es que debe realizar una consulta previa con el Jefe de Gobierno y los gobernadores según corresponda. El segundo es que la medida sea proporcionada. El tercero es que intervenga la autoridad sanitaria nacional fundamentando la razonabilidad de la medida. El cuarto es que la medida dure solo 21 días corridos“.

Agregó que “también se faculta al presidente a morigerar las restricciones legales en atención a la evolución del riesgo epidemiológico y sanitario en situaciones de alto riesgo o de alarma”.

Para el constitucionalista, “el proyecto cumple con las exigencias argumentales establecidas recientemente por la CSJN en el caso “GCBA” en términos de respecto por la autonomía, concertación federal concurrente, proporcionalidad y premisas científicas”.

El debate de la reforma judicial en el Senado produjo este martes un intercambio entre el senador oficialista Oscar Parrilli y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, integrante del consejo consultivo que asesorará al Gobierno nacional.

Fue cuando Gil Domínguez se refirió a las “reglas de actuación” que deberían seguir los jueces según el artículo 70 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Si bien el letrado destacó que estas reglas son una “garantía de independencia del Poder Judicial”, cuestionó que los magistrados deban “denunciar a los poderes mediáticos” si sufren presiones.

En efecto, una de las reglas propuestas consiste en “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

También se ordena “evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones”, y se establece que los jueces “en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias”.

Según Gil Domínguez, esta disposición es contraria a tratados internacionales, puntualmente la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 habla de la libertad de pensamiento y expresión.

Ante esta opinión, Parrilli pidió la palabra y le preguntó al abogado “si cree que no existe en Argentina -más allá de la libertad de prensa, que todos defendemos- el derecho a la verdad, a que no mientan, que no manipulen, que no tergiversen ni difamen”.

El senador insistió en preguntarle a Gil Domínguez “si cree que no ha existido en la Argentina presión mediática sobre los funcionarios”, y, sin dar el nombre, habló de “un periodista muy reconocido que instaba a la ciudadanía a desprestigiar, abuchear, denostar, agraviar e insultar a determinados jueces porque no tomaban un fallo”.

“Lo que pienso es que la respuesta está en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, insistió Gil Domínguez, y agregó que allí se contempla “la garantía de libertad de expresión, de pensamiento y de acceso a la información, y una vez que ésta se emite, puede generar responsabilidades civiles y penales ulteriores que las llevarán adelante aquellos que se vean afectados”.

Parrilli contestó que por estos hechos “no puede haber ninguna sanción penal” y recordó en ese sentido la reforma en los delitos de calumnias e injurias aprobada durante el kirchnerismo. “¿Puedo entender que él avala que se realicen estas acciones o está en contra?”, volvió a interrogar.

El especialista repitió entonces que “en la medida que la libertad de expresión genere algún tipo de afectación de otro derecho, que es el honor de las personas, existe el mecanismo de las responsabilidades civiles ulteriores”.

“Lo que hay que evitar es toda forma de censura previa, directa o indirecta”, completó Gil Domínguez, tras lo cual Parrilli lo despidió irónico: “Queda claro que lo defiende. Está bien, gracias”.

La que será la tercera reunión organizada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para analizar el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en CABA y en las provincias será este martes a partir de las 14. Para este nuevo encuentro ha sido convocada la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Según pudo saber parlamentario.com, la funcionaria expondrá sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en el marco de la reforma judicial en marcha.

También están convocados para este martes la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) Carlos Rívolo, quien es también fiscal federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Asistirá también el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien integra el consejo asesor convocado por el presidente de la Nación para elaborar sugerencias para implementar para mejorar el sistema de Justicia.

También participará de esta nueva audiencia el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo, titular del espacio Gente de Derecho; y la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez.

El listado de convocados incluye a las fiscales Gabriela Baigún y Mónica Cuñarro; al presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón, y al integrante del Colegio de Abogados de CABA y exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi. Este último había sido convocado, junto con Raúl Zaffaroni, para la reunión  del jueves pasado, pero ambos fueron reprogramados por razones laborales. En el caso del exintegrante de la Corte Suprema, todavía no se informó sobre cuando asistirá al Senado.

Uno de los pocos miembros del Consejo Consultivo que asesorará al presidente Alberto Fernández en las modificaciones a implementar en el sistema judicial no vinculado al peronismo gobernante, Andrés Gil Domínguez, se manifestó esta semana a favor de una Corte Suprema de 9 miembros. Pero este miércoles, día elegido para la presentación formal de ese grupo de juristas que él integra, cuestionó puntualmente la postura de la oposición de restar apoyo a estas reformas del sistema judicial.

Para Gil Domínguez, “resolver la cuestión de los Tribunales de Comodoro Py” y la relación puntual de esos jueces y los servicios de inteligencia representa hoy “una deuda de la democracia”. Por eso, en declaraciones radiales sobre la actitud de la oposición, sugirió que la misma podría abonar el deseo de “seguir con Comodoro Py como está o que quiera seguir con la relación entre Comodoro Py y el sector de inteligencia”.

Gil Domínguez sostuvo que “la oposición lo que decide hacer es oponerse antes de conocer”.

El constitucionalista dijo que le parece “muy bien” que “la oposición diga lo que quiera decir y haga las lecturas que quiera hacer. Entiendo una descalificación política a priori, pero no dar el debate es de alguna manera inhibir lo que es el diálogo y es seguir profundizando la grieta”.

Por otra parte, aseguró que “en el proyecto de ley la comisión no tiene ningún tipo de injerencia; su función es consultiva, no tiene facultades para definir absolutamente nada”.

“Hay que distinguir entre la reforma judicial que el Presidente elevará ahora al Congreso, en la que la comisión no tuvo inyección, y el trabajo que hará en adelante la comisión”, señaló en otro pasaje.

Gil Domínguez señaló además que podría ser “un buen comienzo” que nadie cuestione las capacidades de los miembros de la comisión, sino “esperar que la comisión funcione y que cada uno emita una opinión”. Agregó: “Si el presidente después decide elevarlo al Congreso, los integrantes del mismo tendrán las opiniones mayoritarias y minoritarias sobre cómo funciona la Justicia”. En ese marco criticó que “la oposición lo que decide hacer es oponerse antes de conocer”.

Consultado respecto de los cuestionamientos dirigidos a la presencia del abogado Carlos Beraldi por su condición de abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gil Domínguez señaló que él “es uno de once, y también fue designada Inés Weinberg de Roca, que podemos decir que ha tenido cierta afinidad con Juntos por el Cambio”.

“Es una comisión con paridad de género, diversidad de opinión sobre los temas, venimos de distintas especialidades y cada uno ocupa un rol distinto en la administración de justicia”, agregó.

Al ser consultado sobre la cantidad de miembros que deben integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que ese tribunal “puede funcionar con tres, cinco o nueve miembros”. Para él, “con cinco o nueve miembros hay que cambiar un montón de cosas para que la Corte funcione mejor”. Así las cosas, estimó que “no hay un número mágico”, pero consideró que “nueve es un buen número, da más circulación, más necesidad de consensos”.